Economía

Las gestoras prevén que las aportaciones al fondo público de pensiones se atrasen a 2024

  • Formalizan el documento que permitirá crear los fondos e integrar los planes
  • El próximo paso será la creación del organismo de supervisión del producto
El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones en funciones, José Luis Escrivá. EP
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El fondo público de pensiones, la nueva herramienta de ahorro colectivo de promoción pública y gestión privada, ultima su desarrollo. La clave de la fase final es el desarrollo de la plataforma digital común, que es el sistema informativo para los ahorradores, y la creación de los propios fondos. Tal y como confirma la Seguridad Social y varias entidades bancarias que gestionarán el patrimonio del nuevo producto, ya se han formalizado las escrituras de constitución de los fondos de pensiones de empleo de promoción pública, paso clave antes de integrar los planes y comercializar los productos. Sin embargo, las entidades frenan el optimismo y no esperan ahorrar hasta finales de 2023 o comienzos de 2024.

La formalización de las escrituras es uno de los últimos trámites para la constitución o creación de los fondos y consiste en ir al notario para elevar a escritura pública los documentos de constitución del fondo. Ahora, desde el Registro Mercantil deben de facilitar dichas escrituras a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones por vía telemática para que den la autorización administrativa definitiva.

Una vez que esté la autorización, se facilitará a las gestoras el código DGS (que permite identificar a cada plan) para que se puedan integrar planes a partir de ese momento. Fuentes de la Seguridad Social explican que este registro también se hará próximamente. Este paso es ineludible para integrar los planes. El siguiente paso será la creación del organismo supervisor de los fondos o decisiones en política de inversión.

"Cuando se otorga la escritura del fondo, el fondo nace y, una vez nacido, los planes pueden solicitar su integración", apunta el abogado de Mercer y miembro de Ocopen, Antonio Méndez Baiges. Por tanto, un paso que acelera el proceso burocrático antes de comenzar a ahorrar.

Pese a que el ahorro en el nuevo macrofondo público que ha liderado José Luis Escrivá, ministro en funciones de la Seguridad Social, se divisa más cerca, fuentes del sector aplacan ese optimismo. Se atienden al plazo marcado con la publicación del Reglamento de planes y fondos de pensiones en julio, cuando el Gobierno se comprometió a tener lista la plataforma digital común en seis meses. Por tanto, algunas entidades no esperan comercializar los planes hasta finales de año o inicios del próximo 2024.

El próximo paso, según explican desde el sector, es la creación de la Comisión de Control Especial, que es el organismo integrado por trece miembros encargados de supervisar todos los fondos de pensiones de promoción pública abiertos. "Será la Comisión Promotora y de Seguimiento quien nombrará a los miembros de la Comisión de Control Especial tras haber verificado que los candidatos propuestos (por parte de las organizaciones sindicales y empresariales más representativas, y por el Ministerio de Seguridad Social) cumplen con los requisitos exigidos", explica BBVA Mi Jubilación.

Mientras tanto, continua el desarrollo y periodo de pruebas de la plataforma digital común que nacerá "bajo mínimos", según reconocía Caser, una de las gestoras, hace unas semanas. En el grupo de trabajo están representantes de las entidades gestoras del fondo, VidaCaixa, BBVA, Santander, Caser e Ibercaja. Las gestoras trabajan de forma conjunta con la Administración para desarrollar los procesos de esta plataforma digital común, que alojará toda la información necesaria para los partícipes, gestoras y para la propia Comisión de Seguimiento.

Patrimonio y comisiones

Una vez desarrollado el fondo público, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones quiere acumular un ahorro de 4.000 millones de euros en un lustro, y cada gestora deberá captar al menos 500 millones en tres años. Es decir, para 2026 el Gobierno exigirá a las entidades bancarias y aseguradoras que componen el fondo captar 2.500 millones de euros.

El nuevo producto impulsado por Escrivá se apoya en un coste para el partícipe más contenido que el de los planes individuales: la comisión media de gestión será del 0,2%.

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