España arrastra un serio problema en cuanto a libertad económica. Nuestro país no ha dejado de perder puestos durante los últimos años, especialmente este 2022 cuando nos situamos seis puntos por debajo de las medias de la OCDE o de la Unión Europea, según el índice elaborado por la Fundación Heritage y The Wall Street Journal.
Desde el Instituto de Estudios Económicos (IEE), apuntan al elevado nivel de fragmentación normativa, según el think tank, esto provoca "incertidumbre e inseguridad jurídica, reflejado, por ejemplo, en un aumento de la litigiosidad, que no solo implica costes adicionales, sino que afecta negativamente a la confianza de los agentes y, por tanto, al dinamismo de la actividad económica".
La caída de España al puesto 41 se produce en un momento clave en la atracción de proyectos internacionales. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, mantiene su 'road show' con distintas multinacionales en busca de inversiones. El pasado miércoles, el jefe del Ejecutivo se reunió con con los máximos ejecutivos de la industria farmacéutica mundial para abordar su posible aterrizaje.
En paralelo, el Consejo de Ministros redobló el pasado martes su apuesta por el Perte Chip, que busca seducir a las grandes multinacionales tecnológicas con la movilización de otros 12.250 millones de euros procedentes de las transferencias adicionales y los préstamos europeos procedentes de la adenda al Plan de Recuperación que el Gobierno presentará a la Comisión Europea en enero de 2023. El departamento que dirige la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, reconoció el miércoles que la complejidad del mecanismo ha despertado la incertidumbre entre los inversores. Por ello, el Gobierno lo financiará a través de los créditos europeos en un 88%. El Perte cuenta con "un gran volumen de préstamos debido a la incertidumbre sobre los proyectos y la forma de financiación", según el documento de detalle remitido por Economía.
En contra, otros competidores comunitarios por albergar nuevas factorías de semiconductores, cuentan con una mayor percepción del dinamismo de la actividad económica. Irlanda, Países Bajos, o Alemania, se sitúan por encima del corte de los 100 puntos que marca la media de las economías desarrolladas. También las repúblicas bálticas, con sus virtudes y deficiencias, mantienen el tipo en cuanto a libertad económica. Estonia, con 110 puntos, es el quinto país con mayor puntuación. Lituania y Letonia aventajan a España entre 11 y 9 puntos. La situación empeora para otros grandes del euro, como Francia, Italia y Grecia. The Heritage Foundation otorga calificaciones inferiores a la española, con 90,6, 90 y 84,6 puntos, respectivamente.
El IEE afirma que el mal papel de la economía francesa en el índice se debe al contagio que la fragmentación normativa que España ha tenido sobre su vecino del norte. "Tiene efectos indirectos en nuestros socios europeos, en especial en aquellos con más vínculos comerciales, como puede ser el caso de Francia", afirma el informe.
No es el único defecto que deprime la imagen de nuestra calidad normativa. España suspende especialmente en carga impositiva, el gasto público y la salud fiscal. Por el contrario, el Índice de Libertad Económica 2022 revela que todas aquellas variables dependientes de nuestra pertenencia a las instituciones europeas compensan el lastre de aquellos aspectos "influidos por políticas implementadas en clave nacional". El informe no cuenta con el impacto derivado del bloqueo de la renovación del Tribunal Constitucional que ha revolucionado la percepción de la seguridad jurídica española durante los últimos días.
La libertad de empresa eleva crecimiento
España recuperó en 2022 parte del terreno perdido en libertad de empresa. El índice, muy influido por la regulación, remontó hasta los 93,3 puntos, según el indicador realizado por la Fundación Heritage. En 2021, apenas alcanzamos los 86,3 puntos. Aun así, la marca obtenida este año se encuentra por debajo de la media de países que componen la Unión Europea (UE) y también de la cifra global de la OCDE.
"Las diferentes Administraciones Públicas debieran considerar como prioridad el adoptar medidas y políticas tendentes a potenciar la libertad de empresa", apunta el documento del Instituto de Estudios Económicos (IEE). Sus expertos recuerdan la relación del indicador con "mejoras en rentas, crecimiento económico, progreso, nivel de vida o mejoras medioambientales, entre otros factores, que se traducen en el mayor bienestar de una sociedad".
Hace unos días, la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, anunció una prórroga de la moratoria concursal puesta en marcha en 2020 para los años 2023 y 2024 . La medida dará más tiempo a las empresas para reequilibrar sus balances. De esta manera, las pérdidas derivadas del parón de la pandemia no computarán a la hora de determinar si una empresa debe declarar o no un concurso.
La medida supone un alivio para aquellos sectores más afectados por la emergencia sanitaria derivada del estallido del Covid. Según explicó la titular de Asuntos Económicos, se podrán acoger a la medida todas las empresas, "los sectores que se vieron más afectados por la pandemia como el turismo, transporte, hostelería, etc, estas son las empresas que han registrado pérdidas muy importantes durante 2020 y 2021 a pesar de todas las ayudas que se dieron", dijo Calviño durante su anuncio.
