Las familias de la clase media española están asumiendo un coste de hasta 800 euros de más en sus bolsillos por la nula actualización de los tipos del Impuesto sobre la Renta según los actuales niveles de inflación. La tasa de precios, como poco, acabarán este año entre el 9 y el 10% de promedio.
Así lo defiende el informe realizado por los economistas Daniel Lacalle y Ignacio Ruiz Jarabo, sobre la tesis de un salario medio de unos 26.832 euros, que con un 10,2% de tasa de inflación soporta un sobrecargo de 499 euros, cuantía que, en el caso de una renta de 30.000 euros, alcanzaría un sobrecoste de 600 euros. Para Javier Santacruz, ese calculo se podría elevar incluso hasta incluso los 1.000 euros, también teniendo como referente una inflación máxima media del 10%.
María Crespo, fiscalista y profesora de Derecho Tributario en la Universidad de Alcalá de Henares aborda este mismo análisis. Y así, con una inflación del 9% dejaría un castigo de hasta 800 euros para rentas a partir de 60.000 euros, y de unos 400 euros cuando fueran rentas entorno a 35.000 euros anuales.
Pérdida de competitividad
Desde el Instituto de Estudios Económicos, Gregorio Izquierdo determina que "si se deflactara la totalidad de los elementos del impuesto con la inflación actual a los contribuyentes con menos de 30.000 euros de ingresos, el coste para la Administración (central y autonómica) podría estimarse en un orden cercano a los 1.000 millones de euros.
El hecho de que esta cifra sea relativamente baja se explica porque en España los contribuyentes que ganan más 30.000 -aclara-, es son menos de una cuarta parte del total de contribuyentes pero aportan cerca de tres cuartas partes del total de recaudación, ya que la progresividad del IRPF en España.
El problema -puntualiza Izquierdo- es que el exceso de gravamen, entendido como las distorsiones que provoca el sistema fiscal sobre las decisiones de los individuos, que es mucho mayor en los colectivos con renta superior a la media, se ve agravado por la progresividad en frío, con lo que no deflactar el impuesto para este colectivo supone una importante perdida de eficiencia económica, con la consiguiente reducción de incentivos a los agentes y pérdida de competitividad fiscal de nuestro sistema tributario".
En la actualidad, el sistema fiscal español comparte la recaudación del impuesto sobre las rentas, IRPF, y por tanto de la deflactación del mismo si se hiciera -lo que hoy es centro de la batalla política-, al 50-50% entre Comunidades Autónomas y Estado. Moncloa le da ahora la razón a Podemos.
En el caso de la Administración Central, con seis tramos y tarifas que van desde el 9,5 al 24,5%, el Gobierno se ha opuesto, al menos hasta el cierre de esta edición, a llevar a cabo una deflactación de las rentas de la clase media como en su día pidió el Partido Popular y el miércoles anunció Ximo Puig, presidente de la Comunidad de Valencia, como consecuencia del encarecimiento del nivel de vida, y del efecto que sobre el IRPF puede tener en el cambio de tramos, un aumento de sueldo.
Y es que no todos los fiscalistas comparten que la tasa de inflación sea el referente a aplicar sobre la deflactación del IRPF. Es el caso de Luis del Amo, secretario técnico del REAF, y para quien una deflactación de rentas debe tener en cuenta antes la actualización del aumento de salarios por encima de la inflación, aunque este alcance a cualquier objeto de consumo.
Mantiene una tesis parecida Leopoldo Gandarias, quien sostiene lo que hay que hacer es actualizar el aumento de los salarios para dejar intacto el esfuerzo fiscal, porque se si aplica el IPC, eso supone una rebaja del impuesto.
Hasta ahora, son siete comunidades (Andalucía, Madrid, Galicia, Murcia, Castilla y León, Galicia, País Vasco y Valencia) las que han decidido aplicar una deflactación del IRPF en sus administración. Las siete suman un total de 29,1 millones de habitantes.
