El fondo público de pensiones de Escrivá arrancará con su plataforma digital incompleta

La creación del nuevo fondo público de pensiones que promueve el sector público y será gestionado por las entidades privadas está en fase final, pero con matices. Tras la publicación del reglamento de este vehículo financiero para complementar la pensión pública, recogido en julio en el BOE, el Gobierno se comprometió a tener listo el sistema operativo y de información, la plataforma digital común, en un plazo máximo de seis meses. Varias fuentes consultadas que trabajan en el desarrollo de esta herramienta junto con la Seguridad Social aseguran que se cumplirán los plazos. Ahora bien, gestoras como Caser apuntan a que nacerá "bajo mínimos", con solo las funcionalidades básicas para comenzar a operar.

Aunque no impedirá el ahorro, podría generar molestias a los usuarios y reducir las expectativas de captación de recursos del nuevo fondo.

En el grupo de trabajo están representantes de las entidades gestoras del fondo -VidaCaixa, BBVA, Santander, Caser e Ibercaja-, que trabajan de forma conjunta con la Administración para desarrollar los procesos de esta plataforma digital común, que alojará toda la información necesaria para los partícipes, gestoras y para la propia Comisión de Seguimiento.

Tal y como explicó ayer la directora del Observatorio Caser, Eva Valero, está previsto que llegue dentro de plazo, pero como una versión primeriza.

En todo caso, fuentes de las entidades gestoras valoran de forma positiva el ritmo de reuniones y el modus operandi de la creación de esta herramienta informativa para probar y corregir errores. Esta herramienta, según explican desde Caser, es clave para la comercialización y la información del nuevo producto de ahorro impulsado por el ministro José Luis Escrivá. De hecho, ni la interinidad del Gobierno en funciones está afectando a las reuniones. 

¿Afecta al ahorro?

Escrivá ha creado 15 fondos que se repartirán entre las cinco gestoras ganadoras. Por tanto, cada entidad tiene tres fondos para crear bajo unas condiciones: que su riesgo se ajuste al perfil del partícipe. Más arriesgados –por ciclo de vida– para los más jóvenes, y más conservadores para aquel perfil con la jubilación y el rescate del dinero cerca.

Actualmente se trabaja en la promoción legal de la constitución de los fondos. Una vez cerrada esa fase, la creación de los fondos por parte de las gestoras abrirá la puerta a comenzar a ahorrar antes de que la plataforma digital esté lista.

El sentir dentro de los actores implicados es de confianza en que el Gobierno se ajustará a los plazos marcados pese a los constantes retrasos sufridos a lo largo del desarrollo del fondo público. Por eso hasta final de año se realizarán pruebas. Fuentes del sector explican que los tempos apuntan a que comenzarán a probar la integración de los datos en el sistema conjunto antes de que finalice el presente 2023. Es decir, ensayar cómo se incluirán los datos de cada gestora dentro de la plataforma digital común que está por crear.

"Conforme al propósito de la norma, el objeto de la plataforma es hacer la información de los planes más sencilla, asequible y transparente para los partícipes, pero hacer una de mínimos con el fin de cumplir plazos es un poco lo de siempre: salvar la cara, dar más prioridad a quedar bien (porque te pillan los plazos y no has hecho todos los deberes) que a desarrollar lo previsto de la forma más completa y eficiente posible. Un poco la picaresca española de toda la vida", explica Antonio Méndez Baiges, abogado de Mercer y miembro de Ocopen.

Subcontratación del servicio

La Administración de la Seguridad Social configura esta herramienta apoyada en una empresa subsidiaria de IBM, Viewnext.

Esta firma tecnológica se adjudicó el concurso público para prestar servicio a la Gerencia Informática de la Seguridad Social durante diez meses a cambio de un importe de 586.160 euros -que ascienden a 709.253,6 euros-, según los documentos de la Plataforma de Contratación del Sector Público consultados por este medio. Los fondos europeos financian esta operación, según el texto. La adjudicación se hizo pública el pasado 18 de abril.

500 millones en tres años

Las cinco gestoras adjudicatarias deben captar 500 millones cada una en tres años y en caso de no conseguirlo perderían la licitación, tal y como explicó la directora del Observatorio de Caser, Eva Valero. La responsable también destacó que es una cantidad considerable y que "habrá una parte que se traspasará" de otros planes a esos de promoción pública. 

Por poner en contexto, según se desprende la memoria justificativa de la licitación, que firma la secretaría de Estado de pensiones, el patrimonio previsto en este instrumento de ahorro generado por las aportaciones de aquellas empresas que se sumen al plan que promoverá el Estado será de 4.000 millones de euros en cinco años.

El objetivo del Ministerio de Seguridad Social, al lanzar este vehículo financiero, era dar un impulso histórico a los planes de empresa en nuestro país y, por esta razón, los objetivos marcados en las previsiones y también las exigencias para las gestoras calibran el que será el éxito o fracaso de la iniciativa, aunque son cifras ambiciosas. 

A cierre de 2022, el patrimonio total acumulado en planes colectivos (empleo y asociados) es de algo más de 35.000 millones, y el de los individuales de unos 82.000 millones, según Inverco.

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