La actividad del Parlamento español, a lo largo de esta legislatura, se ha visto muy limitada por la debilidad del Gobierno de Pedro Sánchez, al que cada vez le cuesta mayor esfuerzo sacar adelante una votación. Esta eventualidad deja en el aire, al menos seis importantes reformas atascadas por el bloqueo legislativo y la imposibilidad de concitar mayorías.
Solo en materia económica, siguen pendientes la Ley de Planes de Pensiones; la reforma del régimen de cotización de los autónomos -compromiso del PSOE en sus programas electorales-; la reforma de pensiones -necesaria para Europa a cambio de los fondos Next Generation; la Ley de Vivienda -sin ponencia aun en el Congreso-; el pacto de rentas, comprometido por Sánchez en sede parlamentaria o, la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado para 2023, sobre los que se enreda un nido de nubarrones negros, sin como corresponde en las próximas cuentas púbicas hay que incluir el incremento de las pensiones, indexadas con la inflación.
Hasta ahora, Pedro Sánchez ha logrado la aprobación de dos medidas: la Ley del Cambio Climático y la reforma laboral; por cierto, reforma que salvó con el voto 'equivocado' o no del diputado del PP, Alberto Casero.
Votos in extremis
La muestra más reciente de la incapacidad del Gobierno para cumplir con su calendario normativo fue la negociación del Real Decreto Ley 6/2022, del 29 de marzo, relativa al Plan Nacional de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra de Ucrania. Sin el apoyo de ERC -enfadado por el espionaje a sus líderes independentistas-, y habiendo 'intentado' llegar a un acuerdo de última hora con el PP, pilotado ya por Alberto Núñez Feijóo, EH Bildu fue el encargado de salvar in extremis un decreto, que finalmente se tramitará como Proyecto de Ley.
Y son precisamente los Proyectos y las Proposiciones de Ley las herramientas con las que el Gobierno consigue pequeños triunfos legislativos. A cambio de votos -básicamente de sus socios de investidura-, ofrece la posibilidad de acordar las enmiendas. Y lo cierto es, que ni siquiera así prospera el calendario legislativo de Sánchez.
Hay 49 proyectos y proposiciones de ley atascadas en el fase de enmiendas
En estos momentos, en el Congreso hay 49 proyectos y proposiciones de ley atascadas en el fase de enmiendas; algunas de ellas hasta 70 semanas ampliadas. Ahí están las las medidas para la reactivación económica para hacer frente al covid en los ámbitos de transporte y vivienda, o las medidas urgentes de apoyo al sector turístico, la hostelería y el comercio y en materia tributaria o, la modernización de la Administración Pública, sin olvidar, las medidas de apoyo a la solvencia empresarial, o medidas complementarias de apoyo a empresas y autónomos afectados por el covid. Todo está congelado.
Un final agónico
Frente a este panorama, el consenso general de los economistas consultados por eE remarca que Sánchez gobernará a golpe de decretazo, en un escenario de enorme debilidad y tirando de más gasto público. Así se pronuncia Daniel Lacalle, para quien el Ejecutivo va a llegar al final en una situación muy complicada y teniendo que aplicar medidas agresivas.
Miguel Ángel Bernal, de Bernal & Sanz Bujanda, mantiene que Pedro Sánchez solucionará su debilidad tirando de decretos con aumento del gasto público, pero en un momento tendrá que aplicar restricciones.
El economista Daniel Rodríguez Asensio opina que el aumento del gasto público alertará a la UE y pedirá los mismos sacrificios que en su día exigió a José Luis Rodríguez Zapatero.
Para el economista Santiago López Sánchez, el presidente abusará de reales decretos, con baja calidad normativa y perjuicio para las empresas. Por supuesto, pagará peajes y aumentará el gasto público.
La reforma del régimen de cotización de autónomos
La reforma del Régimen General de Autónomos (Reta) que plantea José Luis Escrivá ha estado estancada dos meses. La última propuesta formal del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones a las organizaciones de autónomos fue a finales de febrero, con el rechazo de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA).
Tras encuentros informales del Ministerio con las tres organizaciones de profesionales por cuenta ajena (ATA, Upta y Uatae) junto con la CEOE-Cepyme y CCOO y UGT, el 20 de abril se retomaban las reuniones formales –que no las informales que se han mantenido en encuentros bilaterales del Ministerio con cada una de las organizaciones–. Fuentes de los asistentes dijeron que fue una toma de contacto y que el Ministerio no presentó una nueva propuesta. Unos días antes, ATA hizó pública la primera propuesta de reforma de las cotizaciones.
A día de hoy, dos son los obstáculos. El ministerio quiere subir las cotizaciones a los autónomos de mayores rendimientos netos (que no ingresos) y bajarlas a los que menos ganan. El corte estaría en 24.000 euros. Por debajo, pagarán menos a la Seguridad Social, algunos tramos intermedios se quedarán como están y los mayores incrementarán su aportación.
El otro punto es establecer un periodo transitorio, como pide ATA, para que entren en vigor las nuevas cotizaciones. Podría retrasarse a 2025, lo que no gusta a Upta y Uatae.
Planes de pensiones de empleo
Uno de los proyectos estrella del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones es el fomento del segundo pilar de la Seguridad Social: los planes de pensiones de empleo. Bruselas siempre ha criticado el escaso desarrollo de esta previsión complementaria en España en comparación con otros países del entorno europeo.
Así, José Luis Escrivá incluyó en el Plan de Reestructuración, Transformación y Resiliencia el compromiso de que su Ministerio habría aprobado una ley, que se ha denominado de regulación para el impulso de los planes de pensiones de empleo, en el primer semestre de este año; es decir, debe estar en el Boletín Oficial del Estado antes del 30 de junio.
El texto nació sin el apoyo de los agentes sociales (ni empresarios ni sindicatos) y en el Congreso se ha topado con un rechazo de la izquierda y de la derecha. Ni siquiera el socio de Gobierno, Unidas Podemos, está conforme con este tipo de pensiones, pues considera va en detrimento de las pensiones públicas. Una posición que comparten ERC, EH-Bildu y BNG, socios del Gobierno de coalición, que presentaron una enmienda a la totalidad al texto de Escrivá.
Así, la única esperanza de sacar adelante el texto en 40 días es contar con los partidos a la derecha del PSOE, en especial el PP. Pero exigen aumentar las deducciones a las aportaciones empresariales, algo que no gusta al Ministerio de Hacienda.
Reforma de las pensiones
La Seguridad Social afronta dos reformas impopulares que afectarán tanto al lado del gasto como al de los ingresos. Entre los planes del Ministerio de Escrivá está el de ampliar el periodo de cómputo para el cálculo de las pensiones, que recorta el gasto, y la ampliación de las bases máximas de cotización, que eleva los ingresos, una medida deseada por Unidas Podemos.
Son medidas reconocidas y pactadas con Bruselas y que, en todo caso, tendrá que lidiar con los agentes sociales. El Plan de Estabilidad recoge ambas medidas y fuentes de la Seguridad Social emplazaban a la segunda parte del año para llevar a cabo la formulación de estas medidas, que se configurarán en todo caso con los empresarios y los sindicatos. Han de buscar unos apoyos políticos que ya se debilitan en las actuales reformas.
Ampliar el periodo de cálculo implica tomar más años cotizados como referencia
Ampliar el periodo de cálculo implica tomar más años cotizados como referencia, lo que resulta en una base reguladora media más baja por las características de las carreras laborales: a mayor experiencia, mayor salario. Eso sí, es una medida que cubre las lagunas de trabajadores con periodos sin empleo.
En el caso del destope de bases máximas de cotización, esta medida actúa sobre el nivel de ingresos. En 2011 se reformó, y desde 2013 ha ido subiendo de forma progresiva durante una década. Esta medida, argumentan desde el Ministerio, no sería brusca y se haría igualmente en un cierto periodo de tiempo.
"El destope de la base máxima tiene que ir en paralelo al destope de la pensión máxima. Actualmente ya hay una brecha importante, porque la base máxima está un 30% por encima de la pensión máxima, generando pocos incentivos para seguir cotizando a los que están en esta situación. En todo caso, habría que hacerlo con un periodo transitorio por las implicaciones que tiene en cuanto al aumento del coste laboral para las empresas y los propios trabajadores", explica Enrique Devesa, profesor de la Universidad de Valencia e investigador del IVIE.
La Ley de Vivienda
Después de, primero tantas tensiones en el seno del Gobierno, y finalmente, de tantas alaracas, lo cierto es que la Ley de Vivienda sigue atascada en el Congreso de los Diputados a la espera de la convocatoria de ponencia, luego comisión, para concluir en el pleno.
La Ley de Vivienda de Pedro Sánchez nació viciada, y en gran medida por los incontables desencuentros que provocaba entre el ala socialista del Gobierno y el ala podemita. La limitación del precio del alquiler de la vivienda constituyó desde el principio el escollo más importante.
Luego vinieron el impuesto a la vivienda vacía, con recargos del IBI de hasta el 150% y la dedicación del 30% de las promociones a la vivienda protegida.
Tras un larguísimo año de negociaciones, con varios ministros al frente y dimisión del vicepresidente Pablo Iglesias (UP) en medio, en febrero de este año, la Ley salía adelante en el Consejo de Ministros, esta vez a cambio de que Unidas Podemos apoyara los Presupuestos Generales de 2022. Pero la normativa ya venía con el suspenso del Consejo General Judicial que, sin ser vinculante su análisis, abordó la cuestión concluyendo que se trata de una ley que se entromete en el derecho autonómico.
Ajeno a la opinión de los jueces, el Gobierno llevaba la ley a la Cámara. Sin embargo, el trámite normativo sigue en stand by. Sin ponencia todavía, ERC ya ha enseñado el precio de su apoyo. Esquerra exigirá ampliar la legislación antidesahucios y respetar la competencia autonómica de Cataluña en materia de vivienda.
Presupuestos Generales
A año y medio de la convocatoria oficial de elecciones generales, la fragilidad de los apoyos de los socios de investidura del Gobierno está haciendo muy cuesta arriba el desarrollo de esta legislatura.
Pedro Sánchez ya ha conseguido dos Presupuestos Generales, y también la aprobación de dos leyes ideológicas como la Ley del Aborto y la reforma laboral. Pero esa normativa no es suficiente. Necesita más oxígeno para seguir durmiendo en Moncloa y presidir a partir del 23 de julio el segundo semestre de la Presidencia del Gobierno de turno de la UE. Y eso, solo le puede llegar de sus socios independentistas.
Pero las elecciones andaluzas y la lectura de su resultado, y en menos de un año, los comicios municipales y autonómicos, complican aún más la química necesaria.
El calendario económico y la incertidumbre del desenlace de la invasión rusa sobre Ucrania tampoco animan a revalidar los pactos con los que hasta ahora Pedro Sánchez iba ganando asaltos a su permanencia en el Gobierno.
Los malos datos del déficit y de la deuda pública, la elevada inflación, el cada vez peor dato de crecimiento de la economía española, amén del ajuste que el Ejecutivo tendrá que hacer para acomodar la subida de las pensiones con los requerimientos de la UE, dificultan el sustento de la fórmula utilizada, por lo que es más que probable que prorrogue los Presupuestos Generales de 2022, y pronto se vea abocado a gobernar en solitario.
El pacto de rentas
El Pacto de Rentas surgió con un anuncio del presidente del Gobierno en el Congreso como medida contra una inflación disparada por la invasión de Rusia a Ucrania. Generó gran revuelo mediático y una reunión de Pedro Sánchez con los líderes de CEOE, Cepyme, CCOO y UGT en la que se limitó a tantear las aspiraciones de unos y otros, pero sin propuesta alguna de qué ofrecía el Gobierno. Y eso es todo, aunque oficialmente no ha tenido un entierro formal. Solo el Banco de España insiste en la necesidad de cerrar un amplio pacto de Rentas.
El Pacto estaba supeditado a que empresarios y sindicatos acordasen un pacto salarial que impidiese un contagio de segunda vuelta a la inflación por la presión de unos salarios desbocados. Pero la pretensión de los sindicatos de incluir cláusulas de revisión salarial chocó con la negativa de las patronales de indexar los salarios al IPC. A día de hoy, las negociaciones entre la CEOE y los sindicatos mayoritarios están en vía muerta, aunque podrían retomarse si tras la vuelta de vacaciones la inflación da una tregua.
Pero más allá del fracaso de la negociación salarial, los empresarios siempre han mantenido un rechazo más o menos explícito a un Pacto de Rentas que pudiese acarrear el control del reparto de beneficios mediante alguna actuación en el Impuesto sobre Sociedades. Además, las ritmos políticos desaconsejan ya nuevas fotos de acuerdos tripartitos con el Gobierno.
