Cataluña, Valencia y Aragón son las regiones menos competitivas fiscalmente de España, mientras que Madrid, País Vasco y Canarias lideran la clasificación de las que menos cargas tributarias tienen.
Lo revela el informe La competitividad fiscal de las entidades locales y de las comunidades autónomas presentado ayer en la sede de la CEOE de Madrid por el Instituto de Estudios Económicos (IEE), que recoge la recaudación de 141 municipios españoles con más de 50.000 habitantes, los cuales aglutinan a la mitad de la población del país.
Según el estudio, el sistema fiscal más competitivo corresponde a la Comunidad de Madrid con 76,2 puntos por debajo de la presión fiscal sobre una la media nacional de 100. Le siguen los territorios forales de El País Vasco (Vizcaya: 81 puntos; Álava: 82 puntos y Guipúzcoa 84,8 puntos) y Canarias (95,2 puntos).
Por el contrario, los peores resultados se obtienen en la regiones de Cataluña, con una presión fiscal de 23,8 puntos por encima de la media española; Comunidad Valenciana (16,3); Aragón (15,3); Asturias (15) y Extremadura (10).
El informe incluye también el ranking de los 50 municipios con menor carga tributaria. Lo lideran Boadilla de Monte (Madrid), Majadahonda (Madrid), Arrecife (Las Palmas) y Las Rozas de Madrid, y entre los diez mejores también estarían Mijas (Málaga), Sagunto (Valencia), Dos Hermanas (Sevilla), Alcobendas (Madrid), Orense y Getafe (Madrid). Solo la región madrileña, que es la que más recauda con menos impuestos, según los autores del informe, aglutina la mitad de la localidades con menor presión fiscal.
Por el contrario, Reus (Tarragona), Girona y Sanlúcar de Barrameda (Huelva) son los municipios que tienen una mayor carga impositiva, donde también se encontrarían Lleida, Tarragona, Gandía (Valencia), La Línea de la Concepción (Cádiz) Elda (Alicante), Alcoy (Alicante) y Granollers (Barcelona).
En 2022 la recaudación por impuestos propios municipales fue de 25.000 millones de euros, en tanto que las comunidades autónomas recaudaron, tanto con sus impuestos como con su participación en los tributos del Estado, un total de 110.000 millones de euros.
En análisis de el Instituto de Estudios Económicos destaca también que, en relación con el Impuesto sobre Bienes Inmuebles Urbanos (IBI), los municipios con mayor tamaño poblacional, en media, son aquellos que mejor tratan fiscalmente a sus ciudadanos y, por tanto, los que mejor competitividad fiscal local presentan, "a pesar de que la ley establece una serie de supuesto por los cuales, según los datos por criterios poblacionales, el tipo puede ser incrementado".
En el polo opuesto, aquellos municipios con una población de entre medio millón y 200.000 habitantes, y que pueden incrementar los tipos en la misma medida que las mayores localidades de España, son los más gravosos.
El relación a lo anterior, entre los municipios españoles con más de 500.000 habitantes destaca la mayor competitividad fiscal de Madrid, Zaragoza y Málaga frente a Barcelona, Valencia y Sevilla, que presentan una presión tributaria superior a la media nacional.
El estudio constata que si se hace la agrupación por comunidades autónomas, usando la media ponderada de todos los impuestos, Baleares es la región con menor carga fiscal, seguida por Madrid, Cantabria y Asturias, todas ellas por encima de la media nacional. En lado opuesto, Cataluña, Cantabria, Islas Baleares y Ceuta presentan la mayor presión fiscal, todas ellas en más de un 8% por encima de la media nacional.
En la media europea
El análisis de los expertos concluye también "que la tributación por imposición personal sobre la renta, tanto en Madrid como en Barcelona, en el contexto de las grandes ciudades europeas que hemos trazado, está en la zona media. Si bien llama la atención que, en ambos casos, la tributación de rentas de 24.000 euros es superior que en el resto: solo en Barcelona esta renta tributa más. En todos los casos analizados los residentes en Madrid tienen una tributación inferior a Barcelona, aunque Madrid tiene una escala con mayor progresividad".
Los responsables de estudio sostienen que "siguiendo el ejemplo de los países más avanzados de la OCDE, el incremento de la recaudación tributaria debería basarse en el aumento de las bases imponibles, fomentando el crecimiento económico y la lucha contra el fraude fiscal, más que en incrementar la presión sobre unos contribuyentes que, en el caso de la economía española, ya soportan una carga tributaria superior a la de los países de nuestro entorno, tanto en el ámbito estatal como en el autonómico".
Apuntan también que la mayoría de las tasas de las comunidades autónomas recaen sobre actividades empresariales, algo que "por su relevancia genera distorsión".