Madrid
La Comunidad de Madrid prepara un plan de empleo por valor de 200 millones para formar y colocar específicamente a trabajadores jóvenes en sectores de alto valor tecnológico y añadido a través de bonificaciones a la contratación y la evaluación personalizada de cada perfil, formando y orientando a los jóvenes.
La región capitalina da por hecho que el desempleo juvenil de los perfiles con formación superior es friccional, y centrará sus esfuerzos desde 2024 en la formación y captación de talento en contacto con las empresas de alto valor productivo -de sectores como la industria aeroespacial, biofarma, centros de datos o audiovisual- y los demandantes de empleo menores de 30 años.
Tal y como explican fuentes de la Conserjería de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid, esta política activa se desarrollará principalmente a través de las oficinas públicas de empleo. A falta de definir la fórmula, los trabajadores de las oficinas podrían llegar a recibir una compensación económica si aumentan su productividad colocando a este perfil de trabajadores.
La tasa de paro de la Comunidad de Madrid ronda el 9,5%. Con esta medida, también la CCAA que preside Isabel Díaz Ayuso se apunta al objetivo de llegar al paro estructural o pleno empleo, que estaría marcado sobre una tasa de paro entre el 6% y el 8%. Este objetivo se traduce en una reducción de 80.000 personas en paro, siendo 50.000 de ellos jóvenes menores de 30 años.
Fuentes de la conserjería económica recuerdan que la región ya subvenciona la contratación indefinida con 5.500 euros por contrato a menores de 30 años y 7.500 para los autónomos que contratan por primera vez.
Rebajas de impuestos
La Consejería prepara unos Presupuestos "prudentes", con la vuelta a las reglas fiscales a la vuelta de la esquina, que prevén presentar a finales de octubre y aprobar en diciembre. Las nuevas cuentas incluyen nuevas rebajas impositivas como parte de un "plan de reequilibrio territorial" que le costaría a las arcas públicas 9 millones de euros.
En concreto, fomentarán a través del IRPF el establecimiento de la residencia en municipios de menos de 2.500 habitantes, además de deducciones por la adquisición o rehabilitación de viviendas habituales en zonas despobladas.
Bonificarán el impuesto de Transmisiones Patrimoniales en caso de viviendas de segunda mano, y el de Actos Jurídicos Documentados en caso de vivienda nueva. El ahorro fiscal para los contribuyentes, según cálculos del Gobierno regional, sería de 7 millones de euros.
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