Portugal se ha convertido en el segundo país de la Unión Europea (UE) en acabar con las 'golden visa'. Para atajar la crisis de vivienda, el Gobierno luso ha puesto fin al régimen que desde 2012 concedía la residencia a cambio de compra de inmuebles, grandes inversiones o creación de puestos de trabajo.
El paso sigue al dado por Irlanda esta misma semana y forma parte de un plan de choque aprobado el jueves con el que el Ejecutivo busca atajar la crisis de vivienda que sufre Portugal y "combatir la especulación inmobiliaria", en palabras del primer ministro, António Costa. Incluye también la prohibición de nuevas licencias para pisos turísticos, excepto los rurales en municipios de zonas despobladas del país.
El aumento en los precios de la vivienda en los últimos años ha dejado a muchos residentes locales en dificultades para encontrar vivienda, particularmente en Lisboa y Oporto. Los funcionarios lusos no consideran estos visados como el principal instigador del problema pero sí reconocen que ha contribuido la compra de segundas residencias por parte de extranjeros para explotarlas posteriormente como alquileres turísticos.
Las 'visas doradas' se expedían a cambio de compras de propiedades de 500.000 euros en adelante. Los titulares obtenían el derecho a vivir en Portugal durante cinco años y después podían optar a la residencia permanente solo cumpliendo con una estancia mínima de pocos días al año.
Ahora, los 'vistos gold', en portugués, se han acabado. En cuanto a los visados ya concedidos, Costa explicó que solo se renovarán si las inversiones inmobiliarias se dedican a vivienda permanente para el propio inversor o sus descendientes o si la casa se coloca en el mercado de alquiler "de forma duradera".
Desde octubre de 2012, cuando se activó el programa para ayudar a la recuperación de la crisis financiera, Portugal ha concedido 11.535 'golden visa' que han supuesto una inversión de 6.754 millones de euros. Estos visados se hicieron especialmente populares entre los ciudadanos chinos ricos. Según datos oficiales, más de 5.000 fueron concedidas a personas de esa nacionalidad, pero también se extendieron entre ciudadanos de Brasil (+1.000), Turquía, Sudáfrica y Emiratos Árabes Unidos (en torno a 500 cada uno).
Instaura un impuesto extraordinario para los pisos turísticos
En cuanto al control de la oferta de pisos turísticos para aumentar la oferta de vivienda en alquiler, el país vecino también ha incluido en el plan de choque la prohibición de nuevas licencias para pisos turísticos, excepto los rurales en municipios de zonas despobladas del país. Las licencias ya concedidas se revisarán en 2030 y desde entonces se someterán a evaluaciones periódicas cada cinco años.
Los propietarios de estos alojamientos tendrán que pagar una tasa extraordinaria que irá dirigida a financiar políticas de vivienda y también habrá beneficios fiscales para quien, hasta 2024, pase su piso turístico al mercado de alquiler de vivienda.
Costa ha reconocido que el alojamiento local "tuvo un fuerte poder de dinamización de las ciudades, de creación de empleo" pero ha quitado empaque al al impacto que la medida puede tener en el sector del turismo, uno de los motores económicos del país.
