El 60% de los diputados españoles y casi el 80% los senadores vulneran la obligación de publicar su agenda. En su artículo 6 del Código de Conducta de las Cortes se impone a los miembros de ambas Cámaras la obligación de hacer pública su agenda institucional a través del Portal de Transparencia habilitado para ello en cada uno de los dos casos. La normativa menciona específicamente la obligación de incluir las reuniones con representantes de lobbys y grupos de interés, pero tanto el Congreso como el Senado parecen hacer caso omiso por ahora de ello.
La Oficina de Conflicto de Interés resalta en su último informe, al que ha tenido acceso elEconomista.es, que pese a la puesta en marcha de las aplicaciones necesarias para detallar tanto su agenda institucional como personal, "a 1 de septiembre de 2021, el total de miembros del Congreso que ha hecho uso de esta posibilidad es de 143, de los que 62 optaron por publicar únicamente su agenda parlamentaria, tres únicamente su agenda personal, y 78 tanto una como otra". Y mucho peor aún es la situación en el Senado. "207 miembros de la Cámara Baja no han hecho uso todavía de esta posibilidad de publicar alguna clase de agenda", pese a que existe obligación de hacerlo desde octubre de 2020, según se resalta en el informe.
Reunión con los 'lobbies'
El pasado mes de julio, el Congreso instó específicamente ya a los diputados a publicar sus reuniones con los lobbies tras detectar que solo lo hacían siete de los 349 que componen la Cámara. Algo que se repite también en el Senado, donde solo 17 de los miembros de la Cámara Alta lo notifican a través de las aplicaciones habilitadas para ello.
El Código de Conducta de las Cortes, entre los apartados 1 y 3, recoge la prohibición a los miembros de las Cortes de aceptar obsequios, favores y/o servicios que "les fueran ofrecidos por razón de su cargo o puedan razonablemente percibirse como intento de influir en su conducta, y en todo caso los que tengan un valor superior a 150 euros, salvo regalos personales de amigos y familiares o acordes a los usos y costumbres y desvinculados de la actividad política". Según el informe de la Oficina de Conflicto de Intereses, 120 diputados y 42 senadores reconocen haber "recibido regalos u obsequios normales dentro de los usos familiares y sociales", resaltando que esto no ha condicionado en ningún momento su actividad política ni supone un conflicto de intereses.
Donaciones y herencias
Tan solo en 10 casos se consignan datos individualizados de una operación concreta y salvo en tres de ellos, se trata de herencias o de donaciones de los padres. Las primeras no hay obligación de declararlas, puesto que la herencia es una forma de adquirir el dominio distinta de la donación. "Significa todo lo anterior que ha sido muy reducido el número de operaciones de verdadera donación consignadas", se asegura en el informe. Y en el Senado, la situación es también prácticamente la misma.
En cuanto a la declaración de intereses económicos, el informe deja claro, en cambio, un alto grado de cumplimiento. "El 94,55% de los diputados y el 87,05% de los senadores la cumplieron dentro de plazo y la totalidad de los obligados, en los siete días naturales siguientes a su conclusión", se asegura.
Sin embargo, la Oficina ha detectado "problemas prácticos" a la hora de cumplimentar este apartado. Al parecer, muchos interpretaron que no era necesario declarar cargos, mandatos o actividades públicas en general o que no tenían por qué hacerlo si se trataba de actividades incluidas en las declaraciones de actividades o bienes y rentas. A todos ellos se les ha recomendado que incluyan todos esos datos aunque ya estuvieran en su declaración de actividades o bienes.
Medidas insuficientes
La Oficina de Conflicto de Intereses admite que no es suficiente con poner la tecnología a disposición de los diputados para que hagan públicas sus agendas y que se debe promover activamente la utilización de las aplicaciones. El artículo 6.2 del Código resalta que "las agendas institucionales a publicar deben incluir las reuniones con los grupos de interés". El objetivo principal es la transparencia y que se evita una influencia "por oculta, indebida o extralimitada de los grupos de interés", alega el informe. Así, será la experiencia la que permita valorar si "en nuestro sistema político se dan o no efectivamente esas interacciones".
