El Gobierno aprueba la adenda al plan de Recuperación que movilizará 94.300 millones de euros y que presentará a la Comisión Europea a principios de 2023. De ellos, 7.700 millones proceden de transferencias adicionales, otros 84.000 millones de euros de préstamos y 2.600 millones añadidos que irán destinados a consolidar medidas de autonomía energética dentro del marco del mecanismo RepowerEU. Para aterrizar estos recursos, el Ejecutivo ha diseñado un plan de inversiones y reformas que se sostendrán sobre cinco pilares estructurales que pivotarán sobre la energía, la agroalimentación, la industria, la tecnología y la digitalización.
Economía dedicará la totalidad de las transferencias y 18.600 millones de los préstamos europeos a reforzar los Pertes aprobados a lo largo de los últimos meses. 26.300 millones, de los que 12.200, un 46,4%, irán a fortalecer el Perte Chip aprobado el pasado mes de mayo con la intención de seguir atrayendo proyectos e inversiones para la fabricación de semiconductores en España, como la gigafactoría de Volkswagen en Sagunto, que generará 15.000 puestos de trabajo. "Es el mas dotado porque España ha decidido que no quiere quedarse atrás en la evolución de los microchips donde Europa esta llamada a ser protagonista", afirman fuentes del Ministerio de Economía
La adenda apuesta también por los proyectos destinados a desplegar energías renovables, hidrógeno verde y almacenamiento. El perte ERHA recibirá 10.475 millones de euros. También el plan de impulso al desarrollo del Vehículo Eléctrico contará con el desembolso de 4.295 millones de euros. El resto del capítulo irá destinado a financiar los Pertes dedicados a la digitalización del agua, economía de los cuidados, salud, cadena agroalimentaria, economía de la lengua, aeroespacial, economía circular y sector naval.
La banca filtrará el acceso a los 15.000 millones en créditos europeos que gestionará el ICO
Además, el Gobierno crea uno específico para la descarbonización de la industria, dotado con 3.100 millones de euros. La adenda incluye una partida de 70 millones de euros para la contratación de consultoras y la creación de oficinas provinciales con la meta de agilizar la ejecución del plan, y destinará otros 50 millones a redirigir la formación de los trabajadores hacia estos sectores estratégicos.
El resto de novedades se dividirán en fondos destinados a canalizar otros 65.325 millones procedentes de los préstamos. Se establece un bloque de 20.000 millones de euros para inversiones sostenibles en las comunidades autónomas, que deberán ser utilizados en vivienda social, transporte sostenible, competitividad turística o impulso del comercio y pymes. Por su parte el ICO volverá a tener un papel protagonista en el apoyo a las empresas, que podrán acceder a los 15.000 millones en préstamos a través de las entidades bancarias que actuarán como filtro de los proyectos presentados. "Harán una selección de los proyectos desde punto vista del riesgo crediticio", confirmaron fuentes del ministerio de Asuntos Económicos.
El Ejecutivo despliega además dos fondos muy ligados a reformas estructurales adoptadas a lo largo del 2022. Dedicará 9.000 millones a la financiación de la reforma de la inclusión social y del Ingreso Mínimo Vital, en respuesta a las recomendaciones de Bruselas. La adenda al Plan de Recuperación reserva otros 5.000 millones de euros al mecanismo RED que incluye la reforma laboral. El objetivo es impulsar la formación y recualificación de los trabajadores.