El debate sobre cómo se prorrogará la bonificación del 20 céntimos por litro a los carburantes existe en el seno del Gobierno. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha sido la última en pronunciarse al respecto, apostando por "dar un paso más" y tener en cuenta nuevos factores, como están haciendo otros países, porque atajar la inflación es la tarea más "urgente".
La semana pasada, el ministro de Consumo, Alberto Garzón, avanzó que había "negociaciones" para introducir una mayor progresividad en la subvención a los hidrocarburos y hacerla más eficaz para que llegue a quienes "verdaderamente" lo necesitan y no al conjunto de la población. Pero la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, aseguró, tras confirmarse la prórroga del plan de choque tres meses más, que no había "ningún detalle ni ninguna aproximación añadida a lo que ya se venía produciendo en el decreto anterior".
Díaz parece decantar la balanza hacia el planteamiento de Garzón al mostrarse partidaria de bonificar el transporte público como uno de los aspectos fundamentales y tener en cuenta la renta de los particulares en los descuentos de carburantes. "No es correcto seguir subvencionando sin sesgo de renta", ha indicado la vicepresidenta durante la cooperativa láctea Clun, en Negreira (A Coruña). Tampoco apoya seguir bonificando los combustibles fósiles, por lo que pide cribar a quién se dirigen las ayudas.
Según ha dicho, "no tiene sentido" que ella misma tenga bonificado el combustible de su vehículo privado y que las personas que se desplazan a trabajar o estudiar en transporte colectivo público no cuenten con ayudas para este fin, por lo que se ha mostrado a favor de revisar a qué colectivos se dirigen las ayudas y recuperar la subvención "de máximo interés" (que se quedó fuera del primer paquete) para apoyar a trabajadores, estudiantes o pensionistas.
Esta misma mañana, el Ministerio de Derechos Sociales que dirige Ione Belarra proponía tres medidas al plan de choque aprobado en marzo para paliar los efectos de la guerra de Ucrania en los ciudadanos ante el alza de los precios. Una de ellas apuntaba precisamente a rebajar el precio de todos los abonos transporte a 10 euros al mes ante el alza de los precios de los carburantes.
Al igual que han hecho esta mañana Belarra y los portavoces de Podemos, Pablo Fernández y Alejandra Jacinto, Díaz se ha unido a la presión al PSOE al reconocer que le "gustaría" que se abriera a estas medidas que considera "adecuadas".
Además, Díaz ha insistido en el impuesto extraordinario a las eléctricas que ya propuso antes de aprobarse el plan de choque en marzo para que "se hagan corresponsables también de lo que está pasando" porque los precios son "imposibles" para la ciudadanía. "Seguimos en una conversación sobre esto con el PSOE", que ha recordado lo recomiendan la Comisión Europea o la propia OCDE.
