El Consejo de Ministros aprueba la nueva revalorización del Salario Mínimo Interprofesonal (SMI), hasta los 1.080 euros brutos al mes en catorce pagas. La subida, la sexta desde la llegada de Pedro Sánchez a la Moncloa, beneficiará a dos millones y medio de trabajadores en España y lo hará con carácter retroactivo desde el pasado 1 de enero, por lo que los receptores deberán recibir una compensación en sus próximas nóminas. El objetivo es amortiguar el mordisco de los precios sobre el poder adquisitivo de las rentas más bajas, en un contexto en el que el encarecimiento de los alimentos, disparados un 15,7%, no deja de estrangular las finanzas de las familias.
La medida se sustenta en el informe de la Comisión Asesora para el Análisis del SMI encargado por Díaz y coordinado por Inmaculada Cebrián, un documento que abre la puerta una nueva revalorización antes del final de la legislatura."La Comisión considera oportuno proceder a revisar, como así permite el Estatuto de los Trabajadores, la evolución del SMI tras seis meses de su actualización, con la finalidad de evaluar su suficiencia en un contexto inflacionista", apunta el informe. Según el consejo experto, si el IPC no consigue desinflarse antes del próximo mes de septiembre, lo oportuno sería acometer una nueva actualización del SMI hasta ubicarlo en el 60% del salario medio neto de 2022. España cerró 2020 con un sueldo medio de 1.856 euros mensuales, según el informe publicado a finales del pasado año, por lo que la actualización a los 1.080 euros cumpliría de momento el objetivo.
El trabajo sobre el que se basa la estrategia del Ejecutivo fue criticado en su día por la CEOE. De hecho, el incremento aprobado este martes fue acordado con los sindicatos mayoritarios, pero no con los empresarios, con quien el Gobierno, y especialmente la ministra Díaz, han mantenido un largo y acelerado pulso durante las últimas semanas. "Desde que llegué al Gobierno no he dejado de escuchar el mantra neoliberal de que la revalorización del salario mínimo destruye empleo. No hay ningún dato que valide esta afirmación. No es verdad. Todo lo contrario", ha dicho la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, en respuesta al argumento que patronal y Partido Popular han utilizado para rechazar sumarse al acuerdo.
El presidente del Gobierno anticipó la medida sin el aval del líder de la organización de empresarios el pasado 31 de enero durante su cara a cara con el popular, Alberto Núñez Feijoó en el Senado. Desde entonces, la relación entre Antonio Garamendi y Sánchez se enturbió. El líder de la patronal no acudió al foro empresarial organizado por la propia CEOE un día más después en Rabat alegando "motivos personales", pero sí asistió a una reunión con el equipo del programa electoral del Partido Popular celebrado el 2 de febrero en Madrid.
Fractura con la CEOE
El presidente de la organización de empresarios criticó que la revalorización del sueldo mínimo no "podrá ser asumida por todas la empresas". La postura es compartida por Cepyme en uno de sus últimos informes advirtió de que la medida afectará a la contratación en las zonas más despobladas de España. En concreto, la confederación de pymes alertó de que la diferencia entre el salario medio en la provincia de Zamora y el SMI no llegará al 18%. Por su parte, Asaja denunció que la revalorización del salario mínimo será "dramática" para el campo.
Aun así, la ministra Díaz, se ha mostrado conciliadora. "Quiero dar las gracias a los agentes sociales porque están siempre a la altura, a pesar de que la CEOE no se quiso sumar, pero sí hizo propuestas y es consciente de su importancia", dijo.
En pleno debate, estalló la regularización del contrato que mantiene Garamendi con la CEOE. Según desveló elEconomista.es, su presidente -hasta ahora autónomo- modificó sus condiciones laborales y pasó a convertirse en asalariado de la entidad con un sueldo cercano a los 400.000 euros brutos al año. El asunto fue utilizado por el Ejecutivo para afear el rechazo de los empresarios al incremento del SMI. "No se puede estar reclamando sacrificios salariales a los de abajo mientas hay un festín para los de arriba", dijo Sánchez en un acto del PSOE celebrado en Málaga el pasado domingo. La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, se refirió en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, "sólo recordar a la CEOE, que la política desplegada por el Gobierno ha servido para salvar a más 150.000 empresas, a tres millones de trabajadores y esto no había pasado nunca", ha insistido.
El rechazo de la patronal a la revalorización del SMI, cerró la puerta a una posible reconciliación en pro de alcanzar un pacto de rentas, a pesar de los intentos de la ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, en tejer un clima propicio. A este empeño se ha sumado la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que se ha dirigido directamente a la patronal desde Moncloa, "pido a la CEOE, que se levantó de la mesa (del diálogo social) el pasado 5 de mayo, que se siente a negociar", ha pedido.
El propio Garamendi descartó hace días esta posibilidad señalando que el Gobierno debería haber invitado a la mesa al Partido Popular, anticipando un posible cambio de signo en el Ejecutivo tras las elecciones generales previstas para finales de año.
