Los resultados de la última evaluación de las capacidades de los servicios públicos de empleo europeos arrojan un resultado demoledor para España: el análisis no concede el aprobado en ninguno de los indicadores aplicados para estimar el grado de madurez o desarrollo organizacional de las oficinas públicas estatales ni autonómicas, que se sitúa en rotundo 0%. Un resultado que indica que nuestro país "necesita apoyo" para lograr la convergencia con Europa. Aunque el SEPE ha logrado matizar el impacto de este balance arrancando esa misma semana un aval explícito de la Comisión Europea a su modernización.
La Red Europea de los Servicios Públicos de Empleo, creada en 2014, ha realizado ya tres ciclos de estas evaluaciones, pero la última, iniciada en 2020, coincidió con el estallido de la pandemia. Esto ha dilatado la conclusión de los trabajos hasta principios de 2023, pero también ha servido para analizar la respuesta de estas instituciones antes un desafío sin precedentes.
El análisis pone el foco en ocho áreas operativas clave para entender las eficacia de los servicios públicos: la gestión estratégica de los resultados, el diseño de procesos operativos, las políticas de "activación" de los parados para facilitar las transiciones laborales, las relaciones entre las oficinas y los empleadores, la evaluación continua de los programas y actuaciones puestas en marcha, las alianzas con 'grupos de interés' (como las organizaciones del tercer sector), la asignación de recursos humanos y financieros y la respuesta a las crisis.
La calificación de cada una estas ocho 'asignaturas' se distribuye en una escala de cuatro peldaños: "desarrollable" (el más bajo, "en desarrollo", "bien desarrollado" y "maduro" (la más alta). Los dos últimos son los que se tienen en cuenta para evaluar el grado de desarrollo de los servicios públicos de empleo, un nivel que España no alcanza en ningún caso. La 'mejor' nota la saca en la "gestión de crisis": obtiene un "en desarrollo". Aunque la calificación total no pasa del "desarrollable". Lo que equivale a un 0% en la escala de madurez, pues ni siquiera supera el mínimo de corte.
El nuestro es uno de los seis países, junto a Chipre, República Checa, Italia, Hungría y Eslovaquia, que obtiene una nota del 0% en esta escala de madurez de sus servicios públicos de empleo. En el extremo opuesto de Francia o Eslovenia, que alcanzan un 100% o Países Bajos o Alemania, que anotan un 83% y un 75% respectivamente.
Ello en un análisis que estudia la eficacia de los 31 servicios públicos de empleo de 27 países europeos (incluyendo los 3 de Bélgica, dividida entre Valonia, Bruselas y Flandes), más Islandia y Noruega. En el caso de nuestro país, la evaluación es conjunta para el SEPE y cada una de las 17 comunidades autónomas.
Oferta de ayuda
El análisis no ofrece un análisis pormenorizado del caso de España ni de las razones de sus malos resultados. Aun así, supone un duro revés para el balance de la gestión del Ministerio de Trabajo y Economía Social, dirigido por la vicepresidenta segunda en funciones y líder de Sumar, Yolanda Díaz, en un momento en el que nuestro país ocupa la presidencia de turno de la Unión Europea.
Sobre todo, porque la evaluación ha coincidido con unos años de especial complejidad para los funcionarios del SEPE y de los servicios autonómicos, en los que la carga de trabajo por la pandemia y las medidas excepcionales aprobadas (empezando por los ERTEs), y un accidentado proceso de digitalización que se vio salpicado por varios ciberataques que llegaron casi a paralizar su actividad. Los esfuerzos no han parecido suficientes a los evaluadores.
Sin embargo, estos desafíos y reformas similares también se han aplicado en el resto de los países analizados, que siguen mostrando un grado muy desigual de madurez y señala que varios países, en especial los que han sacado un 0% en la evaluación de su madurez organizativa o han suspendido la mayoría de los ocho indicadores, a través de programas de intercambio de ideas puestos en marcha en los primeros meses del año.
En este sentido, la Red insiste en promover el intercambio de ideas y el "aprendizaje de los errores" entre los servicios públicos de empleo de toda Europa. "La brecha entre los grados de madurez de los servicios públicos pone de manifiesto la necesidad de que la Red realice esfuerzos adicionales para apoyar a los menos desarrollados en sus esfuerzos", apunta el documento.
Bruselas apoya al SEPE
Por su horizonte temporal, el documento no parece tener en cuenta la reforma de las políticas activas incluida en la Ley de Empleo, que entró en vigor en marzo, pero cuyo impacto en la eficacia de los servicios públicos de empleo parece ser, por ahora, inexistente, en términos de intermediación. Es decir, colocación directa de parados a través de ofertas gestionadas por las oficinas de empleo, que apenas llega al 1% de los potenciales beneficiarios, como informó elEconomista.es.
Aunque los servicios públicos de empleo estatal y autonómicos defienden que este indicador no recoge todo su trabajo en otras áreas, como la orientación laboral, los cursos de formación o las bonificaciones a la contratación y el autoempleo. Precisamente la mezcla de estos indicadores hace que cada comunidad autónoma presente cifras muy dispares de su eficacia, a veces bastante infladas ante la falta de un indicador claro y homogéneo e eficacia que clarifique cuántas personas han logrado su empleo por mediación un servicio de empleo.
Lo más parecido se encuentra en los datos anuales de la Encuesta de Población Activa, que cifra en 319.400 asalariados, un 1,9% del total, los que en 2022 declaraban haber conseguido empleo gracias a la participación de una oficina pública de empleo. La cifra es menos de la mitad de los 657.900 contratados a través de una empresa de trabajo temporal, pese al golpe que supuso para ellas la reforma laboral.
Sin embargo, pese a los malos resultados de la evaluación de la RED no parecen haber comprometido la valoración europea de la gestión del SEPE y el Ministerio de Trabajo. El organismo estatal ha recibido esta misma semana un espaldarazo de la propia Comisión Europea, de manos del director General de Apoyo a las Reformas Estructurales (DG REFORM) de la Comisión Europea, Mario Nava, que esta semana se reunió con el director General del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), Gerardo Gutiérrez Ardoy.
Nava, ha destacado que los proyectos desarrollados por el SEPE con el apoyo de la Comisión Europea constituyen un "ejemplo modélico de cómo se puede trabajar con una autoridad beneficiaria a lo largo de los años" y benefician al conjunto del Sistema Nacional de Empleo con políticas "más eficaces y con un mejor seguimiento de sus resultados, contribuyendo a una mejor inserción en el mercado laboral de los colectivos más necesitados de apoyo".
El objetivo más amplio de esta colaboración era, precisamente, apoyar los esfuerzos de las autoridades españolas en la "definición y aplicación de procesos y metodologías adecuados", teniendo en cuenta las buenas prácticas y las lecciones aprendidas por otros países al abordar situaciones similares, tal y como plantea la Red. Está por ver si estos trabajos sirven para que España obtenga mejores resultados en la próxima evaluación de la Red Europea.