Pedro Sánchez pretende celebrar su debate de investidura durante la semana del 6 de noviembre para evitar dilatar demasiado las mesas de negociación que mantiene abiertas con varios grupos parlamentarios en el Congreso de los Diputados. No será una tarea sencilla. El presidente en funciones tiene muchos cabos que atar antes de la fecha elegida. No cuenta todavía con un acuerdo de gobierno con Sumar, su principal socio.
Los de Yolanda Díaz presentaron ayer un dictamen jurídico para buscar el encaje constitucional de la amnistía a los condenados por el 'procés', que no cuenta con el aval del PSOE. Tampoco varias de las medidas que la formación quiere introducir en la hoja de ruta de un futuro Ejecutivo, como la reducción de la jornada laboral o el control de los precios del alquiler. "Todo el mundo es consciente de que hay cosas que nos separan en cuestiones claves de la agenda social y que nosotros queremos desbloquear", dijo el pasado lunes Ernest Urtasun, portavoz de Sumar.
Además, los retos se acumulan para el equipo de Sánchez que debe trabajar a contrarreloj si quiere cumplir con la fecha prevista. Debe terminar de cerrar el apoyo del PNV, con quien busca un pacto más allá de la legislatura que de cierta estabilidad parlamentaria. Los de Aitor Esteban desvelaron el pasado martes que exigirán retoques a la Ley de Vivienda al considerar que vulnera las competencias vascas.
Sin embargo, el gran obstáculo lo presenta el diálogo con ERC y Junts. Los partidos independentistas catalanes trazaron la línea roja en una amnistía que no solo debe estar bien armada desde el vértice jurídico, sino también desde el político. Ferraz no quiere filtraciones en torno a las conversaciones con las formaciones catalanas, especialmente con la liderada por Carles Puigdemont, con cuya portavoz parlamentaria -Miriam Nogeras- se reunirá el próximo viernes en el Congreso de los Diputados.
Desde el partido socialista esperan poder comenzar a anunciar capítulos de los acuerdos que están ultimando la próxima semana. La presidenta del Congreso, Francina Armengol, podría anunciar en breve la fecha de celebración del debate, que el líder del principal partido de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, no ha dejado de exigir durante los últimos días.
La ley electoral exige a Sánchez mover ficha antes del 28 de noviembre, fecha tope ante de que se reactive de nuevo -de manera automática- la maquinaria de la repetición electoral.