Ocho de cada diez pymes de menos 50 trabajadores que perciben bonificaciones a la Seguridad Social por convertir en indefinidos contratos en prácticas o de relevo lo hubieran hecho igualmente sin recibir ayudas públicas. Este 'efecto peso muerto' supuso una "ineficiencia" de casi 48 millones de euros entre 2012 y 2019, según las estimaciones del Tribunal de Cuentas. El 81% del total del gasto.
Estas ayudas se introdujeron en la reforma laboral de 2012 con el objetivo de que las pequeñas y medianas empresas optaran por hacer fijos a los contratos de aprendizaje o para sustituir a los trabajadores que se jubilaban. A pesar de los cambios en la reforma laboral respecto a los contratos en prácticas, los incentivos siguen vigentes con el mismo diseño.
El informe del máximo órgano fiscalizador se centra en los años 2018 y 2019, ya con el Gobierno de Pedro Sánchez, aunque utiliza los datos de años anteriores y posteriores para completar su análisis. Según el informe, hasta 2019 las ayudas habrían beneficiado a 43.303 empresas, con un coste de 57,8 millones de euros.
Pero como las ayudas tenían un límite temporal de 3 años, el análisis del Tribunal sobre su impacto en la creación de empleo estable se circunscribe a los contratos firmados hasta 2017.
En este sentido, destaca que el 30% de los contratos no llegaron a agotar la bonificación. Eso sí, la duración media de los contratos se sitúa en 2,56 años, frente a los 2,14 de los no bonificados, un 19,63% más.
Además, la duración media de los contratos convertidos en indefinidos que continúan vigentes una vez finalizado el periodo de tres años de la bonificación ha sido un 14,04 % superior a la de los contratos no bonificados, "por lo que podría concluirse que este incentivo ha sido positivo en la vigencia posterior a la bonificación de los contratos convertidos".
Sin embargo, estos resultados positivos quedan desdibujados por el hecho de que "la gran mayoría" de los contratos no llegaron a convertirse en indefinidos. El porcentaje de conversiones bonificadas fue de un 18,42% de media, con una horquilla entre 2012 y 2017 del 14 al 21 % del total de los celebrados.
Sin embargo, el porcentaje es muy superior a la franja de contratos convertidos no bonificados, que no superó el 4%.
Tampoco parece haber conseguido sus objetivos a la hora de incentivar el empleo femenino en las empresas de menor tamaño. Por ello, el incentivo es superior para las empresas que conviertan en indefinidos contratos celebrados con mujeres. Sin embargo, no solo se han convertido en indefinidos más contratos con hombres que con mujeres, sino que la "representatividad" del colectivo de mujeres ha mermado ente los trabajadores con contratos convertidos.
Peso muerto y duplicidades
Pero la parte más dura del informe es la que detalla la eficacia de las ayudas para las empresas, que revela un "acusado efecto peso muerto", ya que el 81,04% de aquellas "habrían convertido los contratos en indefinidos incluso en ausencia de estos incentivos".
Esto, trasladado al gato de las ayudas suponen una "pérdida de eficiencia" de 47,6 millones de euros sobre el total de 57,8 millones de euros hasta agosto de 2019.
Además, se da una duplicidad de estas bonificaciones con otras ayudas autonómicas con el mismo objetivo. De hecho, el 44% de las empresas que compatibilizaron ambas ayudas reconocen que en la conversión pesó más el incentivo de su comunidad que el estatal, lo cual hacía innecesario este último. Aunque este grupo es mucho más reducido, y el gasto inútil se limita a 1,3 millones de euros.
Este resultado contrasta con la voluntad explícita del Gobierno de entonces de reformar las políticas activas para fomentar la eficiencia del gasto. Sin embargo, el Tribunal de Cuentas critica que no se estableció "un plan estratégico, informe, memoria o documento donde se definan los indicadores, ratios, estándares u otros instrumentos para valorar la eficacia de estas bonificaciones en la consecución de los objetivos que se pretendía alcanzar".
Pone deberes a Díaz
El Tribunal apunta que los problemas de coordinación entre el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), la Tesorería General de la Seguridad Social y la Inspección de Trabajo detectados en estas bonificaciones podrían ser extrapolables al resto.
Por este motivo, pide al Gobierno que tenga muy presentes sus advertencias en la reforma de las políticas activas que promete el componente 23 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Dicho apartado incorpora el diseño de un plan estratégico sobre las bonificaciones.
En él, a juicio del organismo fiscalizador, debe valorarse la eficacia de los programas "en la consecución de los fines perseguidos". Para ello se deben definir "de forma precisa" los objetivos a alcanzar y los indicadores para medir su éxito. Solo así se podrá efectuar un seguimiento y control del grado de eficacia y eficiencia de las actuaciones.
Asimismo, se tendrá que "promover la realización de evaluaciones periódicas, tanto internas como externas" de las ayudas y de su gestión, precisamente para detectar posibles efectos peso muerto con el fin de decidir cómo se reconducen, refuerzan o incluso "suprimen" las bonificaciones.
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