La Ley de Empleo, con la que el Gobierno pretende dar respuesta al 'componente 23' que incluye el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, sigue su camino en el Congreso de los Diputados. No obstante, la norma -imprescindible para recibir el desembolso de los fondos 'Next Generation'- se presenta como una medida más estética que efectiva. Según Fedea, el texto ofrece objetivos con "los que es difícil no estar de acuerdo", pero un articulado que "no se corresponde con tan ambicioso proyecto".
La iniciativa trata de mejorar la coordinación entre entre la oferta y la demanda del actual mercado laboral. En concreto, se marca como meta una mayor armonía entre las necesidades que las empresas incluyen en sus ofertas de trabajo y las características de los candidatos a cubrirlas. Para ello, propone mecanismos de formación más precisos en línea con lo exigido por la Comisión Europea.
Una batería de buenas intenciones que no cuentan con los medios financieros ni humanos para llevarse a cabo, según Fedea. En su análisis, el profesor Miguel Ángel García Díaz destaca todas y cada una de las cuestiones que el texto no resuelve.
Quizá una de los grandes vacíos se presenta en la propuesta de transformación del SEPE en la Agencia Española del Empleo. La iniciativa no explica las ventajas de este cambio más allá de prometer una mayor agilidad y flexibilidad de la gestión. Tampoco concreta cómo se financiarán el resto de medidas que incluye el texto, ni la obtención de los recursos necesarios para llevarlas a buen puerto. "La experiencia demuestra que la repetición de un deseo de forma hablada o escrita", afirma la entidad en su informe, "no se convierte en realidad por el mero hecho de hacerlo, aunque se recoja en el BOE".
Falta de concreción
El documento cuestiona los pilares sobre los que sustenta la ley. Impone una serie de obligaciones a los servicios públicos de empleo y a los usuarios que la entidad considera "desequilibradas". A los primeros les aplica compromisos muy concretos a cumplir en plazos breves "no realistas", mientras que a los segundos no les detalla plazos y se encomienda al posterior desarrollo reglamentario de la norma.
El análisis apunta también a la "falta de concreción" de la coordinación que la iniciativa demanda a las administraciones públicas. En este apartado, el proyecto de ley dicta una relación entre los servicios autonómicos de empleo y la Administración General de Estado, un punto difícil de llevarse a cabo ya que según recuerda la entidad "no existe en la práctica".
La falta de armonía entre los gobiernos central y autonómicos dificulta el intercambio de información necesaria para cumplir los criterios que exige el Gobierno en su texto, afirma la entidad, que echa en falta aclaraciones sobre la forma en la que esa colaboración debe llevarse a cabo.
Más recursos humanos y materiales
La norma tampoco establece cuáles son las necesidades que el actual tejido productivo demanda para cubrir las vacantes, ni el camino que los servicios públicos recorrerán para acceder a esa información a través de los tutores que orientarán a los demandantes de empleo. "No está acompañada de la disposición de los recursos necesarios, debilita la solidez y la utilidad de la norma", añade.
La ausencia de detalles alcanza a otros de los puntos clave de la iniciativa, como la mejora del Portal Único de Empleo para dotarlo de mayor utilidad, o la manera de conseguir que los programas formativos para desempleados se adecúen a las necesidades de la personas y de las empresas.
"El texto utiliza el concepto de itinerario formativo y luego de formación profesional en el trabajo, sin concretar cuál es su contenido, cómo se articula y sin especificar cómo se puede ligar con las competencias de las personas", añade García en su análisis, que considera más útil acometer una modernización de las herramientas actuales y reforzar los medios materiales y humanos de servicios de empleo.
