El pasado julio el Régimen General de la Seguridad Social, que engloba a la práctica totalidad de los trabajadores por cuenta ajena, sumó 68.712 afiliados. Una cifra que supone un 6,72% menos que los 73.669 asalariados que sumó en el mismo mes de 2019, último periodo comparable antes de la pandemia. Este análisis permite contrastar el impacto de la reforma laboral que entró en vigor en 2022. Y lo que los datos muestran es que, aunque la estacionalidad del empleo se ha reducido en casi todos los sectores, lo ha hecho muy por debajo de lo que asegura el Gobierno.
La menor creación de empleo mensual no preocupa al Ejecutivo. Lo dejaron claro en la rueda de prensa de presentación de los datos de paro y afiliación, los secretarios de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, y de Seguridad Social, Borja Suárez, que pusieron el foco en que la mayor estabilidad de los empleos reduce su volatilidad.
Esta afirmación admite pocas dudas si atendemos a los datos globales: se han disparado los asalariados con contrato indefinido un 38% (un 32% si descontamos los fijos discontinuos) mientras los eventuales han caído un 136%. Esto ha reducido la tasa de temporalidad del 31% al 15% si la comparamos con 2019
Y lleva a la paradoja de que, aunque se firmen muchos menos contratos (ya que no hay que renovar los temporales caducados) el empleo en términos de afiliación mejora en términos netos, ya que hay menos volatilidad de altas y bajas. Algo que se aprecia a nivel interanual: los asalariados crecieron un 3,55% interanual.
Pero no conviene menospreciar los datos mensuales: lo ocurrido en julio confirma que, pese al importante repunte del empleo de calidad, la estacionalidad no parece haber mejorado tanto como debería tras la reforma. Es decir, la volatilidad veraniega del mercado laboral sigue siendo demasiado similar a la de 2019, tanto en volumen como en actividades afectadas.
Esto se ve con claridad si se compara la variación del empleo entre junio a julio en 2023 respecto a la registrada hace cuatro años. Los datos muestran que la volatibilidad relativa mensual del empleo se ha moderado tras la reforma laboral, pero solo lo ha hecho en siete centésimas: del 0,49% al 0,42%.
En 11 de las 20 actividades analizadas se percibe una menor variación mensual respecto a 2019, mientras en otras 9 aumentó. Si interpretamos que esto implica menor volatilidad estacional, los resultados son bastante decepcionantes.
Solo en el en el caso de las actividades de suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado, que pasaron de perder un 0,05 de afiliados a sumar un 0,03 se ha registrado una 'inversión'. Por otro lado, en la construcción se pasó de crear un leve 0,06% de empelo a destruir un 0,19%, aunque el Ejecutivo lo achaca a que la climatología (y las alertas por calor) ha tenido que ver en la restricción de la actividad en ese sector.
El gran destructor de empleo
Se trata de porcentajes reveladores, aunque muy reducidos si los comparamos con el sector destructor de empelo por excelencia en julio: la educación, que pasó de perder un 11,74% de empleos en 2019 a restar un 10,32%. Aunque si tenemos en cuenta que hay más docentes que entonces, en cifras absolutas la destrucción es mayor: en julio perdieron 110.705 afiliados, frente a los 108.616 de 2019.
La verdadera diferencia está que, si hace cuatro años estas bajas derivaban de contratos temporales (especialmente de interinidad en el sector público), en 2023 el 61% eran de indefinidos, pero fijos discontinuos (pese a que su su uso está 'vetado' en este sector en concreto). Estos trabajadores no son despedidos ni ven rescindido el contrato, ya que cuentan con la garantía de que su empresa volverá a llamarles, pero en ese tiempo no cobran salario alguno. Es por ello que, aunque no están en paro, pueden cobrar una prestación.
Aunque el Gobierno se empeña en recalcar que el peso de los fijos discontinuos es muy reducido (apenas suponen el 5,6% de los asalariados, cuando en 2019 eran el 2%) su volatilidad entre altas y bajas es similar a la de los temporales. Y esto explica el mal comportamiento del empleo asalariado en julio, que solo salvó los trastos gracias a los afiliados temporales, lo que ocurre por primera vez desde que la reforma laboral está en vigor.
En julio la afiliación neta de indefinidos cayó en 92.975 personas. Los que tenían un contrato ordinario a jornada completa subieron en 40.706 y los de jornada parcial se redujeron en 19.340 (algo compatible con un trasvase de los segundos a los primeros, aunque es difícil analizarlo con los datos disponibles). Pero los indefinidos fijos discontinuos cayeron en 114.414.
Si no hubiera sido porque los temporales subieron en más de 172.000 el neto de incremento del Régimen General hubiera quedado muy por debajo de los 68.712. Es un comportamiento similar al que se daba en un julio 'normal' sin reforma laboral, en el que la creación de empleo se debía a la propia volatilidad: los puestos eventuales creados compensaban a los destruidos.
Pero en un escenario como el que el Gobierno dibuja tras la reforma laboral, esto no debería ser así: si los empleos son más estables, se firman menos contratos, y con ello se notifican menos altas de afiliación. Pero también se firman menos bajas, con lo cual el incremento neto de la afiliación es más sólido. Es la tesis que lleva defendiendo el Gobierno desde que se aprobó la reforma laboral y hasta ahora se ha cumplido, pero muy por debajo de las expectativas generadas por el discurso del Gobierno.
Y lo que es peor: plantea el primer retroceso en la estabilidad el empleo desde que se aprobó la norma. Y es que el 15% de asalariados temporales es un 1 puntos superior al que se registran en julio y mayo. No significa que la reforma vaya a dar marcha atrás, pero sí puede indicar que sus efectos han tocado techo y, quizá es hora de pensar en nuevas medidas para seguir mejorando la calidad del empleo.