Economía

Todas las CCAA rechazan el cálculo poblacional de la nueva financiación

  • Tanto las del PP como las del PSOE lo consideran parcial y arbitrario
Madrid

Unánime. Así ha sido el varapalo que estos días ha empezado a recibir el Ministerio de Hacienda a propósito del informe elaborado por un grupo de trabajo, documento en el que se recoge la propuesta de cálculo de población ajustada, uno de los criterios empleados en la financiación autonómica para el pago del Estado a las administraciones regionales por sus servicios públicos.

Desde la semana pasada, con Valencia, y este lunes con más intensidad, las CCAA se han ido pronunciando, enviando sus alegaciones y poniendo negro sobre blanco con el fin de rebatir el único elemento de análisis hecho hasta ahora por el Ejecutivo, encaminado a una reforma del Sistema de Financiación Autonómica que no acaba por llegar.

Parcialidad, arbitrariedad o insuficiencia han sido algunos los calificativos expresados por estas administraciones. Ayer, fuentes de la Comunidad de Madrid se manifestaban y destacaban que dicho informe no supone ningún avance para la futura reforma, ya que deja aspectos fundamentales como la transparencia, el principio de ordinalidad o la eficiencia de los fondos que componen el sistema.

Reprueban los madrileños la propuesta del Ejecutivo de Pedro Sánchez por considerar arbitrario este criterio al incluir novedades relacionadas con la despoblación y la dispersión poblacional que benefician especialmente a algunas CCAA. Asimismo, Madrid subraya la necesidad de evaluar la eficiencia del gasto y propone incluir en este cálculo aspectos relacionados con el nivel de precios de cada CCAA; por cierto, una demanda también compartida ayer por Baleares.

Con ejemplos prácticos, la Comunidad gobernada por Isabel Díaz Ayuso insiste en que, en materia de Sanidad, debería tenerse en cuenta el gasto producido por pacientes de otras comunidades que son atendidos por Madrid. Además, se queja por sentirse la región más castigada por el reparto actual de población ajustada porque, solo en 2019, la diferencia entre la población real y ajustada, que supera el 3%, les ha supuesto una pérdida de financiación de más de 200.000 habitantes. Además, y por el efecto perjudicial del Fondo de Competitividad, al establecer un tope al índice de capacidad fiscal -la CAM es la primera-, les ha supuesto una pérdida de 6.400 millones desde 2012.

Pero Madrid no es la única comunidad damnificada. En sus alegaciones, Castilla-La Mancha pide que la superficie no sea un mero elemento corrector sino estructural, y al tiempo, reclama un fondo adicional de compensación.

Desde Murcia, también se exige un fondo de nivelación para compensar a las CCAA peor financiadas. Los de esta región han valorado este cálculo de manera parcial e imprecisa. Entretanto, Cantabria demanda que se pondere la orografía y que se mantenga la cláusula de status quo que le beneficia, mientras Valencia dice que este criterio no les resulta del todo satisfactorio.

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Comentarios 6

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Manuel
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Esta inútil es capaz de poner de acuerdo a partidos totalmente dispares. Vete a tu casa y no vuelvas.

Puntuación 13
#1
Aurelio
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Esto ya se sabe como acaba. Cataluña y comunidades autónomas gobernadas por socialistas o en campaña por elecciones beneficiadas. Los que no protesten aunque estén gobernadas por el PSOE, a tragar. Y los que estén controladas por la oposición que se preparen. Sánchez es un "killer" y luego nos echará en cara que los que no le votamos somos fascistas. Que le vamos hacer! El alienta al lobo porque solo puede vivir con el miedo.

Puntuación 5
#2
Hurl
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Al #2, Catalunya no sale beneficiada. En los PGE siempre tiene partidas presupuestarias que causan titulares, pero que luego no se dice nada cuando nunca el Estado las cumple. O sea, se ponen allí a sabiendas que no las van a ejecutar.

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#3
Palax
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Lo ideal es trasladar el Concierto Vasco a todas las comunidades.Nadie lo pide formalmente, exige rigor y responsabilidad.

Cada Comunidad Autónoma debería aportar al sostenimiento de las “cargas generales del Estado”, aplicando una metodología idéntica a la del Cupo que contiene el Concierto.

Para ello, el Estado cedería a las quince Comunidades Autónomas de régimen común la totalidad de los ingresos tributarios obtenidos en su territorio por los impuestos que hoy están concertados con Euskadi y Navarra (IRPF, Sociedades, IVA, etc.).

Se pasaría así de la situación actual de “responsabilidad tributaria limitada” (pequeña) de las quince Comunidades no forales a la de “responsabilidad tributaria plena” como hoy tienen reconocida las cuatro Haciendas Forales.

A continuación, habría que extender la metodología de Cupo a esas quince Comunidades Autónomas. Para ello, siguiendo la actual metodología concertada, se establecería un modelo de aportación al Estado basado en el peso del PIB de cada Comunidad Autónoma sobre el total estatal.

Todo ello se completaría con unos mecanismos transparentes y exigentes de solidaridad inter-territorial,contra proyectos aprobados,y siguiendo el criterio de ordinalidad.

En ese supuesto teórico, cada Comunidad Autónoma contribuiría al sostenimiento de las cargas generales del Estado, de acuerdo con lo que supusiera su PIB sobre el conjunto del PIB del Estado español.

Quedaría absolutamente claro cuanto aporta cada Comunidad a las cargas generales del Estado.

#Se reflejaría claramente cuál sería la ventaja que tendrían las Comunidades Autónomas de menor renta per capita al pagar menos Cupo.

#Permitiría conocer el esfuerzo fiscal de cada Comunidad y su capacidad de gasto.

#Los responsables autonómicos cobrarían por construir no por pedir y repartir.

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#4
Manolo
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Si al gobierno formado por funcionarios le pidiéramos lo mismo en administraciones, organismos, asesores y número de funcionarios por sobredimension y exceso en todo por norma general para así hacerse fuerte y ganar votos no lo harían ni aunque Bruselas los penalizaran y quitaran ayudas. Antes aumento de gasto en todo que recortes en lo público.

Puntuación 0
#5
Paco
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Podían meter manos en las administraciones y sus excesos y sobredimensionadas, la ministra funcionaria de Hacienda cuando llego al cargo estudiaba mecanizar e informatizar parte de la administración, eso eran unos 700.000 funcionarios menos, pero eso son perdidas de votos y fuerza en este colectivo. Por cada oposición y convocatoria dos votos. Ahora iban a hacer fijos a más de medio millón de interinos que no han aprobado nada en más de cinco años, la vicepresidenta Diaz dijo que en esta legislatura iban a crear más de 300.000 nuevos funcionarios...., suma y sigue.

Puntuación -1
#6