Bruselas estudia expedientar a España por los límites a los pagos en efectivo que establece la ley antifraude del Ministerio de Hacienda. La Comisión Europea analiza ya la legalidad de la normativa, que fija un tope de 1.000 euros para los pagos en efectivo, en contra del criterio del Banco Central Europeo (BCE).
La Dirección General de Fiscalidad y Unión Aduanera de la UE ha creado ya un expediente para investigar la ley española impulsada en el Ministerio dirigido por María Jesús Montero. elEconomista ha tenido acceso al documento que inicia el procedimiento administrativo comunitario contra esta legislación. La Comisión Europea confirma que "llevará a cabo una evaluación preliminar del asunto en un plazo de dos meses e informará de sus resultados". Bruselas subraya que el resultado de la investigación podría "incluso incoar un procedimiento de infracción".
Este documento -que supone la antesala de un proceso contra España- tiene fundamento en un duro dictamen del Banco Central Europeo (BCE) emitido el pasado 15 de marzo. El Supervisor analiza la ley antifraude de Montero y rechaza los límites al efectivo que establece. El BCE considera que pone en peligro el concepto de "curso legal" del euro, al limitarlo como moneda de pago.
"El límite de pagos en efectivo de la ley dificulta notablemente la liquidación de operaciones legítimas mediante el uso de efectivo como medio de pago, con lo que compromete el concepto de curso legal consagrado en el Tratado de la Unión Europea", critica el Banco Central. "Además, como enseña la experiencia en la Unión, ciertos medios de pago sin efectivo pueden sufrir interrupciones temporales, pues se basan en la infraestructura técnica manejada por proveedores de servicios de pago. Ante tales contingencias, puede ser preciso efectuar operaciones en efectivo que excedan las limitaciones a los pagos en efectivo", añade.
El supervisor califica así de "desproporcionado" el límite que fija la normativa de la Hacienda española. "Tal reducción tendrá efectos adversos no deseados en la condición de curso legal de los billetes en euros. Además, este límite del pago en efectivo reduce significativamente la capacidad de los pagadores de utilizar billetes en euros y la libertad de los ciudadanos para escoger el medio de pago", vaticinan los expertos del BCE.
Denuncia ante la Comisión
El abogado extremeño Isaac Ibáñez ha seguido de cerca este asunto y denunció ante la Comisión Europea la normativa de Hacienda. "Según el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, las autoridades nacionales han de consultar al Banco Central Europeo acerca de cualquier proyecto de disposición legal que entre en su ámbito de competencias; corresponde al Consejo establecer los límites y las condiciones de realización de dicha consulta", explica el abogado. "Sin embargo, el dictamen emitido por el BCE no es vinculante. Por tanto, corresponde a la Comisión Europea hacer cumplir, en caso de contravención, el Derecho de la Unión Europea, a través del procedimiento de infracción", añade.
La normativa cuya legalidad estudia ahora Bruselas establece una limitación del pago en efectivo para determinadas operaciones económicas, que pasó de 2.500 a 1.000 euros, en el supuesto de operaciones en el que interviene un empresario o profesional. A su vez, la ley antifraude de Hacienda disminuye el límite de pago en efectivo de 15.000 a 10.000 euros en el caso de particulares con domicilio fiscal fuera de España.
El BCE ya alertó al Gobierno en 2019 del peligro para la moneda de esta medida de Hacienda
El Banco Central Europeo (BCE) rechazó el 1 de febrero de 2019 el límite de 1.000 euros para el pago en efectivo que aprobó Moncloa el año pasado. El entonces presidente del BCE, Mario Draghi, envió un dictamen a España en el que pidió al Gobierno el freno de la medida y alertó de serios riesgos para la moneda europea y determinados sectores económicos.
El documento, al que tuvo acceso elEconomista, subrayó ya en aquella ocasión que bajar a 1.000 euros la limitación de los pagos en efectivo en operaciones en las que el pagador actúa en calidad de empresario o profesional "es desproporcionada".
El BCE destacó su "posible repercusión adversa" en el sistema de pagos en efectivo. El Supervisor alertó del riesgo de la medida española para la moneda europea. "Esta limitación dificulta la liquidación de operaciones legítimas usando el efectivo como medio de pago, por lo que pone en peligro el concepto de curso legal", apuntó entonces el Banco Central Europeo.
El Banco Central negó que esta medida tuviera cabida en la normativa europea antifraude. El BCE recordó a España en 2019 que el límite para las empresas establecido en la Directiva europea antiblanqueo está en los 10.000 euros. "Las operaciones con grandes sumas en efectivo pueden utilizarse para el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, lo que requiere que las personas que negocien con bienes, a quienes no obliga dicha directiva, se consideren entidades obligadas, y apliquen medidas de diligencia debida respecto de sus clientes", reconoció el dictamen del BCE. Sin embargo, precisó que la normativa establece que estos controles se pueden imponer a las empresas "solo si efectúan o reciben pagos en efectivo iguales o superiores a 10.000 euros".
Por otra parte, el dictamen del Banco Central Europeo advirtió del peligro del límite de efectivo para varios sectores económicos. El documento apuntó a la "desventaja que puede suponer para las operaciones ordinarias de ciertos segmentos del mercado". Además, criticó la posibilidad de colapso en situaciones en las que es complicado realizar pagos telemáticos.
