Como ya anunció elEconomista.es, el próximo día 20 de febrero, hasta el 22, la Comisión de Control Presupuestario del Parlamento Europeo desembarcará en España con la intención de evaluar la implementación de los fondos Next Generation, derivados del Plan de Recuperación y Resiliencia, y cuyo borrador, al que ha tenido acceso elEconomista.es, propone reunirse con hasta cuatro ministros del Gobierno de Pedro Sánchez.
Se trata de María Jesús Montero -ministra de Hacienda-, Reyes Maroto -ministra de Industria y Turismo y candidata del PSOE al Ayuntamiento de Madrid-, José Luis Escrivá -ministro de Inclusión y Seguridad Social- y, Nadia Calviño, ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, con especial interés por parte de la Comisión por la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial.
El foco de esta institución europea estará puesto fundamentalmente en la gestión que el Gobierno de España ha hecho sobre estas ayudas a lo largo de 2021, cuando nuestro país recibió alrededor de 11.000 millones de euros, y cuyo grado de ejecución quedó plasmada en el balance de fondos presentado en la Comisión Mixta del Congreso de los Diputados, siendo 1.048 millones los que llegaron a la economía real entre convocatorias públicas, resueltas y pagadas, de 10.846 millones de euros.
Fuentes parlamentarias de la UE insisten en el carácter fiscalizador de estos encuentros que tendrán lugar en Madrid, y que no solo se suscriben a las reuniones con cuatro ministros del gabinete de Pedro Sánchez.
Además de los titulares de estas principales carteras, la Comisión de Control Presupuestario quiere hablar con Mercedes Caballero -secretaria general de los Fondos Europeos-, Rocío Frutos -exdirectora general del Plan de Mecanismo de Recuperación y Resiliencia-, Jorge Fabra Portela -actual director general del PRTR- y, quien entre los años 2018 y 2021 trabajó en Moncloa como asesor de asuntos económicos de Pedro Sánchez.
Además, el Parlamento también quiere escuchar a la Agencia Tributaria, la Intervención General de la Administración del Estado (IGEA), al Servicio de Coordinación Antifraude y, al Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía.
En cuanto a autoridades autónomas, y a propósito a la cogobernanza, la Comisión que dirige Monika Holhmeier, también quiere conocer la opinión de Javier Fernández Lasquetty -consejero de Economía y Hacienda de Comunidad de Madrid, así como la de los consejeros del ramo de Andalucía, Castilla-La Mancha, Aragón y Extremadura.
Respecto a los agentes sociales, el Parlamento Europeo quiere conocer a opinión de la CEOE -en concreto de su Oficina de Fondos Europeos-, ATA, Anfac, Ametic, UGT-FICA, la Asociación Española de la Banca y, las consultoras Ernst & Young y, PriceWaterhouseCoopers (PWC).
