La invasión de Rusia a Ucrania acumula sanciones económicas y financieras que afectan al día a día de los ciudadanos rusos, incluso -o especialmente- de aquellos que normalmente viven rodeados de los privilegios que otorga ser rico. Y ha acercado el fin de un negocio millonario: el Parlamento Europeo acaba de dar un paso hacia el fin de los programas de ciudadanía y residencia por inversión tal y como se conocen.
La guerra iniciada de manera unilateral por Vladimir Putin ha puesto el foco sobre las 'golden visa' (permiso de residencia) y los pasaportes dorados (nacionalidad), herramientas que abren las puertas de la Unión Europea (UE) y espacio Schengen a ciudadanos -millonarios- de terceros países, pero que también es un coladero de corrupción, el blanqueo o la evasión fiscal.
"La situación con la guerra en Ucrania ha vuelto a poner de relieve el problema de las personas que compran pasaportes, compran la residencia y compran el acceso a la UE", indicó ayer en rueda de prensa desde Estrasburgo la eurodiputada Sophie In't Veld después de una votación en la que el Parlamento Europeo (PE) pidió a la Comisión Europea limitar las 'visas doradas' y definir medidas conjuntas contra los programas de venta de pasaportes.
Con 595 a favor frente a 12 en contra, los legisladores europeos pidieron la eliminación gradual de los 'pasaportes dorados' para 2025 (para hacer más sostenido el impacto económico que la prohibición tendrá sobre determinados países) y solicitaron una regulación a nivel UE que incluya controles más exhaustivos sobre los antecedentes y el origen de su riqueza de los solicitantes de las 'golden visa'.
Como medida concreta contra Rusia, el PE solicitó sacar de inmediato a los ciudadanos rusos sujetos a sanciones de la UE de estos programas que les permiten, literalmente, comprar la ciudadanía adquiriendo, por ejemplo, una vivienda que tenga un valor del mínimo requerido para conseguir la visa.
Un negocio millonario: hasta 13 países 'venden' la residencia a cambio de inversión
Ante la ausencia de reglas europeas vigentes, actualmente 13 países de la UE o miembros Schengen tienen programas Ciudadanía por Inversión (CBI) y Residencia por Inversión (RBI) -nombre oficial- que permiten a los ciudadanos de terceros países adquirir un pasaporte de la UE o un permiso de residencia a cambio de invertir en bienes raíces, bonos...
En función del país, los requisitos de elegibilidad varía. La inversión mínima está en Letonia, donde se puede conseguir la 'golden visa' por 60.000 euros y la máxima, en Países Bajos, donde este privilegio cuesta 1,5 millones de euros. En España, el pago (siempre directo del bolsillo del inversor) debe ser de un mínimo de 500.000 euros. Según datos el Parlamento Europeo, los programas de 'visa dorada' atrajeron cerca de 3.500 millones de euros por año de 2016 a 2019.
En cuanto a la residencia, actualmente la conceden Malta, Chipre y Bulgaria, aunque los tres países ya han iniciado el proceso para anular el programa, bien por Ucrania, bien por contentar a la Comisión Europea. Entre 2011 y 2019, recoge Reuters, la industria del pasaporte dorado generó inversiones en los países de la UE de más de 20.000 millones de euros.
Si finalmente la Comisión Europea accediera a proponer una legislación en este sentido, además de los ciudadanos de países de fuera de la UE y los países donde recae la inversión, se verían afectadas las empresas que promuevan estos programas; la propuesta de los legisladores europeos incluye gravar los ingresos generados por sus servicios.
La clave está en el "vínculo genuino"
Que algunos países estén empezando a recular no es solo por el conflicto armado. Hay precedentes de actuación de la Comisión Europea en este sentido que dan pie a pensar que la propuesta del Parlamento contra los 'golden passports' podría tener futuro.
En 2020 emprendió acciones legales contra Chipre y Malta por otorgar la ciudadanía de la UE a inversores "sin un vínculo genuino" con el país "violando la ley de la UE". Ni siquiera requerían la presencia física del inversor en e país. [En este enlace -pag. 23- se puede acceder al genuine link criteria establecido en 2018 en la normativa de programas de ciudadanía y residencia por inversión de la UE].
A raíz de la invasión de Rusia, países como Portugal, Grecia o la República Checa han detenido la emisión de visas a ciudadanos rusos y el mes pasado, Reino Unido eliminó su programa de visa de inversión para luchar contra el lavado de dinero.
El Parlamento Europeo quiere ir más allá y busca extender esta presión a terceros países, como Panamá o San Cristóbal y Nieves.
