El Gobierno se queda sin argumentos. Uno de los pilares sobre los que se fundamentaba la Ley de Vivienda era frenar el número de desahucios y ayudar así a las personas vulnerables. Sin embargo, y según los datos recogidos por el INE y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) tanto el número de desalojos como el de las demandas por impagos de la renta del alquiler están en mínimos si se excluye el año 2020, aunque en este caso es debido a la pandemia por el Covid.
A pesar de que el euríbor esta en alza y ya roza el 4%, lo que encarece las hipotecas en 280 euros mensuales y que los alquileres están subiendo, el número de impagos no crece. Según la Estadística de Arrendamientos Urbanos, elaborada por CGPJ, a partir de los datos de los boletines estadísticos trimestrales recogidos en los juzgados, se aprecia una caída del 12% de las demandas entre el primer trimestre del 2022, cuando el número ascendía a 4.008, y el último trimestre del año pasado, cuando se situaron en 3.532 demandas. De hecho, entre 2022 y 2021, el número de demandas por impago del alquiler se ha reducido un 2,3%.
Los datos de deshaucios, tanto por el impago del alquiler como de las hipotecas, los elabora el INE y los últimos corresponden al segundo trimestre de 2022, pero reflejan también una caída muy significativa. El número de desahucios por no pagar la hipoteca se situaron entre marzo y junio del año pasado en 2.377 y por el alquiler en 7.871. Son cifras que están por debajo de 2021 y que, sobre todo, se quedan muy lejos de las de hace una década, cuando en plena crisis financiera los desalojos estaban disparados. En el mismo trimestre de 2013 se elevaron, en concreto, a 6.549 por la hipoteca, casi el triple que ahora, y a 10.527 por el alquiler, un 25% más.
Causas estructurales
El Consejo General de Economistas explica un informe financiero que la caída de los desahucios por el impago de hipotecas está vinculado con la crisis financiera del 2007, cuando estalló la burbuja inmobiliaria y, aunque admite, que "es posible que repunte por las actuales subidas de los tipos de interés", insiste en que en el caso de los alquileres la situación es distinta y obedece a "una situación de vulnerabilidad estructural". De acuerdo con este informe, se podría entender que la nueva Ley de la Vivienda aprobada por el Gobierno, "no es la medida óptima para la resolución del problema, ya que se está cargando la solución del mismo sobre el propietario, constituyendo otro inconveniente para mantener la oferta del parque de viviendas en alquiler".
En este sentido, el Colegio de Economistas apunta que "habrá que evaluar si las regulaciones o intervenciones de precios y plazos como los contemplados en esta nueva ley tienen un efecto sustancial en la oferta de vivienda en alquiler y si facilitan el acceso a de la demanda a la misma o no" porque "determinados estudios concluyen que estas regulaciones pueden motivar que algunos propietarios decidan retirar sus viviendas del mercado, lo que reduciría la oferta y, consecuentemente, presionaría al alza a los precio"
La Ley de Vivienda introduce nuevas prórrogas en los procedimientos de desahucios. La norma introduce una batería de medidas para dificultar los desahucios de personas en situación de vulnerabilidad económica, especialmente cuando el arrendador sea un gran tenedor de inmuebles.
De este modo, los desahucios no podrán realizarse sin una hora y una fecha predeterminada. Además, se incluyen prórrogas de más de dos años; aunque se les permite a las autonomía tener sus propios mecanismos de mediciones y que ofrezcan las alternativas oportunas que consideren oportunas. Además, con la modificación del artículo 439 de la Ley 1/2000 las demandas de desahucio solo se admitirán si "si el inmueble es la vivienda habitual del ocupante, si éste se encuentra en situación de vulnerabilidad económica y si el demandante es gran tenedor de vivienda", según recoge la legislación.
Posible derogación
No obstante, y tras las elecciones, la legislación pende ahora de un hilo. De momento, seis autonomías pasarán a estar gobernadas por el Partido Popular, que ha mostrado ya su oposición tajante a la norma y algunas voces del sector apuntan incluso que la ley podría ser derogada completamente en el caso de que los populares ganen las elecciones generales el próximo 23 de julio. "Como hemos visto, tras el resultado de municipales y autonómicas, la ley de vivienda se ha quedado casi sin efecto a largo plazo (cuando se creen los índices para las zonas de mercado tensionado).
Además, podría ser derogada completamente si el PP gana las elecciones generales, como ha manifestado recientemente", explica, por ejemplo, José Ramón Zurdo, director general de la Agencia Negociadora del Alquiler (ANA).
