Los productores europeos que exportan a Reino Unido siguen teniendo buenas noticias: el Gobierno británico ha anunciado un nuevo aplazamiento de la puesta en marcha de los controles aduaneros a los productos europeos, como mínimo "hasta finales de 2023". Estos controles deberían haberse puesto en marcha tras el Brexit, el 1 de enero de 2021, y tras varios aplazamientos se esperaba que entraran en vigor este 1 de julio. A este ritmo, la pregunta es si se aplicarán alguna vez.
El ministro para las Oportunidades del Brexit, Jacob Rees-Mogg, anunció este jueves el aplazamiento sin fecha de cuatro medidas que la UE sí aplica a los productos británicos que cruzan el Canal de la Mancha en dirección a Francia: controles sanitarios y fitosanitarios, la obligación de presentar certificados sanitarios, la de presentar declaraciones de seguridad del productos en cuestión, y la prohibición de importar carne refrigerada. En otras palabras, los productores europeos que exporten a Reino Unido tendrán facilidades extra que sus pares británicos no disfrutan desde hace año y medio.
El motivo, según Rees-Mogg, es que ni los sistemas aduaneros ni las empresas británicas están preparadas para poner en marcha un papeleo, al que en teoría obliga la ley británica, que garantice que los productos que importan sean seguros para los consumidores. Estos controles costarían "hasta 1.000 millones" a empresas y consumidores, según los cálculos del Ejecutivo de Londres, lo que empeoraría la grave inflación que golpea a las islas británicas, como al resto de Europa.
Estos problemas se enmarcan en el duro ajuste económico que está sufriendo el Reino Unido desde su salida de la UE. Sus relaciones comerciales han sufrido un grave daño desde la salida del Mercado Común, y el país ha sufrido numerosos casos puntuales de desabastecimiento durante 2021 ante la dificultad de reemplazar a los proveedores y camioneros europeos. A eso se suma todo el papeleo que necesitan rellenar las empresas para comerciar entre la UE y el Reino Unido, una carga inexistente hasta el Brexit, y que el propio Gobierno que lo negoció considera inasumible.
Sin embargo, los puertos británicos ya han protestado porque llevaban meses preparándose para la entrada en vigor de estos controles. Según informa la BBC, la patronal del sector teme que las obras de infraestructura donde realizar los controles, que ya les han costado "100 millones de libras", acaben convertidas en "elefantes blancos altamente especializados".
Una ola de escándalos sexuales antes de las elecciones municipales
Mientras tanto, a una semana de las elecciones municipales y las autonómicas de Irlanda del Norte, el Partido Conservador se enfrenta a una nueva lista de escándalos. Este jueves, aprovechando el fin de la sesión parlamentaria 2021-2022, ha confirmado su dimisión un diputado 'Tory', Imran Khan, condenado por agresión sexual a un adolescente de 15 años.
El anuncio llega apenas 24 horas después de que otro diputado conservador haya sido cazado viendo pornografía en los ordenadores de la propia Cámara de los Comunes, y tras numerosas denuncias de sus compañeras de partido. Los encargados de la disciplina interna 'Tory' han confirmado que conocen el nombre del parlamentario en cuestión, aunque no han informado ni de su nombre ni de qué medidas se tomarían contra él.
Por si fuera poco, tres ministros han recibido acusaciones de acosar sexualmente a diputadas en la Cámara, según un informe publicado esta semana, que apunta a que 56 diputados -casi un 10% del Parlamento- han sido señalados por sus compañeras por presiones y humillaciones sexuales. Por si fuera poco, el domingo, la 'número dos' laborista, Angela Rayner, fue acusada por el diario conservador Daily Mail de "vestir minifalda" para "distraer" con sus piernas al primer ministro, Boris Johnson, en los debates. El propio presidente de la Cámara, Lindsay Hoyle, abroncó al autor del artículo en la Cámara.
Por su parte, Johnson dijo el miércoles en la sesión de control que esperaba la dimisión de cualquier persona involucrada en escándalos sexuales. Pero el propio Johnson sigue envuelto en el llamado 'Partygate', las fiestas ilegales en Downing Street por el confinamiento. La semana pasada, el Parlamento aprobó por unanimidad una moción acusando a Johnson de mentir en la Cámara -lo que también estaría castigado con la dimisión-, y encargó al Comité de Privilegios estudiar el caso y proponer un castigo para Johnson, que, en el peor de los casos, podría incluso verse obligado a defender su escaño ante los votantes de su circunscripción en una elección especial. Aunque, por ahora, todas las miradas están puestas en las municipales del próximo día 5, para medir cómo de grave es el daño a la imagen de Johnson y el partido.
