El dinero en efectivo se ha consolidado como uno de los campos de actuación de la Agencia Tributaria y el Gobierno. Su vinculación a la economía sumergida, al fraude fiscal e incluso a la financiación del terrorismo ha hecho que se ponga el foco sobre esta forma de pago, que a pesar de la proliferación de los métodos sin contacto todavía es importante.
Los autónomos son de los grupos más afectados en todo lo que tiene que ver con el dinero en efectivo. No son pocos los profesionales por cuenta propia que tienen en este método de pago una buena fuente de sus ingresos, especialmente en aquellos sectores en los que es habitual el pago en el propio domicilio del cliente o cuando se trata de pequeños negocios.
Un vistazo a las directrices de la Agencia Tributaria en cuanto a sus estrategias anuales deja claro que los autónomos estarán sometidos a la vigilancia del organismo. En su Plan Anual de Control Tributario y Aduanero (publicado en el Boletín Oficial del Estado) se especifica que se mantiene la especial atención sobre los "sectores y modelos de negocio en los que se aprecie alto riesgo de existencia de economía sumergida".
Marcadas las características de los sectores a vigilar, el siguiente paso es determinar cuáles pueden ser esos grupos de profesionales a los que se estrechará la vigilancia de Hacienda, ya que esas pesquisas no se realizarán con la misma intensidad en todos los sectores.
El portal especializado Autónomos y Emprendedores realizó un listado con aquellos grupos de autónomos a los que se iba a vigilar con mayor ahínco durante 2022. Son los siguientes:
-Los autónomos que trabajen en los sectores de la hostelería y la restauración.
-Los autónomos dedicados el comercio.
-Los autónomos con negocio en el sector de las reformas.
-Los autónomos del sector de la construcción.
-Los autónomos pertenecientes al sector de las actividades inmobiliarias.
-Los autónomos que trabajen en el sector de la recogida de fruta.
Hacienda y el límite del uso al efectivo: estas son las multas
Hacienda hace hincapié en que el "dinero abonado en efectivo en el marco de las transacciones económicas suele estar muy vinculado con la economía sumergida", razón por la cual se justifica una "especial vigilancia" en los sectores y sus operaciones "por encima de las limitaciones cuantitativas legalmente establecidas".
El organismo se refiere a los nuevos límites de pago en efectivo establecidos tras la aprobación de la ley de lucha contra el fraude fiscal (disponible en este enlace del Boletín Oficial del Estado), que redujo el pago en efectivo de 2.500 a 1.000 euros en las operaciones en las que esté implicado un profesional, una cantidad que sube a 10.000 en el caso de pagadores que no sean empresarios y tengan su residencia fuera de España.
Las sanciones para los autónomos que incumplan la ley son del 25% de la cantidad que se haya pagado, no solo la cifra por la que se haya superado el límite establecido. Así, si un profesional usa 3.000 euros en una operación en efectivo tendrá que pagar una multa de 750 euros, ese 25% de la cantidad total.