El Consejo de Ministros aprobó el pasado 21 de diciembre, por primera vez en la historia de la Administración General del Estado (AGE), una convocatoria de empleo en exclusiva para un organismo oficial. Esta Oferta Pública de Empleo (OPE) para 926 plazas se destinará íntegramente al Servicio Público de Empleo Estatal (Sepe) para cubrir un déficit de personal que pondría en peligro su funcionamiento este año.
Sin embargo, conscientes de que, a pesar de la urgencia de esta OPE, ese millar de trabajadores no se podrán incorporar a sus puestos antes de finales de este año o principios del próximo, el Ministerio de Hacienda y Función Pública ha aprobado la contratación, que podría ser efectiva a finales de febrero o primeros de marzo, de un millar de interinos para cubrir estos puestos a expensas de que se puedan incorporar los 926 elegidos de la OPE extraordinaria.
Una contratación exigida por los sindicatos presentes en el Sepe que denuncian que el año arranca con cerca de 7.000 trabajadores, 850 menos que en enero de 2020 y 1.500 menos que en diciembre del pasado año. Porque, según apuntan desde los sindicatos, la paradoja es que finalmente no se han podido salvar los 1.500 temporales que se contrataron a lo largo de 2020 para hacer frente a la carga de trabajo derivada del Covid y la avalancha de los expedientes de regulación temporal de empleo (Ertes) que provocó 3,5 millones de beneficiados.
Sin embargo, el anterior responsable del Ministerio de Función Pública, Miguel Iceta, se vio abocado a firmar un acuerdo para reducir el número de interinos en el sector público. La alta temporalidad en la Administración, superior al sector privado, vino a complicar las negociaciones de la reforma laboral. La CEOE acusó reiteradas veces al Gobierno de Pedro Sánchez de exigir a las empresas contratos indefinidos cuando el sector público se mueve con interinos.
Lo que complicó la continuidad de esos 1.500 trabajadores temporales contratados para reforzar la plantilla de un Sepe menguado por años de bajas continuadas y escasa reposición. Especialmente sensible en un organismo que depende del Ministerio de Trabajo, responsable de negociar al reforma laboral. Sea como fuese, la realidad es que el 30 de junio del pasado año cesaron los primeros 500 interinos contratados por el Covid, a finales de septiembre otros 500 y el 31 de diciembre los restantes 500.
Según fuentes de UGT, tras la salida de estos 1.500 interinos, los efectivos a enero serían algo menos de 7.000 empleados tras un refuerzo –destinado a tramitar prestaciones– en los últimos meses de 250 interinos con vacante, lo que significa que deben consolidarse estos puestos (no estos trabajadores) en la OPE de 2022 (no la extraordinaria, sino la convocatoria general).
Unos datos ligeramente inferiores a los que maneja la Secretaría de Estado de Función Pública, dependiente del Ministerio de Hacienda. Según este departamento, a 28 de septiembre el Sepe contaba con 8.215 personas. Si descontamos los 1.000 que dejaron el organismos en el último trimestre, rondarían actualmente los 7.200 empleados, algo superior a los que apuntan desde el sindicato.
Bolsa de Empleo
En UGT señalan que el millar de trabajadores interinos está ya asegurado, pues se recogió en el acuerdo firmado el 20 de diciembre por la Secretaria de Estado de la Función Pública y los sindicatos UGT, CCOO y la gallega CIG (Csif no se sumó por considerar la oferta insuficiente). La firma del documento abrió la puerta a la OPE extraordinaria de los 926 plazas.
Así, en el Acuerdo, al que ha tenido acceso eE, se aprueba "impulsar la cobertura de dicha plazas [en referencia a las 926 que se aprueban en la oferta extraordinaria de empleo] con carácter urgente a través del nombramiento de funcionarios interinos para garantizar la prestación del servicio público, que se sumarán a los 250 funcionarios interinos ya autorizados".
Ciertamente es una solución transitoria al que se han tenido que avenir los sindicatos que consideran más lógico haber mantenido un año más a los 1.500 contratados para el Covid que ya están formados. Por este motivo, sus esfuerzos han ido dirigidos a repescar el máximo de estas personas que sigan interesadas en entrar como interinos a expensas de que se pudiesen presentar a las 926 vacantes aprobadas en la OPE del 21 de diciembre o a la OPE general de 2022.
Para acelerar el proceso, Función Pública ha aprobado la creación de bolsas de empleo provinciales del Sepe para que se apunten aquellos que quieran optar a las plazas de interinos. Las fuentes consultadas señalan que la inscripción a las bolsas se cerró en diciembre y que se está finalizando la grabación de los datos. Así, el Sepe sacará lo antes posible resolución para su incorporación en febrero y marzo.
Más 51 años
El Sepe es, según denuncian los sindicatos, uno de los organismos con mayores problemas de personal. Hasta el punto de que sus funcionarios tienen vetado pedir el salto a otros organismos de la AGE. En 2010 llegó a tener algo más de 10.000 profesionales, pero desde entonces se ha estancado en unos 8.000, cifra que se pretende recuperar este año; primero con interinos y de forma estructural con los 926 de la OPE extraordinaria.
Además, de la OPE general de 2022, al menos recibirá las plazas fijas de los 250 interinos autorizados como interinos por Función Pública. Sin embargo, el Servicio de Empleo Público tiene un problema con la pirámide de edad de su plantilla. Según los datos del propio organismo, a principios de 2020, de los 7.841 trabajadores, el 63% sobrepasaba los 51 años de edad.
De ellos, 1.057 (el 13%) superaba los 61 años. Lo cual es un riesgo urgente, pues cada año se suele producir el doble de jubilaciones voluntarias frente a las forzosas, lo que denota un adelanto de la salida.
