El presidente valenciano Ximo Puig intenta amortiguar los efectos de su último pulso perdido con el Gobierno de Pedro Sánchez: el recorte del volumen de agua del Trasvase Tajo-Segura que riega una parte importante del sur de Alicante.
El líder socialista valenciano anunció que la Generalitat pondrá en marcha una línea de ayudas directas con las que subvencionará con 10 céntimos por metro cúbico el agua procedente de desalación para riego.
Una medida en la misma línea que la aprobada por el propio Ministerio de Transición Ecológica de subvencionar el agua obtenida mediante esta tecnología, cuyos precios multiplican hasta por ocho los del agua del trasvase, fundamentalmente por los altos costes energéticos que implica el tratamiento para desalinizar. Con la medida del Gobierno central, el precio del metro cúbico de agua salada se sitúa en 34 céntimos. Si se añade la rebaja anunciada por Puig, el precio para los regantes alicantinos se situará en 24 céntimos.
Desde los sindicatos agrícolas, como Asaja Alicante, se considera que las ayudas no solucionan la diferencia de costes y abocan a la desaparición precisamente de cultivos menos productivos pero con mayor valor ecológico.
Aunque el presidente valenciano insistió durante la sesión de control en Les Corts que el trasvase Tajo-Segura "es irrenunciable", rebajó el tono de las reivindicaciones. Aunque no despejó si la Generalitat Valenciana acudirá a los tribunales ante las preguntas de los partidos de la oposición, sí que desveló que ha encargado a la Abogacía de la Generalitat un informe de todo lo que se considere "lesivo" del decreto .
"Haremos valer esa reivindicación ante el Gobierno con diálogo y con todos los medios necesarios, incluidos los legales", afirmó para no cerrar ninguna puerta ante el fuerte descontento que el hachazo al trasvase ha provocado en la provincia de Alicante.
