A partir de abril, los trabajadores portugueses ya no tendrán que acudir a su médico o centro de salud para obtener la baja médica cuando esta sea de un máximo de tres días. Buscando aligerar la carga de unos saturados centros de salud, el gobierno socialista de António Costa, de la mano de sus antiguos socios de izquierda en el anterior ejecutivo -el Bloco de Esquerda (BE) y el Partido Comunista Portugués (PCP-, han pactado esta medida de autogestión de las bajas en el marco de un paquete más amplio de iniciativas laborales llamado Agenda de Trabajo Digno, que fue aprobado finalmente el pasado 10 de febrero en el parlamento.
La medida contempla que los trabajadores puedan solicitar la baja por enfermedad de manera telefónica a través del servicio del portal del Servicio Nacional de Salud SNS 24, donde se concentran todas las gestiones sanitarias digitales. El empleado recibirá automáticamente la baja sin acudir a un hospital o centro de salud. Según especifica la web oficial del gobierno portugués, este tipo de bajas se pueden obtener un máximo de dos veces al año. Para un tercer caso, habría que pasar por un facultativo.
También se aclara que estas bajas se obtienen "bajo juramento", es decir, como una suerte de declaración de honor. No obstante, desde el diario El País adelantan que esta será presupuesta y no será necesario presentar ningún documento. Al igual que en el caso de las bajas médicas, estas bajas de hasta tres días no son remuneradas, ni por la empresa ni por la Seguridad Social, recuerda la página del ejecutivo luso.
La entrada en vigor de esta medida recuerda a lo sucedido con el covid en España -también algo similar en Portugal- a comienzos de 2022 con la implosión de la variante ómicron, cuando las bajas se obtenían de forma telefónica al comunicar el positivo. Además de facilitar la vida de los trabajadores, que se evitarán desplazamientos hasta su centro de salud y horas de espera, los ambulatorios estarán menos saturados y los médicos tendrán menos carga de pacientes. El Ministerio de Salud espera ahorrar hasta 750.000 consultas anuales.
En España, también a partir de abril, los trabajadores serán descargados de la obligación de entregar una copia de los partes médicos de bajas y altas a sus empresas en el plazo de tres días después de su emisión. Será el empleador el que vía telemática solicite el informa a la entidad gestora o la mutua.
A propuesta del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, el Gobierno aprobó en el Consejo de Ministros del pasado 27 de diciembre cambios en el Real Decreto por el que se regulan determinados aspectos de la gestión y control de los procesos por incapacidad temporal (IT) en los primeros 365 días de su duración. La medida pretende agilizar trámites y eliminar obligaciones burocráticas que prolongan innecesariamente los procesos, "lo que supone un importante beneficio para empresas, trabajadores y para los propios facultativos de los Servicios Públicos de Salud", según explica el propio Ejecutivo.
Más medidas laborales
La Agenda de Trabajo Digno contempla alrededor de 70 medidas con el objetivo de "combatir la precariedad y, en consecuencia, valorizar los salarios; fomentar el diálogo social y la negociación colectiva para que las soluciones encontradas reflejen las realidades concretas de cada situación; promover la igualdad en el mercado laboral entre mujeres y hombres, con nuevas medidas para fomentar el reparto real de las responsabilidades familiares; crear las condiciones para un mejor equilibrio entre la vida profesional, familiar y personal y reforzar los mecanismos de inspección, en particular con el cruce de datos para una detección más eficaz de las situaciones irregulares", defiende el gobierno.
Por ejemplo, se limita la duración de los contratos temporales, cuando se desempeña la misma función, aunque el empleador sea diferente. Se reduce a cuatro el número de renovaciones de los contratos temporales. Se reduce el periodo de prueba para los jóvenes que ya hayan tenido contratos temporales en la misma actividad, aunque sea con otro empleador. El recurso a la externalización estará prohibido durante un año tras un despido colectivo o un despido. Las prácticas profesionales pasarán a estar remuneradas al menos con el 80% del Salario Mínimo Interprofesional, y las becas de prácticas del IEFP para titulados aumentarán hasta 960 euros.
Las empresas de trabajo temporal estarán obligadas a tener una plantilla fija y se reducirá a cuatro el número de renovaciones de contrato. Las indemnizaciones por finalización de contratos de empresas de trabajo temporal pasan de 18 a 24 días por año. También se establecen normas más rigurosas y exigentes para las empresas de trabajo temporal, como la obligación de certificación, una mayor rendición de cuentas y también la exclusión de socios, administradores o directivos que hayan sido condenados por delitos laborales.
Igualmente, se refuerza la protección de los derechos de los jóvenes estudiantes-trabajadores, que ahora podrán acumular a su salario las ayudas familiares y las becas de estudio. Se duplica el valor de la indemnización por finalización de contrato de duración determinada, como forma de desincentivar la firma de contratos de duración determinada injustificados.
La normativa recoge el caso de los repartidores de plataformas digitales. Las enmiendas prevén que los trabajadores de las plataformas digitales sean considerados empleados, teniendo todos los derechos como cualquier otro trabajador. Por otro lado, las plataformas tendrán el deber de información y transparencia sobre el uso de algoritmos y mecanismos de Inteligencia Artificial en la selección y despido de trabajadores.
En materia de conciliación familiar, el permiso parental exclusivo del padre pasa de los 20 días actuales a 28 días consecutivos. Se incrementa el subsidio cuando el permiso parental se reparte a partes iguales entre padre y madre, y a partir de 120 días, el permiso puede ser utilizado a tiempo parcial por ambos progenitores, aumentando la duración total. Se crea el permiso por duelo gestacional, que puede ser de hasta tres días. El permiso por fallecimiento del cónyuge pasa de los cinco días actuales a 20. También se amplía el derecho al teletrabajo, sin necesidad de convenio, a los padres con hijos con discapacidad, enfermedades crónicas u oncológicas. El texto también explicita que en 2023 se desarrollará un proyecto piloto, de carácter voluntario y sin pérdida de ingresos de la semana de cuatro días.
