El Gobierno Vasco abre una brecha con el PSE-EE y aprueba llevar ante el Tribunal Constitucional la Ley de Vivienda. El equipo de Iñigo Urkullu lo hace a pesar del rechazo de los tres consejeros socialistas que se integran en el gabinete del presidente, tras el pacto de coalición firmado en 2020. El movimiento del PNV se produce en plena ronda de contactos entre el PSOE y el resto de grupos minoritarios -incluido el vasco- en busca de un acuerdo de investidura que reedite la presidencia de Pedro Sánchez.
El portavoz del Ejecutivo Vasco, Bingen Zupiria, señaló, en una comparecencia posterior al Consejo de Gobierno, que la Ley de Vivienda contiene varios preceptos que "condicionan el autogobierno vasco en materia de vivienda" y, por lo tanto, "existe una vulneración de competencias que corresponden" a Euskadi. Según explicó, los servicios jurídicos vascos consideran que el Estado "viene a normar sobre asuntos concretos que no están regulados en la legislación vasca pero que son competencia" de la Comunidad Autónoma. En concreto, se impugnan un total de siete artículos del texto, una disposición transitoria, una adicional y dos finales.
El momento es oportuno. El -medido- movimiento de Urkullu sortea el acuerdo rubricado con el PSE-EE, por el que no solo gobiernan la autonomía, sino también varios ayuntamientos y diputaciones de la región. El sí de los de Andoni Ortuzar a Sánchez es clave para los intereses del socialista. Además, el PNV comienza a dibujar parte de las condiciones que podrían poner sobre la mesa próximamente. El portavoz del Ejecutivo vasco insistió ayer que, "aunque queda abierta la vía del recurso al Constitucional", demandan "formalmente al Gobierno español el establecimiento de un diálogo en el ámbito de la comisión bilateral de cooperación para intentar solventar estas diferencias de interpretación que existen respecto a la Ley estatal de Vivienda".
"El Gobierno español ha recurrido muchísimas de las leyes que esta legislatura el Parlamento vasco ha aprobado y todas ellas han sido objeto de negociación y acuerdo en esa comisión bilateral. Demandamos, por tanto, este diálogo al Gobierno central para poder llegar a un acuerdo en torno a estos artículos que vulneran el Estatuto de Autonomía, y no tener que recurrir al Tribunal Constitucional", dijo en respuesta al malestar de los consejeros del PSE-EE, que se limitaron a manifestar su desacuerdo dentro de la reunión del gabinete de Urkullu. El vasco se suma a otros Ejecutivos regionales que también han tratado de frenar la aplicación de la norma ante el TC, como la Comunidad de Madrid que interpuso un recurso la semana pasada.