Valencia
Las negociaciones para que Pedro Sánchez logre el apoyo a su investidura como presidente de los partidos independentistas Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) y Juntos per Cat han despertado todas las alarmas en Valencia. Además de la polémica amnistía a sus líderes, desde algunos ámbitos valencianos se considera que entre las concesiones que podrían reclamar los partidos catalanes se encuentra el bloqueo de la nueva terminal del Puerto de Valencia.
Aunque el secretismo sobre las negociaciones entre socialistas, Sumar y las fuerzas independentistas hasta ahora ha hecho que se desconozcan los puntos sobre los que se están hablando, el "run run" en la capital del Turia ha ido en aumento después de que varios empresarios hayan mostrado públicamente sus temores. A ellos se sumó ayer la propia patronal autonómica CEV, que pidió que no se utilizará una infraestructura clave para la Comunidad Valenciana y España como moneda de cambio.
En esa línea se han manifestado hoy públicamente tanto la Generalitat Valenciana como el Ayuntamiento de la capital, en manos del Partido Popular. "No vamos a permitir que el Puerto sea una moneda de cambio en las negociaciones para la investidura de Pedro Sánchez", aseguró esta mañana la portavoz del Consell, Ruth Merino, al ser preguntada sobre esta posibilidad.
Aunque la también consellera de Hacienda reconoció que "no tenemos noticias fehacientes, pero podría ser" y que tiene "la sospecha por lo que ha salido en los medios". Según Merino, "nos consta que este tipo de temas son moneda de cambio, de intercambio, para favorecer a unos territorios concediéndoles unos privilegios a cambio de que otros salgan perjudicados".
El propio presidente Carlos Mazón aseguró que si se confirma que en "la agenda oculta" de las negociaciones del presidente en funciones, Pedro Sánchez, con ERC y Junts para su investidura está "estrangular" la ampliación del Puerto de Valencia "lo de 'Valencians en peu alcem-se' (texto que forma parte de la letra del himno regional) se quedará corto para lo que vamos a poner en marcha".
Mazón reconoció que desconoce si esta condición forma parte de las negociaciones de Sánchez, "esto sería ya el acabose". Más allá de esa posibilidad, lo que sí tiene "constancia" es de "un ninguneo permanente y de un estrangulamiento permanente a la ampliación del Puerto de Valencia", un trabajo que considera que es "necesario, urgente y absolutamente irrenunciable para nuestro crecimiento y para la propia Comunidad Valenciana".
Sumar como bisagra
Uno de los motivos que ha encendido a las Administraciones y los empresarios valencianos es es hecho de que sea Sumar quien lleva las negociaciones con las dos formaciones catalanas. Precisamente Podemos junto a Compromís han sido los principales obstáculos a que ya se haya aprobado la creación de la nueva terminal, a la que se presentó MSC y cuya inversión público-privada supera los 1.500 millones de euros.
La propia Yolanda Díaz dejó claro en la pasada campaña electoral su postura contraria, que había bloqueado en el Consejo de Ministros la aprobación de la licitación de las primeras obras, después de que Puertos del Estado rechazase las pegas administrativas. Por eso desde Valencia se teme que le unión de los intereses de Sumar y ERC y Junts suponga una presión demasiado elevada para Sánchez y los socialistas en el cambio de cromos para llegar a La Moncloa. En ese sentido, Merino apuntó "que el Puerto de Valencia siempre ha estado en el punto de mira".
La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, también respondió vehementemente en redes sociales ante la posibilidad que los planes para el futuro del puerto valenciano sean una víctima colateral de un pacto entre Sánchez y las formaciones catalanas.
"Sánchez no puede vender Valencia para mantenerse en la Moncloa", publicó Catalá, que además asegura que "no toleraremos que las minorías independistas boicoteen la ampliación del Puerto de Valencia, un proyecto que creará riqueza y empleo".
La alcaldesa exigió el desbloqueo de esta infraestructura estratégica para la Comunidad Valenciana, una postura completamente contraria a la que mantenía su predecesor, Joan Ribó, de Compromís, que mantenía un pulso con los socialistas por este tema.
Ante la escalada de reacciones, también la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, intentó apaciguar los ánimos. Bernabé defendió que la posición del Gobierno de España sobre el Puerto de Valencia "siempre será la misma", y es que el desarrollo de esta infraestructura es "irrenunciable", a la vez que debe ser "efectivo" y "cumpliendo con los objetivos medioambientales". La representante del Ejecutivo estatal pidió "no enredar" sobre esta cuestión.
