Las medidas económicas de Moncloa llegarán a 17,6 millones de votantes

El Gobierno tiene en sus manos medidas económicas que benefician a unas 17,6 millones de personas de diversos sectores de la población. Los autónomos, funcionarios o pensionistas son algunos de los principales destinatarios de unas políticas con efecto electoral, más aún a las puertas de los comicios generales de 2023. De hecho, esos casi 18 millones de ciudadanos a los que el Ejecutivo prioriza se corresponden casi exactamente con la mitad del electorado que será llamado a las urnas el año próximo. Entre ellos figuran también los menores de 25 años, los autónomos y los perceptores del ingreso mínimo vital.

Los jubilados ostentan un peso específico particularmente elevado en la hoja de ruta del Gobierno para hacer frente a la crisis. Son más de 9 millones de personas y el Banco de España cifra el gasto de revalorizar las pensiones en 1.800 millones por cada punto extra de inflación. Por ley, esta indexación está ligada al IPC medio entre diciembre y noviembre. Los siete primeros meses de este cálculo ya acumulan una inflación media del 8,1% que descuadraría el gasto en más de 3.500 millones de euros de lo previsto por Moncloa. 

Hablando de revalorizaciones, para este 2022 también se acordó una subida del 2% para los trabajadores del sector público en compensación por el poder adquisitivo  que perdieron en 2021.La movilización sindical de este colectivo ha tomado fuerza en junio, con la petición de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), el sindicato más representativo de las administraciones públicas, que exigen al Gobierno que "cumpla su palabra" para iniciar las negociaciones por la subida salarial.

De hecho, la movilización de los casi 2,75 millones de empleados del sector público ha sido latente hasta en dos ocasiones durante el mes de junio. Alegan que el Gobierno "no puede rehuir la negociación colectiva incumpliendo sus compromisos" y además se remiten a la promesa que les hizo Sánchez.

Si el Gobierno ofrece de respuesta el silencio, el sindicato augura un otoño caliente si los empleados públicos no recuperan su poder adquisitivo, y el Gobierno no atiende otras peticiones para garantizar que puedan seguir prestando con calidad el servicio al ciudadano, estabilizado las plantillas de funcionarios o suprimiendo la tasa de reposición.

En el caso de los autónomos, el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ultima un acuerdo a cuatro bandas para contentar a todas las asociaciones de autónomos, ATA, UPTA y UATAE. De hecho, es una reforma clave que está pactada con Bruselas en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) y que afecta a un grupo de trabajadores por cuenta propia que suman unos 3,2 millones en total. La reforma definirá el sistema de cotización por ingresos reales y se aplicará de forma progresiva en los próximos años, según publicó elEconomista.es.

En el caso de los jóvenes, el ministerio de Cultura y Deporte ha retrasado hasta septiembre el bono cultural de 400 euros a aquellos que han cumplido 18 años que llegaría a medio millón de personas.

En el caso del Ingreso Mínimo Vital, la ayuda básica ideada por la cartera Inclusión, Seguridad Social y Migraciones como red ante la crisis durante la pandemia llega a unas 1,2 millones de personas

El principal eslabón: Bruselas

Todas estas medidas elevan exponencialmente el gasto y la Comisión Europea analizará especialmente aquellas relativas a la sostenibilidad de las pensiones. Bruselas, precisamente, es el último eslabón de la cadena que tendrá que valorar la política económica desplegada por España para el desbloqueo de los fondos europeos.

Mientras tanto, los apoyos políticos cada vez se antojan más complicados al Gobierno en una etapa final de la legislatura que aflora el desgaste de gobernar en coalición y negociar con un gran número de grupos políticos. Hasta el punto de que la aprobación de unos Presupuestos Generales para 2023 se antoja casi misión imposible, considerando el creciente choque entre PSOE y Podemos por cuestiones como el alza del gasto en defensa.

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