Los últimos datos de Eurostat confirman que España es el país que menos oportunidades laborales ofrece a sus desempleados en la Unión Europea: apenas 52 por cada 1.000 parados. Una proporción raquítica de vacantes que contrata con la de países como Alemania o Países Bajos, en la que esta variable supera la cifra de personas sin trabajo que buscan un empleo.
Esta cifra, sin embargo, podría ser mucho peor si no se viera elevada por el desproporcionado peso de las ofertas de empleo para funcionarios, que explica un tercio de las vacantes y supera con creces las publicadas para puestos de médicos, profesores o profesionales tecnológicos. De hecho, los datos de la Oficina Europea de Estadísticas muestran que los desempleados tienen a su disposición tantas ofertas de informática y programación como de hostelería.
Un dato que muestra hasta qué punto la creación de empleo en España va en la dirección equivocada. Pero el Gobierno no solo ningunea sistemáticamente estos preocupantes datos, sino que ha convertido la desproporción que el empleo muestra en una baza política. Lo ilustra la discrecionalidad con la que evolucionan las convocatorias de plazas de funcionarios según dicta el ciclo electoral.
No se puede decir en ningún caso que el objetivo sea mejorar la productividad y eficiencia del sector público, pero sí que la consecuencia es que consagra la propia precariedad de los empleados públicos, a los que ha excluido de su propia reforme laboral para seguir abusando de la trampa de la interinidad a costa del sector privado. En definitiva: una estrategia basada en la creación de un excesivo volumen de empleo público que además es de mala calidad y que genera una elevada factura a la productividad del conjunto del mercado laboral español.
