Los nuevos planes de pensiones simplificados aprobados por el Gobierno, y actualmente en trámite parlamentario, parten de un coste mínimo para el Erario público de 365 millones de euros cada año, según la memoria de la ley remitida al Congreso a la que ha tenido acceso eE.
Hacienda asumirá 169 millones por una menor recaudación en el impuesto de la Renta y la Tesorería de la Seguridad Social perderá 196,8 millones de euros por bonificaciones en las cuotas de los asalariados.
Éste es el dinero que el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, que dirige José Luis Escrivá, calcula costarán los incentivos que se han aprobado en la ley de Regulación para el impulso de los planes de pensiones de empleo que busca extender la previsión social complementaria en el mundo laboral, tanto entre asalariados como en autónomos.
Los beneficios se contemplan en dos ámbitos diferentes. Por un lado, un descuento fiscal en el IRPF para los asalariados y los autónomos que suscriban uno de los planes de nueva creación. En el caso de los primeros, la ayuda fiscal prácticamente no se ha modificado, manteniendo el tope de 10.000 euros (1.500 de la base máxima de desgravación por los planes individuales más 8.500 para planes de pensiones de empleo), por lo que el incremento del coste se limita a 3 millones de euros.
No así las desgravaciones para los autónomos que se adhieran a un plan de pensiones de empleo. A tal fin, la ley ha aprobado aumentar los 1.500 euros en otros 4.250, hasta un máximo de aportación de 5.750 euros. El coste de este incremento se prevé en 163 millones de euros.
El coste aumentará
Además, con el objetivo de incentivar a los empresarios a aprobar planes de pensiones de empleo y realizar aportaciones a dichos planes para sus trabajadores, la ley contempla la exclusión de un máximo de 115,14 euros de la base de cotización por mesy trabajador incluido en el plan. Según los cálculos de la memoria, en el ejercicio 2022 comporta un coste por menores ingresos de 196,86 millones de euros.
Escrivá apostó por aumentar esta reducción en la base de cotización a última hora, pues en el último borrador presentado a los agentes sociales se limitaba a 80 euros, lo que suponía que el empresario podía ahorrase hasta 301 euros al año. Aún así, no concitó el apoyo ni de empresarios ni sindicatos, especialmente de estos últimos que demandaban además deducciones en el Impuesto de Sociedades.
Los cerca de 200 millones de coste se ha calculado a partir de los datos de los registros de la base de Conceptos Retributivos Abonados en mayo de 2021, que arrojaban 618.634 trabajadores que entre sus conceptos retributivos incluían un plan de pensiones o sistema alternativo. Por lo que este coste aumentará si empiezan a crearse planes de pensiones de empleo en los convenios colectivos.
El coste laboral desaparece
Lo que se ha caído de la memoria de la ley es el impacto que, en términos de salario, supondrá la gestión de los fondos de promoción pública creados. En la anterior memoria, remitida al CES, se hablaba de medio millón de euros al año por nueve personas. Cierto que entonces se decía que de ellas, cuatro no eran nuevas plazas porque existían vacantes. Pero los otras cinco, las de mayor remuneración, eran de nueva creación.
