El secretario general de CCOO, Unai Sordo, está "prácticamente convencido" de que las negociaciones sobre la segunda fase de la reforma del sistema de pensiones se extenderán a 2023, ya que "no hay tiempo material" para cerrar un tema tan "complejo" antes de fin de año.
"La negociación ha ido muy lenta en este último mes y tiene muchas materias todavía por resolver, por lo que yo creo que no es realista pensar que se van a resolver en esta semana", ha dicho Sordo este lunes, en una entrevista con RNE.
El líder de CCOO ha señalado que en estas negociaciones se abordan "cuestiones de mucho interés" para los sindicatos, entre las que ha citado las mejoras de ingresos para la Seguridad Social, el destope de las bases máximas de cotización, la mejora de las pensiones mínimas o el alargamiento del Mecanismo de Equidad Intergeneracional.
Sin embargo, Sordo considera que estas medidas son "muy compartidas" dentro de la mesa de diálogo, salvo una que "distorsiona la negociación" y es la relativa al periodo de cálculo.
El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones propuso a los agentes sociales ampliar progresivamente el periodo de cómputo de la pensión a 30 años, pero descartando los dos peores años cotizados, lo que significaría que la pensión se calcularía con los mejores 28 de cotización dentro de un periodo total de 30 años.
Sordo ha vuelto a recordar este lunes que los sindicatos se oponen a este medida, entre otras razones, porque "no hay consenso político" y tampoco aparece en las recomendaciones del Pacto de Toledo.
El secretario general de CCOO ha restado importancia al retraso de las conversaciones y ha defendido que una reforma "con efectos a décadas vista" requiere "de negociación y de acuerdo político". Además, tampoco cree que la demora vaya a afectar al desembolso de los fondos europeos.
La CEOE, "muy regresiva"
Sordo también aseguró que aprecia una "actitud bastante regresiva" en la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), en comparación con la pandemia, y considera que será "cada vez más difícil" llegar a acuerdos con la patronal.
Sordo considera que una parte del empresariado español se está "contaminando del clima político" y prevé que mantendrán esas posiciones "de aquí a las elecciones generales".
"Ojalá me equivocase porque hemos sido un contrapunto al clima de tensión de las derechas", ha comentado el líder de CCOO. En su opinión, "los costes de la inflación se tienen que repartir entre los recursos públicos, los salarios y los beneficios empresariales. CEOE se quiere borrar para que repercuta en los recursos públicos y los salarios de forma casi exclusiva", ha asegurado.
El secretario general de CCOO ha criticado la "falta de corresponsabilidad importante" del empresariado español y ha lamentado que sean los salarios de la clase trabajadora "quienes están pagando el pato" de esta crisis.
Escrivá prevé extender las negociaciones a 2023
El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones no descarta que la segunda pata de la reforma de pensiones, que aborda el destope de las bases máximas y la pensión máxima y la mejora de la cobertura de las lagunas de cotización para carreras irregulares, supere el plazo inicial que se había comunicado a Bruselas, 31 de diciembre de este año, con el objetivo de que su aprobación se base en un acuerdo con los agentes sociales.
Así lo trasladaron fuentes del Departamento que dirige José Luis Escrivá a Europa Press el pasado viernes, aunque insisten en que aún no renuncian a tener esta reforma en plazo y que, si éste se supera, no existirían problemas con la Comisión Europea, como no los hubo cuando la reforma del nuevo sistema de cotización para autónomos se pactó unas semanas más tarde de lo establecido en el Plan de Recuperación.
Para el Ministerio, lo importante es que esta segunda parte de la reforma de pensiones sea fruto del acuerdo con sindicatos y empresarios, como lo fue la primera parte de la reforma, en la que se estableció, entre otras medidas, la revalorización anual de las pensiones con el IPC.
Sobre la mesa figura la propuesta que el Gobierno presentó a CCOO, UGT, CEOE y Cepyme a finales del mes de noviembre. En dicha propuesta inicial, el Ejecutivo planteó a los agentes sociales una ampliación progresiva del periodo de cálculo de la pensión de 25 a 30 años, descartando los dos peores años de cotización, de forma que la pensión pase a calcularse con los mejores 28 años de cotización dentro de un periodo total de 30 años.
En concreto, según la propuesta inicial del Gobierno, el planteamiento del Gobierno es que el periodo de cálculo se vaya ampliando en cinco meses cada año del periodo 2027-2038, pudiendo escoger el trabajador los tres meses más favorables a su cotización y descartar dos.
A los sindicatos no les gustó nada esta propuesta, no sólo porque acaba de finalizar la ampliación anterior, que situó el periodo de cálculo en 25 años, sino porque no cuenta con respaldo político suficiente, ni dentro del Parlamento, ni dentro del propio Ejecutivo de coalición.
Seguridad Social, por su parte, sostiene que no se ha sacado esta propuesta "de la manga", pues ampliar los años que se toman para calcular la pensión es un compromiso adquirido en el Plan de Recuperación remitido a Bruselas.
