Una de las medidas más destacadas para combatir los efectos de la crisis del Covid en las empresas, las moratorias en los plazos que obligan a declararse en concurso de acreedores, tiene los días contados en la agenda del Gobierno. En concreto, fuentes del Ejecutivo revelan a elEconomista su expectativa de que, tras anunciar a finales del año pasado otra prórroga de esta medida, que la mantendrá en vigor hasta el próximo 30 de junio, no habrá más extensiones de este tipo.
Se daría así, a partir de julio, un primer paso en la retirada de las medidas económicas excepcionales puestas en marcha en 2020 y que puede ser también el preámbulo de la retirada de otros mecanismos de tanto alcance como la línea de avales del ICO o incluso la posibilidad de solicitar rescates a la Sepi. Con todo, las fuentes consultadas evitan definir un calendario, siquiera tentativo, sobre el futuro a corto plazo de esos dos protocolos.
El hecho de que el regreso a la normalidad comience precisamente por las moratorias concursales no es casual. Cuando se anunció la que posiblemente sea su última prórroga, en noviembre de 2021, el Gobierno empezó a preparar el terreno, asegurando que la medida dilataba su vigencia con el objetivo de "reorientar el marco concursal español dotándolo de nuevos instrumentos para la reestructuración".
Una norma muy compleja
En otras palabras, el Ejecutivo expresaba su intención de tener lista, en los próximos meses, la reforma de la Ley Concursal. Sin duda, el objetivo era difícil considerando la complejidad de esta norma, modificada hasta en 30 ocasiones desde la promulgación de la identificada como Ley 22/2003 que regula las insolvencias.
Sin embargo, los tiempos se han ido cumpliendo. El Gobierno aprobó el anteproyecto de reforma en Consejo de Ministros antes del final del año pasado. Ahora tiene pendiente su tramitación en el Congreso, pero las expectativas del Ejecutivo dan por "casi asegurado" que estará lista precisamente durante el próximo mes de junio, justo cuando el mecanismo de las moratorias concursales, prorrogado en noviembre pasado, apurará sus últimas semanas de vigencia.
"Carecería de sentido que una medida de carácter excepcional, dictada por la emergencia sanitaria, siga en pie sine die ahora que la situación económica se normaliza y, aún más importante, cuando estará ya disponible un nuevo y estable marco legal para regular los procesos de insolvencia", según apuntan desde el Ejecutivo.
Posible auge de los impagos
Esas mismas fuentes se muestran optimistas acerca de los efectos que esta retirada tendrá en el tejido empresarial y, por extensión, en el sector financiero si se produce un repentino incremento de los impagos crediticios. Es bien, sabido que el Banco de España no ha dejado de alertar de esa posibilidad a las entidades, incluso durante un año de crecimiento de la economía, y de menores restricciones sanitarias, como fue el pasado ejercicio.
En el Gobierno, consideran que el gobernador Pablo Hernández de Cos "cumple con su labor de regulador del mercado financiero lanzando esas advertencias". Es más, reconocen que, a finales de este semestre, será necesario seguir con especial atención las cifras relacionadas con las insolvencias. Con todo, en el Ejecutivo muestran tranquilidad ya que "no está muy extendido en España el fenómeno de las empresas zombi". Esta última denominación alude a las firmas ya ahogadas por su deuda, y prácticamente inactivas, que están abocadas a la quiebra en cuanto se les retiren los mecanismos de respiración asistida, como las moratorias concursales, que han impedido su clausura en los últimos trimestres.
Está todavía por demostrarse si el optimismo del Ejecutivo será refrendado por la realidad a partir del próximo verano. Las estadísticas sobre insolvencias en España relativas al año pasado invitan a ser cautos.
Los datos oficiales de 2021, elaborados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), no se conocerán hasta el mes que viene, pero los cálculos ya publicados por la firma de servicios empresariales Axesor muestra cómo el número de concursos de acreedores se incrementó más de un 30% con respecto a 2020, hasta afectar a casi 5.500 empresas.
Este fenómeno ya provocó una cierta tensión en los juzgados de lo mercantil que podría multiplicarse a lo largo de 2022.
