
La inflación, el desbloqueo de la negociación colectiva, la subida del SMI y los problemas de falta de mano de obra parecen haberse combinado para construir un escenario inédito de incrementos salariales en 2023, que según los datos más recientes de la Seguridad Social supera el 6%, batiendo al IPC general y subyacente. Pero lo que a priori podría considerarse una buena noticia también para la sostenibilidad de las pensiones no lo es tanto cuando descubrimos que el mismo periodo, las nóminas de los pensionistas que fueron asalariados suben un 9%.
La Estadística de Bases de Cotización al Régimen General son el indicador más actualizado para analizar la evolución de las retribuciones de la gran mayoría de los trabajadores por cuenta ajena en nuestro país. Miden la remuneración total salarios (ya sean monetarios o en 'especia') sobre la que se aplica el porcentaje de cotización por contingencias comunes, con lo cual también resultan un dato adicional para hacernos una idea de la sostenibilidad de las pensiones.
Los datos, actualizados por última vez a finales de octubre, solo llegan hasta junio, pero muestran una tendencia similar a las de otros indicadores como los de la Agencia Tributaria, que revelan un fuerte repunte de las nóminas en lo que va de año. Con una salvedad: el repunte de las bases de cotización no solo bate a la inflación general de ese mes, que se situaba en el 1,9% (frente al 3,5% de octubre), sino a la subyacente, que en junio alcanzaba los 5,9%, siete décimas más que hoy.
Los datos no incluyen el régimen de los autónomos ni los sistemas especiales de trabajadores agrarios o empleadas del hogar, con lo que se limita a 16,5 millones de cotizantes, lo que equivales a un 82% del total de afiliaciones. Eso sí, son el régimen con mayores salarios (aunque esto fluctúa en función de la rama de actividad) y, por lo tanto, con mejores pensiones.
En junio, la pensión media del Régimen General subía a un ritmo del 9,3% en 2023, hasta los 1.307,10. La que más sube es la de favor familiar, un 10,11%, hasta los 733,65 euros de media. Pero las más elevadas son las de jubilación, que alcanzaban los 1.532,65 euros, un 9,08% en términos interanuales. Y tres puntos más de lo que subían las retribuciones en el mismo periodo. Con ello, el importe medio de las pensiones de jubilación del Régimen General ha pasado de suponer el 68% de las bases de cotización de los trabajadores en activo en enero de 2018 al 73% en junio de 2023.
Una pérdida desigual de poder adquisitivo
La subida real de las pensiones es superior a la incluida en los Presupuestos. Esto se debe a que, además del impacto de las decisiones políticas, también se jubilan trabajadores con salarios más altos. Desde 2018, en el que se 'suspendió' la aplicación del IRP (que planteaba que mientras el sistema tuviera déficit las pensiones solo subirían un 0,25%) hasta su derogación definitiva con la reforma impulsada por José Luis Escrivá, las pensiones han fluctuado de manera irregular, aunque tampoco se puede decir que se alineen con el IPC.
Entre 2008 y 2020 se acompasaron a las bases de cotización y se mantuvieron por encima del IPC. Con el estallido de la pandemia, se da una caída de la inflación, lo que implica que las pensiones siguen ganando poder adquisitivo pese a subidas menores. Pero quedaron por debajo de las bases de cotización. La explicación es que el crecimiento de las retribuciones se ve distorsionado por el efecto de los ERTEs y otras ayudas públicas para el mantenimiento del empleo.
Este efecto se invierte a partir de 2021, cuando los ERTEs pierden peso. Las bases de cotización llegan a registrar incluso una caída puntual del 0,35% en marzo. Pero mientras tanto, la inflación empieza a repuntar, primero para compensar la caída de precios durante lo peor de la pandemia, luego por la falta de materias primas para satisfacer una demanda de actividad que también se ha recuperado con fuerza.
El Gobierno prepara mayores subidas de las pensiones, que, aun así, se ven sorprendidas por el fuerte reputen de los precios que alcanzan su pico tras la invasión rusa a Ucrania. Aquí conviene tener en cuenta que aunque los pensionistas pierden poder adquisitivo en relación con la inflación general, la brecha entre lo que suben sus nóminas y la inflación subyacente, que se considera la que más influye en los hogares (y la más problemática en estos momentos), apenas dura unos meses.
Los salarios, por su parte, repuntaron con más lentitud, ya que responden a la marcha real del mercado laboral y la negociación colectiva y no funcionan a golpe de Presupuestos Generales del Estado, como las pensiones. De hecho, las bases de cotización tardaron casi año y medio en recuperarse lo suficiente para poder batir, siquiera por una décima, a la subyacente.
El mayor problema es que, mientras tanto, las cotizaciones a la Seguridad Social también se han incrementado, para hacer frente a la subida de las pensiones y financiar medidas incluidas en la reforma de Escrivá, como el Mecanismo de Equidad Intergeneracional. Lo cual supone un problema no solo para los empleadores, sino para los trabajadores.
La mayoría de los analistas aceptan que la subida de los sueldos responde al sobrecalentamiento del mercado laboral, es decir, a la falta de mano de obra en varios sectores, desde la hostelería al tecnológico, que ha reforzado la capacidad de negociación de los trabajadores.
Pero los datos de Seguridad Social muestran que ese incremento de las bases de cotización no redunda en el salario neto de los trabajadores, sino que se destina apagar estas cotizaciones de más. Un lastre que explicaría por qué los trabajadores no perciben una mejora de su poder de compra pese al repunte de sus retribuciones.
Dicho de otra forma: la Seguridad Social está absorbiendo buena parte de la mejora media de los sueldos de todos los asalariados, pese a que el Gobierno insiste en que este impacto se concentra en los trabajadores de mayores sueldos.
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