Madrid
La aprobación del Plan de Recuperación en Bruselas, en el mes de julio, y la ralentizada gestión del Estado en el reparto de los fondos Next Generation ha provocado un frenazo, de al menos tres meses, en la entrega del dinero y la ejecución de proyectos que entre otros organismos corresponde a las Comunidades Autónomas.
Las expectativas creadas por Moncloa sobre estos fondos se han ido desinflando en 2021. Esta semana, el Gobierno reconocía que solo ha hecho el pago de 11.001 millones, principalmente a las administraciones regionales. Una cantidad que está bastante alejada de los 24.000 millones reflejados en los Presupuestos Generales del pasado ejercicio, por tanto, el reconocimiento es solo del 45% del total de las ayudas esperadas.
Fuentes comunitarias consultadas por eE hacen hincapié en el diseño del modelo de gestión del Gobierno, señalando el papel predominante del Estado a través de los ministerios, que son los que en último extremo, y a través de las comisiones sectoriales, tienen la capacidad decisoria de determinar los calendarios de ejecución, e incluso los programas a poner en marcha gracias al dinero de los fondos, un dinero que en esta partida de subvenciones asciende a casi 70.000 millones de euros hasta 2026.
La lentitud con la que el Gobierno ha hecho las transferencias -el grueso de muchas partidas apenas ha llegado a las Comunidades Autónomas hasta el mes de diciembre-, ha impedido que las licitaciones y convocatorias, y la posterior elección de los proyectos se lleve a cabo, dado los tiempos de la administración. Ello ha imposibilitado una ejecución plena.
De hecho, recalcan fuentes comunitarias, apenas se ha podido gastar del total de esos 11.000 millones de los que habla el Gobierno, a lo sumo entre 1.000 y 1.500 euros millones de euros; es decir, poco más del 4% del total de las ayudas europeas.
A este respecto, CEOE señala en su último informe cómo choca esta actuación, si especialmente se tiene en cuenta la ejecución que las administraciones regionales hacen de un Presupuesto ordinario, donde normalmente el 63% corresponde a las Comunidades Autónomas y, 30% al Estado. Y en este sentido, y coincidiendo con lo que fuentes de las administraciones regionales subrayan a elEconomista, del presupuesto inicial dedicado a las convocatorias -7.300 millones de euros-, apenas 1.000 millones de euros fueron lanzados por las CCAA (el 14% del total).
Otro de los aspectos negativos de la gestión del Estado -que si bien no tiene por qué afectar tanto en la ejecución de los fondos- es el estado en el que se encuentra la plataforma con la que Moncloa quiere centralizar la información del desarrollo de estas ayudas, a través del Ministeiro de Hacienda.
Precisamente el viernes, el Ejecutivo de Pedro Sánchez anunciaba el lanzamiento de un mapa interactivo donde se recoge al detalle la gestión de los fondos europeos distribuidos a las comunidades autónomas, incluido un desglose de las distintas políticas públicas, inversiones y programas.
Fue en el mes septiembre cuando publicaba dos órdenes adelantando la creación de una plataforma de control en la que las CCAA y entidades locales rindieran cuentas de la gestión de sus fondos. Entonces -explican fuentes regionales-, se dijo que aquella plataforma se pondría en marcha en el mes de noviembre. Tanto es así que convocaron cursos de formación que se han ido prorrogando a diciembre, enero, y ahora el Gobierno habla de febrero, explican a eE.
Recientemente, y sobre el modelo global de gestión, un informe de ESADE e EY destacaba que el 65% de los gestores públicos entrevistados considera que el sistema diseñado por el Gobierno es poco o nada adecuado para una gestión eficaz.
Los vecinos europeos
La dilación en la llegada de los fondos plantea para la patronal de empresarios CEOE y para ATA, en contraste con otros países, un riesgo serio de deslocalización de las inversiones. Así, y desde el punto de vista empresarial -entidades que no son sector público-, Francia experimenta desembolsos cercanos al 30%, frente al 2% español; o que el importe de las convocatorias de ayudas y licitaciones de Portugal es del 28% frente al 13% de España; sin olvidar la concurrencia competitiva de Italia en la asignación de fondos, frente dependencia de los ministerios, otorgando incluso fondos de manera directa, como los del Ministerio de Trabajo, en el caso nacional.
Eficaz o no, rodeada de polémica y de críticas por parte del principal partido de la oposición, el Partido Popular, que ha puesto el acento en la falta de transparencia, lo cierto es que la Ley que regula los fondos europeos sigue en trámite parlamentario con el frenazo de la propia Mesa del Congreso de los Diputados. Hasta en 38 ocasiones
