El 60% del gasto autonómico ligado al Covid se mantendrá tras la crisis

Pese al modo en que la alerta sanitaria se modera desde los niveles máximos que alcanzó en 2020, la necesidad de plantear la contención del gasto público que la emergencia motivó no entra en los planes, ni siquiera a medio plazo, de las comunidades autónomas. Y esa complacencia tendrá graves consecuencias en el equilibrio fiscal de esos territorios. En la situación actual, el catedrático y colaborador de Funcas Santiago Lago, junto a los economistas Manuel Díaz y Carmen Marín, estiman que el 60% del desembolso extra acometido por estas Administraciones quedará consolidado en sus cuentas, es decir, no se revocará cuando la crisis quede atrás.

Se trata de un promedio, equivalente en términos absolutos a 8.200 millones, capaces de sumar casi un punto de PIB (un 0,7% en concreto) al déficit público estructural que arrastra el conjunto de las Administraciones españolas.

La evolución de estos números rojos presupuestarios tiene una importancia decisiva, en la que medida en que su comportamiento es independiente de la influencia de los ciclos económicos positivos o adversos.

Es por ello la variable que la Comisión Europea vigilará más de cerca a la hora de volver a exigir el cumplimiento de las reglas comunitarias de estabilidad presupuestaria.

El daño, en términos de desequilibrio de las cuentas, puede ser aún mayor a escala de las propias autonomías. Las proyecciones de los citados economistas revelan cómo el porcentaje de gasto que, pese a estar destinado inicialmente a combatir la crisis, se perpetuará incluso después de que la emergencia esté superada, puede llegar al 68% de ese desembolso extraordinario en casos como el propio de las Islas Baleares, o del 47% en lo que respecta al archipiélago canario.

Sin duda, los expertos son los primeros en reconocer la dificultad que este tipo de cálculos entrañan en una situación tan cambiante como la que la epidemia plantea. Ahora bien, insisten en la necesidad de lanzar la voz de alarma ante un riesgo capaz de incrementar el déficit estructural propio de la Comunidad Valenciana, situado ahora en el equivalente al 2% de su PIB regional.

Ese porcentaje también resulta ya abultado en lo que respecta a Murcia y Baleares (ver gráfico adjunto) con niveles que se sitúan en una horquilla entre el 1,4 y el 1,8% de sus respectivas economías.

En el extremo contrario del espectro se sitúan Navarra, Asturias, Canarias y País Vasco ya que los cálculos les atribuyen un superávit estructural en sus cuentas o posiciones cercanas al equilibrio, que podrían verse seriamente comprometidas si persevera la actual actitud reacia a acometer algún tipo de ajuste.

Retos aún pendientes

Esa complacencia resulta doblemente arriesgada considerando que, aun cuando la pandemia del Covid-19 quede por completo controlada, eso no significa que los retos que las autonomías enfrentan, precisamente en el ámbito de la salud y de la atención pública, se hayan terminado.

Muy al contrario, a partir de este década será cuando las consecuencias del creciente envejecimiento demográfico, con su consiguiente presión sobre los servicios públicos, se hará más intensa.

Llevarán esos números rojos a más de 55.000 millones anuales al final

Y las autonomías no pueden permitirse afrontar esa situación con rémoras del pasado, en términos de política fiscal y presupuestaria, como son unas partidas de gasto consolidadas que siguieron vigentes más allá de la emergencia que les dio sentido.

A más corto plazo, el crecimiento del déficit público estructural plantea problemas igualmente considerables. Los Presupuestos Generales del Estado más expansivos de la historia, aprobados el pasado ejercicio y en vigor desde el día 1 de este mes, llevarán esos números rojos a más de 55.000 millones anuales al final de la legislatura.

El déficit de las cuentas públicas españolas es ya el mayor de la Unión Europea por el impacto de la crisis del coronavirus.

'Líderes' junto a Italia

El saldo estructural creció 0,5 puntos porcentuales sobre el PIB con respecto el año anterior, situándose en el 4,2% del PIB en 2020. España, junto con Italia, son los países de la Unión Europea con mayor porcentaje de déficit estructural en este periodo.

Sin embargo, el alza del déficit estructural italiano se debe al ambicioso plan de estímulo del Gobierno de Mario Draghi, que aprobó el año pasado una desviación presupuestaria de 40.000 millones de euros.

Existe ahora el riesgo que esa proporción llegue este mismo año al equivalente del 5,5% del PIB.

Un déficit del 2,8% del PIB con el que se cerró 2019

No es un problema inminente, debido a que el Pacto de Estabilidad se encuentra suspendido, en cuanto a la obligación de su cumplimiento desde el inicio de la pandemia.

Con todo, pese a ese paréntesis de las reglas fiscales, la titular de Hacienda, María Jesús Montero, resaltó a fínales del año pasado el "compromiso" del Gobierno con la sostenibilidad de las cuentas públicas, señalando la reducción que se estima acometer tanto en el déficit como en la deuda pública, que prevé cerrar 2021 en el 119,5% del PIB y que baje al 115,1% en 2022.

De esta manera, la medida permite que, en el caso de España, se haya pasado de un déficit del 2,8% del PIB con el que se cerró 2019, antes del inicio de la pandemia, a uno cercano al 11% en 2020 y una previsión de cerrar 2021 en el 8,4%. De cara a 2022, la previsión es que el déficit público baje al 5% en transcurso de este año para seguir su senda descendente hasta el 3,2%, siempre según el Ejecutivo.