El gobierno en minoría de Pere Aragonès en la Generalitat de Cataluña quema esta semana el último cartucho para intentar sacar adelante los Presupuestos catalanes de 2023, que cada vez tienen más complicado lograr apoyos conforme se acercan las elecciones municipales de finales de mayo y entran en juego los cálculos partidistas.
Ante un bloqueo real de las cuentas autonómicas de este año, tras haber sido infructuosos los contactos de alto nivel entre Aragonès y el líder del PSC, Salvador Illa, el Ejecutivo catalán repitió este lunes la cita con patronales y sindicatos que realizó a finales de noviembre para añadir presión en favor de un acuerdo político.
Dicha cita sirvió para que el Govern incidiese en lo que está en juego si Cataluña se ve abocada a una prórroga presupuestaria permanente en 2023, pero como los agentes sociales no tienen escaños, también desveló su última esperanza para recabar apoyos políticos: que ERC llegue a un acuerdo con el PSC en una moción sobre movilidad en el las comarcas barcelonesas del Vallès que los socialistas catalanes llevarán este jueves al pleno del Parlament.
Y es que, según la Generalitat, el único punto que impide el apoyo del PSC a los Presupuestos de la Generalitat para 2023 es la exigencia de que se ejecute el proyecto de la carretera B-40 entre Sabadell y Terrassa, de menos de 10 kilómetros de trazado.
Se trata de una infraestructura pendiente desde hace décadas en el área metropolitana de Barcelona, pero la administración catalana defiende ahora que el proyecto ha quedado desfasado y que la necesidad de mejorar las conexiones de transporte en la zona se puede lograr a través de vías secundarias existentes y de más opciones de transporte público.
En cualquier caso, en una enmienda a la moción socialista, ERC pide pactar con el Ministerio, dentro de este primer semestre del año, una solución aceptada por los ayuntamientos y sin descartar ninguna opción.
La consejera de Presidencia, Laura Vilagrà, reconoció ayer que la negociación presupuestaria se encuentra "en un punto complejo", y por ello apeló a la necesidad de un acuerdo "cuanto antes" por estabilidad, solvencia y responsabilidad.
Y es que sacar adelante las políticas autonómicas planificadas para 2023 sin el marco de unos nuevos presupuestos aboca a un infierno legislativo para el Ejecutivo de ERC en solitario, que con solo 33 diputados, frente a los 68 que conforman la mayoría en el hemiciclo catalán, debería buscar apoyos a varias bandas entre el resto de formaciones para cada aspecto individual, acercando el escenario de adelanto electoral si el grueso de las iniciativas republicanas son bloqueadas por la oposición.
De momento, la Generalitat ha alcanzado un pacto con En Comú Podem para las cuentas de este año, pero la formación morada solo dispone de 8 diputados, por lo que son necesarios los escaños de PSC (33) o Junts (32) para alcanzar la mayoría. Aragonès desearía contar con el beneplácito de ambos, algo improbable teniendo en cuenta que Junts rompió la coalición con ERC en el gobierno autonómico por la falta de avances en la hoja de ruta independentista.
En cualquier caso, desde la Generalitat destacan que ya han acordado 54 medidas con Junts por valor de 2.600 millones en cinco ámbitos, y 187 medidas con el PSC por 5.120 millones en 12 ámbitos. Los socialistas añaden exigencias extrapresupuestarias como desbloquear la ampliación de El Prat y el Hard Rock en Tarragona.
Patronal y sindicatos piden pacto para no perder 3.842 millones
Es la cifra de gasto adicional que prevén los Presupuestos catalanes de 2023, que superan por primera vez los 40.000 millones, y llegan a los 41.025, un 10,7% más que en 2022. Las inversiones se sitúan en los 2.794 millones, a los que se añaden otros 1.185 de los fondos europeos Next Generation, repasaba este lunes la consejera de Economía, Natàlia Mas.
Foment del Treball, Pimec, UGT y CCOO constataron el bloqueo actual y apelaron a la responsabilidad política para alcanzar un pacto y poder impulsar mejoras económicas y sociales.
Collboni (PSC) 'deja' a Colau ante el 28M
El clima de año electoral que ya impregna la política por los comicios municipales del 28 de mayo y los generales para finales de 2023 se evidenció también este lunes con el anuncio de dimisión del primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Barcelona, el socialista Jaume Collboni, para centrarse en su campaña como alcaldable de la capital catalana.
El PSC continuará dando apoyo al gobierno municipal de Ada Colau, pero su primer espada se retirará con efectos desde el 1 de febrero para disputarle el báculo a la líder morada, que opta a la reelección.
La oposición criticó de forma generalizada el paso al lado de Collboni para dedicarse a la carrera electoral renunciando a su labor en el consistorio, en la que se incluye la cartera de asuntos económicos, pero Collboni argumentó su decisión para poder preparar su candidatura "con la máxima libertad" y sin renegar de la acción que ha desempeñado hasta ahora en el gobierno local.
Abandono por 'whatsapp'
La retirada de Collboni fue anunciada de manera tan apresurada que el político socialista reconoció que no había podido comunicárselo en persona ni por teléfono a la alcaldesa, Ada Colau, por lo que le informó a través de whatsapp a la espera de reunirse "con tranquilidad" en las siguientes horas.
En sus primeras explicaciones públicas, ya marcó distancias reivindicándose como nuevo alcalde para "pasar página de propuestas excluyentes, partidistas y cerradas". Sus responsabilidades hasta el final de la legislatura las asumirá la tercera teniente de alcalde, la también socialista Laia Bonet.
