El impulso que ha recibido la modalidad de fijos discontinuos tras la reforma laboral ha encendido las alarmas de algunos expertos como un posible nuevo foco de precariedad en el mercado laboral. Esta modalidad contractual se ha disparado en el último año, a costa de reducir los temporales, pero plantea lagunas de regulación al no proteger al trabajador en períodos de inactividad. Crece la necesidad de crear nuevas indemnizaciones para los empleados y a un régimen de sanciones para las empresas que abusen de los fijos discontinuos.
Antes de la reforma laboral, los afiliados con contrato temporal suponían el 25% del mercado laboral. Ahora apenas llega al 13%. Pero las dudas sobre la calidad real del empleo indefinido se han disparado por el peso de los fijos discontinuos.
En un seminario organizado por Fedea, expertos de este 'think tank' y de organismos como la OCDE o BBVA Research han puesto sobre la mesa la necesidad de clarificar el uso de estos contratos para evitar que se conviertan, en la práctica, en empleos temporales "a coste cero". Y es que el pase a la inactividad de un fijo discontinuo no conlleva indemnización. Y la obligación de la empresa de volver a llamarle queda, en la práctica, muy difuminada en la legislación, lo que lleva a periodos de inactividad que se alargan meses y meses sin que el trabajador perciba salario alguno.
El mayor riesgo que detectan son los períodos involuntarios de inactividad, que suponen una pérdida de renta para el trabajador. Y es que mientras el fijo discontinuo no trabaja no percibe salario ni la empresa cotiza por él, aunque el contrato siga vigente. La única alternativa del trabajador es cobrar el paro. Entre las ideas puestas sobre la mesa destaca un sistema de 'bonus malus' que penalice a las empresas que abusen de estos contratos.
La ley no estipula mínimos generales de días de trabajo, ni cláusulas que regulen su conversión a indefinidos ordinarios. Y da un excesivo margen a los convenios colectivos para utilizarlos. Así, el acuerdo en el sector de la construcción ha eliminado el límite de los tres meses para el 'llamamiento'. El de calzado va aún más lejos y plantea convertir indefinidos ordinarios en fijos discontinuos como una alternativa a los ERTEs.
Esto genera un sistema en el que la volatilidad de los contratos fijos discontinuos se acerca a la de los temporales. Según los datos aportados por el investigador de Fedea Florentino Felgueroso, en el último año, se han firmado 8,5 millones de contratos de este tipo, pero la afiliación no ha registrado una evolución similar, lo que parce indicar que muchos de ellos no 'cuajan' en empleo real.
Esto responde a que estos trabajadores alternan largos periodos de inactividad dados de baja a la Seguridad Social. Aunque también apunta a que muchos optan por buscar otro empleo, lo que contribuiría al récord de dimisiones registrado en España desde la reforma laboral.
"Los fijos discontinuos necesitan un aumento de la regulación, hay un coste cero para pasar a la inactividad a los trabajadores", explica por su parte Marcel Jansen, economista y asesor de Fedea. Alerta de que la situación actual supone un consumo de recursos públicos vía prestaciones para unos trabajadores muy lejos de la estabilidad laboral y económica.
Para los economistas hay un riesgo de que el fijo discontinuo reproduzca y extienda la precariedad laboral. "No garantiza la estabilidad en la renta, ni periodos de trabajos", dice Jansen. En la práctica, se ha cambiado la firma de contratos cortos de forma continuada por los fijos discontinuos. Y, además, se crea una barrera para que el trabajador acceda al contrato indefinido ordinario. A las empresas, sencillamente, le sale más a cuenta no hacer efectiva esta conversión.
Además, se da la paradoja de que la reforma laboral penaliza los contratos temporales de menos de 30 días, pero actualmente la nueva legislación no limita el uso ni el potencial abuso de las contrataciones vía fijo discontinuo. "Las empresas no asumen el coste social que implica la rotación que provoca los fijos discontinuos y se generan incentivos perversos", añade Jansen, y llama la atención sobre esta paradoja para que los fijos discontinuos se conviertan en una fórmula de "contrato de cero horas", la modalidad de trabajo temporal que triunfa en Reino Unido y que supone plena disponibilidad del trabajador a las necesidades de la empresa
"Se puede hacer con reglas objetivas o poniendo precio a la rotación. Pero lo natural sería avanzar hacia un sistema de 'bonus malus'", apunta el economista neerlandés. En este sistema, las empresas con alta rotación y abuso de los fijos discontinuos cotizarían más por el trabajador y se premiaría a las empresas que apuestan por el contrato indefinido ordinario.
En el mismo encuentro, Juan-Francisco Jimeno, de BBVA Research plantea que lo recaudado por este sistema se destine a los propios fijos discontinuos. "El fijo discontinuo necesita algún tipo de indemnización para los períodos de inactividad y el 'bonus malus' es un planteamiento inteligente para compensar a los trabajadores", apunta.
La OCDE aboga por revisar el coste del despido
La idea no se enmarca solo en propuesta de Fedea y BBVA Research. También la OCDE es proclive a estudiarla, según lo ha dejado claro en el mismo encuentro su director de Empleo, Trabajo y Asuntos Sociales de la OCDE, Stefano Scarpetta.
Este experto incide en que la reforma ha supuesto que el contrato fijo discontinuo pase de estar restringido a actividades estacionales a utilizarse a todo tipo de sectores y puestos antes cubiertos por contratos temporales. Y esto ha tenido consecuencias que deben ser "vigiladas muy de cerca".
Así, se debe poner el foco no solo en la seguridad contractual de los asalariados, sino en la de sus ingresos. Por este motivo, Scarpetta defiende una regulación que, además de establecer mínimos de periodos de actividad, introduzca este sistema de 'bonus malus' que haga que las empresas compensen al Estado por el coste de mandar a la inactividad a los fijos discontinuos.
Pero, por otro lado, plantea que la regulación laboral debe ofrecer también flexibilidad para trabajadores y empresas. Así, plantea que las dimisiones y ceses por mutuo acuerdo generen derecho a protección por desempleo. Aunque supone un incremento del gasto por desempleo, Scarpetta considera que el sistema actual desincentiva las dimisiones y que los trabajadores consideren cambiar de trabajo.
