España es el segundo país europeo que más ha incrementado el salario mínimo mensual en los últimos cinco años, pasando de los 825,65 euros del segundo semestre de 2017 a los 1.166,67 euros en 2022. Un incremento de 341 euros que solo ha sido superado por Lituania, con 350 euros. Aunque en su caso el SMI se queda en 730 euros.
Con este aumento, España se convierte en el séptimo país de la Unión Europea por retribución mensual, si bien los que superan demás han registrado subidas más moderadas. Esto vale incluso para Luxemburgo, que anota el mayor SMI, con 2.313,4 euros, pero solo lo ha elevado en 314 euros durante estos años.
En términos de variación porcentual, la subida de España del 36% se ve superada, además de por Lituania (92%), por República Checa (55%) y Bulgaria (54%). Pero el importe se traduce en 234 y 123 euros, respectivamente. Los checos tienen hoy un SMI de 654,84 euros y los búlgaros de 360,2, una cantidad muy por debajo de la de España hace cinco años.
Por su parte, Dinamarca, Italia, Chipre, Austria, Finlandia y Suecia siguen sin contar con un SMI.
La publicación de estos datos por parte de la Oficina Europea de Estadísticas (Eurostat) se produce cuando el Gobierno ha reactivado el debate sobre la subida del SMI en 2023, que pretende llevar al 60% del salario mínimo.
Pero conseguirlo puede tener un coste mayor del esperado, a medida que cada vez más datos apuntan a que la evolución de la economía y el empleo han dejado desfasada la hoja de ruta planteada hace un año para alcanzar este objetivo.
El Gobierno insiste en el 60%
El grupo de expertos que, a petición de la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, diseñaron la fórmula y publicaron la primera estimación de cómo deberían encadenarse estas subidas, volverá a reunirse en septiembre para revisar la senda para ajustarla a la evolución real de los salarios.
Tanto la vicepresidente segunda y su número dos, Joaquín Pérez Rey, han admitido que esta actualización es necesario para cumplir su objetivo de Legislatura, algo para lo que, a diferencia de lo ocurrido en 2021, cuenta con el respaldo explícito de los ministros del PSOE.
Aunque no está nada claro que el consenso se mantenga a la hora de fijar el importe de dicha subida, que también afecta a la negociación del 'pacto de rentas' que capitanea la vicepresidenta económica, Nadia Calviño.
Y es que, según la hoja de ruta planteada inicialmente, el salario mínimo debería llegara a un máximo de 1.049 euros en 2023 para alcanzar su objetivo en el próximo ejercicio.
El Gobierno utilizó ya esta estimación de los expertos para avalar las subidas de 2021 y 2022, que aprobó sin acuerdo con la patronal. Y previsiblemente es la que manejará Calviño en la negociación con los representantes de las empresas y los trabajadores.
Ahora el Gobierno necesita un acuerdo para convencer a la Comisión Europa de su voluntad para atajar la crisis inflacionaria en un escenario de subida de tipos que tendrá consecuencias en la actividad y el empleo. Máxime tras el anuncio de un impuesto a la banca por el incremento de estas tasas que puede agravar aún más sus efectos sobre el crédito.
En este sentido, la reunión de Díaz está lejos de ser un mero formalismo, ya que una propuesta de subida del SMI por encima de la prevista puede dificultar cualquier negociación .Y el hecho es que cada vez más indicadores apuntan a que así ocurrirá, ante una previsión que era papel mojado cuando se formuló.
Eurostat revela el desfase
Uno de los datos más llamativos que apuntan en esta dirección está en la propia estadística publicada por Eurostat. El organismo revela que la proporción entre el SMI mensual y los ingresos brutos medios retrocedió tres puntos en 2021, pasando del 53,2% al 50,3%.
Este dato se calcula sobre el promedio anual de los datos trimestrales de salarios medios de la Encuesta Trimestral de Costes Laborales de cada país. Ello explica que el porcentaje de relación sea menor que si se compara con la Encuesta Anual de Estructura Salarial, sobre la que pivotan las estimaciones del Gobierno para fijar su objetivo.
Pero ello no resta gravedad a los datos europeos. Y es que se trata del primer retroceso desde 2015 y el más intenso de una serie histórica que se remonta a 2008.
Además, este paso atrás ha llevado a España a perder dos puestos en el ránking europeo: si en 2019 ocupaba el segundo puesto tras Estonia, en 2021 bajó al quinto, superado también por Portugal, Polonia y Malta.
