Hace meses que el enorme plan de reforma fiscal e inversión promovido por el presidente de EEUU, Joe Biden, se daba por muerto. La clave era el rechazo del voto decisivo, el senador Joe Manchin, el más conservador del grupo demócrata, ante el miedo a que el aumento en gasto público calentara aún más la galopante inflación. Pero, por sorpresa, el proyecto ha resucitado, en formato más reducido y con el objetivo de reducir el déficit y, por tanto, las presiones monetarias. Y, de paso, recortar un 40% las emisiones de gases de efecto invernadero en esta década.
El nuevo proyecto, rebautizado como Ley de Reducción de la Inflación, busca recaudar unos 730.000 millones de dólares en impuestos durante la próxima década. Para ello, se impondrá un tipo mínimo del 15% para el impuesto de Sociedades -como parte del acuerdo de la OCDE- y se eliminará una de las deducciones más criticadas: la que permite a los gestores de fondos tributar sus ingresos por esta labor como ganancias de capital (al 20%) en vez de como renta (por la que pagarían hasta un 37%).
En la partida de gasto habrá 433.000 millones. De ellos, 370.000 millones irán a créditos para comprar y producir bombas de calor, coches eléctricos, paneles solares para viviendas y calentadores de agua eléctricos. También se incentivará la instalación de plantas de energía renovable y la producción de baterías, para almacenar la electricidad sobrante en las horas de más sol y viento. También se crearán impuestos para las firmas que emitan más metano, un gas especialmente contaminante que produce varias veces más calentamiento global que el CO2. El paquete 'verde' total es aproximadamente el doble del aprobado por la Comisión Europea, de 191.000 millones de euros.
Pero no todo irá a luchar contra el cambio climático. La ley permitirá al sistema de sanidad pública para mayores y discapacitados (Medicare) negociar los precios de los medicamentos en paquete, en vez de individualmente, para usar el poder de negociación para bajar costes. También limitará el gasto máximo en medicinas que los grupos apuntados a este sistema pueden pagar en un año a 2.000 dólares, y creará multas a las empresas farmacéuticas que suban el coste de sus medicamentos más que la inflación.
La diferencia entre las dos partidas, cerca de 300.000 millones, irán íntegros a reducir el déficit público, que se disparó tras las bajadas de impuestos aprobadas por el expresidente Donald Trump. "Nosotros somos el partido de la responsabilidad fiscal", dijo el líder demócrata en el Senado, Chuck Schumer.
El paquete, sin embargo, es algo decepcionante para Biden, que originalmente quería eliminar la reforma fiscal de Trump y usar parte de esos ingresos para aprobar ayudas a las familias más desfavorecidas con hijos menores, financiar la educación a menores de 4 años, crear la baja remunerada por maternidad (que no existe en EEUU), reducir el coste de la universidad y crear viviendas asequibles. Aun así, hasta una versión reducida es una victoria para Biden, que lleva meses con su popularidad en mínimos históricos y que veía en peligro hasta la posibilidad de mantenerse al frente de su partido de cara a 2024.
Avalancha legislativa
De hecho, desde que el Tribunal Supremo le diera una victoria a la derecha al anular el derecho al aborto y dejar que los estados que quieran lo prohíban, los demócratas se han apuntado una lista inesperada de victorias legislativas. Este jueves, la Cámara de Representantes va a votar un proyecto de ley, aprobado ayer en el Senado, que invertirá 50.000 millones de dólares en aumentar la producción de semiconductores en EEUU, para no depender de terceros países para un elemento clave para la tecnología. Los republicanos habían prometido que vetarían la "Ley Chips" si los demócratas aprobaban el proyecto fiscal de Biden, pero el presidente esperó a recibir el visto bueno a esta ley antes de presentar su reforma.
Además, los demócratas van a llevar al Senado un proyecto para legalizar formalmente el matrimonio homosexual. Por el momento, el Supremo lo mantiene legal en todo el país, pero, después de que anulara el derecho al aborto, los demócratas han optado por ir a seguro y refrendar este derecho mediante una ley. Se espera que varios republicanos voten a favor, y es probable que se alcancen los 60 votos -50 demócratas y 10 republicanos- que hacen falta apara aprobarla en el Senado.
Y, por si fuera poco, un grupo de ambos partidos ha llegado a un acuerdo para reformar la ley electoral, para impedir que se repitan los intentos de manipular los resultados que protagonizó el expresidente Trump y que culminaron en el intento de golpe de Estado del 6 de enero. Con el nuevo proyecto, los diputados estatales de un partido no podrían anular los resultados de la elección basándose en rumores y acusaciones de fraude sin pruebas, como Trump pidió repetidamente, y se rechazaría explícitamente la teoría que abrazó Trump, por la que el vicepresidente, que preside la sesión de investidura, podría escoger qué votos acepta y cuáles no, y básicamente decidir él (o ella) quién es el ganador. El rechazo del expresidente Mike Pence a esta teoría llevó a Trump a alentar a los asaltantes del Capitolio a asesinarle, según los documentos revelados por el comité de investigación del intento de golpe en el Congreso.
Las encuestas indican que los republicanos son los favoritos para ganar las elecciones legislativas de noviembre, al menos en la Cámara de Representantes. Si eso ocurre, las posibilidades de Biden para aprobar leyes en los próximos dos años básicamente desaparecerían. Esta puede ser su última oportunidad de dejar una herencia legislativa. Y, de repente, a Biden le ha entrado prisa. Las próximas semanas van a ser muy movidas en Washington, y parece que los congresistas van a tener que aplazar sus vacaciones.
