El dinero en efectivo es un activo muy vinculado a actividades delictivas como el blanqueo de capitales, el fraude fiscal, la financiación del terrorismo...y, por supuesto, la economía sumergida. Es por eso que a nivel estatal se vienen desarrollando diferentes vías de actuación que tienen un objetivo: neutralizar el daño que el uso indebido de ese dinero en efectivo causa a las arcas públicas.
Cada año, la Agencia Tributaria publica un Plan Anual de Control Tributario y Aduanero en el que se establecen las líneas maestras del organismo para todo el ejercicio. En el de 2023, que se puede consultar en este enlace del Boletín Oficial del Estado, el dinero en efectivo no deja de ser una prioridad.
Hacienda lo deja claro en su desglose de actuaciones de comprobación, explicando que mantendrá "su presencia en aquellos sectores y modelos de negocio en los que se aprecie alto riesgo de existencia de economía sumergida, con especial atención al uso intensivo de efectivo o al empleo de métodos electrónicos de pago radicados en el extranjero y no sujetos, de hecho o de derecho, a las obligaciones de suministro de información".
El organismo sostiene en su plan anual que las actuaciones y visitas de Hacienda tendrán una especial incidencia en los contribuyentes que:
-No admitan pagos con tarjeta bancaria.
-Cuyas rentas procedan de la entrega de bienes o prestaciones de servicios realizados directamente al consumidor final, dado que es en estos casos en los que se "incrementan los riesgos y la falta de control en cuanto a las formas de pago".
-Cuyas señales externas de riqueza, de patrimonio, de rentabilidad o información financiera "sean incoherentes o inconsistentes con respecto a las rentas declaradas".
Dentro de estos parámetros pueden incluirse distintos grupos de profesionales y, de hecho, lo normal es que Hacienda no anote referencias a algunos de ellos. Pero este año el organismo ha decidido mencionar un grupo que será sometido a especial vigilancia, el de la construcción y las reformas.
Lo explica la Agencia Tributaria en su apartado de comprobaciones fiscales: "Si bien los planes de visitas se dirigirán a sectores múltiples, se enfocará especialmente al sector de la construcción inmobiliaria, especialmente en lo que se refiere a la rehabilitación y reformas".
Son lo que Hacienda define como 'peinados fiscales', una práctica que se ha revitalizado tras lo peor de la pandemia de coronavirus, y que entre sus objetivos tiene "la obtención de información, la comprobación de la fiabilidad y calidad de la información censal, actualizándola si es preciso, y la detección de comportamientos irregulares en materia de facturación".
Esta es la vigilancia de Hacienda a los límites de pago en efectivo
En lo relativo al dinero en efectivo, Hacienda no se olvidará de otro aspecto importante a lo largo de 2023: el cumplimiento de los límites de pago en efectivo que se implantaron en la reforma de lucha contra el fraude de mediados de 2021. "El empleo de efectivo por encima de los máximos admitidos por la norma también será objeto de atención", avisa el organismo.
Hacienda se refiere a la reducción de 2.500 a 1.000 euros en las operaciones en las que cualquiera de los intervinientes actúe en calidad de empresario o profesional. El límite es de 10.000 euros "cuando el pagador sea una persona física que justifique que no tiene su domicilio fiscal en España y no actúe en calidad de empresario o profesional", explica la Ley 11/2021, de 9 de julio, que se puede consultar en este enlace del Boletín Oficial del Estado.
Las sanciones en caso de incumplimiento de estos límites son del 25% de la cuantía pagada en efectivo y que haya rebasado ese límite aprobado por la ley.
