El presidente del Gobierno acude este jueves al Congreso de los Diputados -con la idea de convalidar el Real Decreto que regula su plan de choque como consecuencia de los efectos económicos de la invasión de Ucrania-. Y lo hace sin avales, sin el apoyo de ERC, en medio de una negociación con el PP y, sin anunciar aun las previsiones fiscales a corto y medio plazo. Además, con el hachazo del Banco de España. Precisamente, este organismo, en su último informe señala la necesidad de reducir la deuda, de reformas estructurales para aplacar el impacto, al tiempo que alerta de riesgo de impago de los créditos ICO.
Pedro Sánchez ha cambiado su estrategia. Este miércoles, y en contra de lo que había manifestado hasta la fecha, buscó públicamente el respaldo del Grupo Popular en el Congreso de los Diputados para apoyar el decreto-ley por el que se adoptan medidas urgentes en el marco del Plan Nacional de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania.
La preocupación de Moncloa es tal, que el miércoles a la tarde, Presidencia del Gobierno suspendía el viaje del jefe del Ejecutivo español, prevista para este jueves a Polonia y Moldavia, con la intención de que el presidente esté presente en la votación del real decreto ley.
La llamada de Montero
El cambio de posición de Esquerra ha provocado un giro en las relaciones del Gobierno. Los independentistas republicanos han utilizado el caso del espionaje Pegasus para escenificar la distancia con el Partido Socialista. Y, hasta con tono irónico, ayer, Gabriel Rufián recomendaba a Pedro Sánchez que se encomendara al voto de Pablo Casero -el diputado del PP que se equivocó votando y salvó la reforma laboral del Gobierno.
Con este horizonte tan oscuro, el PSOE tocó este miércoles la tecla del PP. Una tecla que pasa por incluir en las actuaciones del plan de choque de Pedro Sánchez las propuestas económicas del equipo de Alberto Núñez Feijóo, pilotadas por Juan Bravo, y que básicamente se centran en rebajas fiscales, ajuste del IRPF en los tres primeros tramos para las rentas medias y bajas, reducción del gasto público improductivo, simplificación de las tramas burocráticas y, mejora de la gestión y transparencia de los fondos europeos.
Por la mañana, y ya en la sesión de control parlamentaria, Sánchez presumió de rebajas fiscales selectivas y de ayudas directas en su plan, pero cedía. A regañadientes pedía explícitamente el respaldo del PP. "Ayer les escuchaba quejarse de que no he pedido formalmente su apoyo a la convalidación del real decreto. Se lo pido a ustedes y al conjunto de la Cámara", remataba.
Con quejas, reproches cruzados entre una formación y otra, y con discursos políticos contrarios, al menos en el Parlamento, la realidad era bien otra. Y es que en la noche el martes, ya había tenido lugar una llamada telefónica de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, a Juan Bravo, el nuevo vicesecretario económico del PP
El interlocutor económico de Feijóo -explican fuentes populares- trasladó la voluntad de alcanzar puntos de encuentro para respaldar el decreto del Gobierno de Sánchez. Y con ese compromiso, a la tarde del miércoles enviaba una carta con algunas condiciones.
Condiciones
En primer lugar, que el texto de Sánchez se tramite como proyecto ley, pero además -este requisito no era suficiente días atrás para el PP-, que el Gobierno se comprometa por escrito a tramitar el real decreto dentro de este periodo de sesiones. A más tardar antes de finales de julio y, que en esa proposición de ley se incorporen los cuatro aspectos que ponderan los populares.
Desconfiados del Gobierno del 'no es no', la posición del PP sigue abierta hasta el último minuto. Una negociación que tiene lugar con las previsiones macroeconómicas, retenidas hasta el viernes, por parte del Ejecutivo, pese a que el Banco de España acaba de alertar de la deuda y del déficit y de una inflación elevada y persistente.
Previsiones
En cualquier caso, el Gobierno llega al Congreso sin todavía mostrar las previsiones fiscales que han de incluirse en el Plan de Estabilidad 2022-2025, que como límite ha de enviarse el sábado a Bruselas.
Apurando los plazos al límite, la vicepresidenta Nadia Calviño mantiene que el retraso de la publicación de esos datos se debe a que espera los números del INE, cifras que el Instituto Nacional de Estadística ofrecerá ese día, destaca la titular de la cartera de Economía.
Pero fuentes políticas consultadas por este periódico opinan de otro modo. Creen que Calviño espera a que la revisión de las cifras macroeconómicas -que por adelantado ya ha dicho que serán a a baja- coincida con un referente positivo de la afiliación, ya que el de la inflación, que se conocerá este jueves a las nueve de la mañana, puede que siga en tendencia negativa.
Ajena a las críticas vertidas por sus cálculos tardíos y, a la no revisión de las cifras de 2021, Calviño mantiene que las previsiones del viernes "están alineadas" con la revisión a la baja de los organismos independientes (BdE, 4,5%; AIReF, 4,3% y FMI, 4,8%).
De caer el PIB entre 4,5% y 5% -como parece previsible-, la economía nacional habría perdido un 30% del crecimiento
El Gobierno estimó que para el año 2022 el PIB español llegaría al 7%. De caer el PIB entre 4,5% y 5% -como parece previsible-, la economía nacional habría perdido un 30% del crecimiento.
Banco de España
Este miércoles, el Banco de España advierte de una inflación más elevada y persistente, y añade que, aunque la inflación se modere por una menor actividad derivada de la guerra en Ucrania, "la magnitud y persistencia del incremento de la inflación ya observado en el corto plazo aumenta los riesgos de materialización de los efectos de segunda ronda sobre los salarios y sobre los márgenes empresariales".
Asimismo, y en ausencia de un plan de consolidación o de una mejora sostenida del crecimiento de la productividad, y "dado el previsible incremento de los gastos ligados al envejecimiento de la población", el organismo alerta de que la deuda pública tenderá a mantenerse o a aumentar en años posteriores y la aprobación de la indexación de las pensiones con el IPC y la derogación del Factor de Sostenibilidad "elevan el gasto futuro" sin que se vea "suficientemente compensado" por las medidas para posponer la jubilación.
Sobre la debilidad financiera en ciertos segmentos de hogares y empresas, el Banco de España comenta que la mayoría de créditos con aval público vencerán hasta el verano de este año, lo que "aumentará las cargas financieras del sector y, con ello, la posibilidad de que se materialicen los deterioros latentes en la cartera de préstamos bancarios, especialmente en los sectores más afectados por la pandemia".
