Bruselas
El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, sorprendió esta semana al abogar abiertamente, en su discurso de investidura, por una prolongación de las medidas antiinflación en España, aun cuando la tensión provocada por la guerra de Ucrania bajó de intensidad. La posición de Feijóo, sin embargo, es generalizada en Europa, tanto en políticos de izquierda como de derecha. Y pese a que las medidas estaban llamadas a ser extintas a final de año, ningún Gobierno se aviene a poner plazos de retirada definitiva de sus escudos sociales.
Los Estados miembro pusieron en marcha acciones a nivel nacional con las que suavizar el alza de precios. Pero ya se cuentan varios meses desde que Bruselas emplaza a los países a retirarlas. Lo hizo ya en sus previsiones de primavera. Pasados los peores temores de un invierno con altos niveles de precios de la energía, la Comisión Europea incidió en la necesidad de que el apoyo de los Gobiernos no debía ser amplio. En su lugar debía dejar paso a medidas más "específicas" y "localizadas" en los hogares y empresas más vulnerables.
El tono se ha ido endureciendo. Aunque el mandato del Ejecutivo comunitario dista de verse traducido en una política fiscal más restrictiva en los Estados miembro. Fue en el último encuentro de ministros de Economía y Finanzas de la UE que tuvo lugar en Santiago en septiembre que el mensaje adoptó un tono más severo. A su llegada a la reunión el comisario de Economía, Apolo Gentiloni, arrojaba mayor negatividad al referirse a la "ralentización del crecimiento económico". Y de puertas para adentro la cita se zanjó con una llamada a una fiscalidad más restrictiva para cierre de este año.
Por mucho que Bruselas insista, la política fiscal es un asunto de competencia nacional. Lo explica el CEO del Centro de Estudios de Política Europea, Karel Lannoo, que, si bien apunta que existe una unión monetaria, "hay cierta divergencia en la respuesta nacional a la inflación y la Comisión puede dar ciertas guías". Es así que el Banco Central Europeo y la subida de tipos de interés para paliar los altos precios se articula como una medida armonizada a nivel comunitario, pero no sucede lo mismo con la política fiscal.
"Las respuestas están determinadas por las circunstancias nacionales, poco por las circunstancias europeas", contextualiza Lannoo. Las cifras de inflación divergen entre países. Y aunque sus niveles se mantienen por encima de lo deseado, la Comisión Europea solo puede emitir recomendaciones a las políticas nacionales. Eso sí, siempre y cuando los países cumplan con las normas que limitan el déficit sobre el PIB a niveles inferiores al 3% y la deuda sobre el PIB al 60%.
Es en este punto donde las advertencias de Bruselas toman fuerza pues en enero de 2024 volverán a aplicarse las reglas fiscales, tras su suspensión a causa de la pandemia y la posterior prórroga. Es cierto que la reforma de la gobernanza económica se encuentra, de momento, en plena negociación, pero la ambición es zanjar tal revisión antes de que termine el año, a tiempo para su puesta en marcha.
El Ejecutivo comunitario, en sus recomendaciones por país de primavera, encomendó a España realizar un ajuste presupuestario de casi 10.000 millones de euros si el gasto crece más del 2,6% en próximo ejercicio. Bruselas estimó que el aumento del gasto público español el año que viene será del 1,4%.
Sin embargo, no contaba entonces con la extensión de las medidas anticrisis en los mismos términos en los que se diseñaron a finales de 2022 cuando el IPC se situaba en dos dígitos. Es así que, en este momento, instó a España a iniciar la retirada de ayudas por la crisis energética en un intento por controlar el gasto. Un proceso "gradual" en 2023 que derive en su eliminación completa en 2024.
La medida estrella de España, junto con Portugal, fue bautizada como "excepción ibérica". Una fórmula por la que se limita el precio del gas en el sistema de formación de precios de la electricidad para contener el alza de los precios de la luz. Una medida que se vio extendida hasta finales de año tras la prórroga aprobada por Bruselas en abril.
Pero España puso en marcha otras acciones como la bonificación al carburante, limitada posteriormente a profesionales del transporte, las ayudas al transporte público o la rebaja al IVA de los alimentos. La última prórroga de junio elevaba la factura en 9.000 millones de euros adicionales, incluyendo rebajas e incentivos fiscales. Con lo que todas estas medidas se cuantifican en unos 47.000 millones de euros de fondos públicos, según los últimos datos del Banco de España.
Desde septiembre de 2021, Alemania concentra más de la tercera parte de las medidas dispuestas por la UE, mientras Francia cuenta la mitad, según un informe del think tank belga Bruegel. Y ya son varios los países que han avanzado más de una prórroga o medida adicional.
Alemania
El grueso de la partida destinada a paliar los altos precios en la UE la ha puesto Alemania. Su músculo fiscal ha permitido al Gobierno de coalición liderado por Olaf Scholz poner a disposición de sus empresas amplios paquetes de estímulos para contrarrestar los efectos de la crisis energética. Y es que el territorio germano ha sido uno de los más azotados por el chantaje energético de Moscú.
El mayor, y también polémico, paquete para hacer frente a los altos precios del gas ascendió a los 200.000 millones de euros, que incluye la recapitalización de la compañía energética Uniper, ayudas para pagar la factura de la electricidad. Se suma al anterior de 10.000 millones de euros que contemplaba exenciones fiscales y ayudas a las familias.
Sobre la mesa hay, además, un nuevo escudo de 32.000 millones de euros que de 2024 a 2028 incluiría alivios fiscales para pequeñas y medianas empresas. Un paquete que busca acelerar la transición energética impulsando las inversiones con desgravaciones.
Francia
El Gobierno de Emmanuel Macron parece decidido a mantener las medidas para paliar la crisis de los precios. Así lo deja entrever su última actualización. Esta misma semana el Ejecutivo galo ponía sobre la mesa una ley que afectará a las tarifas que aplican los supermercados y que tiene como objetivo reducir los precios al consumidor y moderar la inflación alimentaria en el arranque del próximo año.
Las medidas del Ejecutivo de Macron para paliar los altos precios de la energía y la inflación se articulan como uno de los mayores paquetes de la UE. Entre estas medidas se incluyen el tope al precio del gas, rebajas al IVA de la electricidad, un bono a los hogares y empresas vulnerables, ayudas a las empresas afectadas por los elevados precios de la energía y la nacionalización de la empresa energética EDF.
Italia
La última de las intervenciones del Ejecutivo italiano se centra en la cesta de la compra tras un acuerdo, esta misma semana, con distribuidores que aplica precios reducidos a una serie de productos básicos. Es la constatación de que las medidas antiinflación continúan. Se han sucedido varios paquetes que incluyeron rebajas en el IVA del gas tanto para uso industrial como civil, así como ayudas a las familias vulnerables o exenciones fiscales al consumo de la electricidad.
La suma de las medidas puestas en marcha, en un primer momento por el Gobierno de Mario Dragui y posteriormente por el de Giogia Meloni se acerca a la cuantía dispuesta por Francia, ronda los 120.000 millones de euros. Los paquetes incluyeron alicientes a la instalación de energías renovables o subvenciones destinadas a ajustar el precio de la contratación pública por el alza de los precios de las materias primas y los materiales de construcción. Se cuenta también una tasa a los beneficios caídos del cielo o beneficios extraordinarios de las compañías energéticas. Medida también adoptada, esta última, por Alemania, Países Bajos, Bélgica o Grecia.
Austria
Son varios las actuaciones que implementó el país, como el tope al precio de la electricidad, que estará vigente desde diciembre de 2022 a junio de 2024, un plazo que excede el mandado de Bruselas. La medida que, según las estimaciones del Gobierno austriaco tendrá un coste de 2.733 millones de euros en 2023 y 1.093 millones en 2024.
A esto se le suman cheques para la energía, también subvenciones a los desplazamientos de los empleados o rebajas fiscales a las empresas. Uno de los mayores paquetes está dotado de 28.000 millones de euros y su aplicación se extiende hasta 2026. En total el paquete de medidas ronda los 50.000 millones de euros e incluye subsidios a las empresas que deben garantizar los puestos de trabajo como condición para recibir las ayudas.
Bélgica
El país empezó por ampliar las medidas sociales de la pandemia y luego puso en marcha un fondo para gas y electricidad, cheques para los más vulnerables para hacer frente al coste de la luz y una rebaja en el IVA de la electricidad del 21% al 6% en 2022, que se ha vuelto permanente. En abril de este año, el Gobierno belga congeló el precio de un centenar de alimentos. En total las medidas se cuantifican en unos 5.000 millones de euros.
Países Bajos
Haciendo uso de su músculo fiscal, el Gobierno neerlandés aglutina ayudas por valor de 37.000 millones de euros. Combina en sus paquetes de ayudas rebajas en el IVA de la electricidad, el alza del salario mínimo en un 10% en línea para atender al alza de la inflación o un límite al precio de la luz.
El retroceso de la economía alemana y la rebaja de las perspectivas de la eurozona siembran incertidumbre sobre los límites de la política de subida de tipos de interés adoptada por el Banco Central Europeo, en un contexto en el que los niveles de inflación persisten. Ciertamente, el objetivo del organismo presidido por Christine Lagarde de alcanzar niveles del 2% de inflación ha sido postergado ahora a 2025 y son múltiples las voces que cuestionan el daño que podría tener sobre la economía.
Cada país actúa en función de sus circunstancias y el músculo fiscal de Alemania, Países Bajos o Francia les confiere cierto aire frente a las injerencias de Bruselas. "Alemania tienen una capacidad de recuperación rápida", argumenta Lannoo, que insiste en su posición fiscal y su capacidad para atraer industria como puntos fuertes para cumplir con los requisitos de la UE en términos de déficit y deuda. Algo que, sin embargo, no se aplica a los países del sur del bloque.
Pero por mucho que Bruselas llame a adoptar posiciones fiscales más estrictas, si estos países cumplen con los parámetros establecidos por las reglas fiscales, poca mano tendrá. Sus bazas pasan, según explica Lannoo, poner presión sobre los Estados miembro, especialmente contando con el apoyo de otros organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional que ya lanzó avisos en este sentido. En última instancia, podría apoyarse en la condicionalidad del desembolso de fondos como ha hecho con las cuestiones de Estado de Derecho de Polonia y Hungría.
