Madrid. 
La complejidad advertida por las asociaciones de autónomos para que los trabajadores por cuenta propia accedieran al paquete de ayuda directa aprobado por el Gobierno por valor de 5.000 millones de euros más otros 2.000 millones para las regiones insulares, provocará que las comunidades autónomas deban reintegrar en las arcas del Estado el 50% del montante total previsto para la zona peninsular.
Concretamente, desde UPTA, una de las asociaciones representantes del colectivo, advierten de que serían un total de 2.500 millones de euros los que aún faltan por repartir, al margen de los 2.000 millones correspondientes a Canaria e Islas Baleares, donde sí se han repartido el 100% de las ayudas.
Andalucía a la cola del reparto de los fondos, menos del 40% de los 1.109 millones de euros, tendrá que devolver más de 600 millones de euros. Por su parte, Galicia tendrá que reintegrar unos 140 millones, Asturias 80, Cantabria 30 millones, Castilla y León alrededor de 180 millones, la Comunidad Valenciana cerca de 300, el País Vasco 150 millones y la Región de Murcia más de 100 millones. "El ritmo desigual que se ha producido en la tramitación de los 7.000 millones de euros por parte de las comunidades autónomas, ha supuesto que los porcentajes de reparto sean totalmente dispares", apuntan desde la organización.
"Es sin duda un auténtico fracaso y un ejemplo de cómo no se debe desarrollar la planificación y ejecución de los fondos que desde la UE se pondrán en liza en los próximos meses", apuntan desde UPTA en referencia a los subsiguientes repartos de financiación que llegarán por los fondos de reconstrucción de la UE.
Eduardo Abad, presidente de UPTA, apunta que "únicamente debe existir predisposición a dialogar para alcanzar acuerdos con los que de verdad conocen la realidad del autónomo, la situación actual y por la que han pasado millones de pequeños negocios". El ejemplo perfecto en la concesión de ayudas lo tenemos en la eficacia del cese de actividad, desarrollado por el Ministerio de Escrivá, o la no menos efectiva puesta en marcha de los Ertes, desarrollado por el Ministerio de Trabajo que dirige la ministra Yolanda Díaz. "No podemos permitirnos volver a repetir semejante esperpento en la concesión de las ayudas", apunta Abad.
Trabas para las solicitudes
Por su parte, el presidente de ATA, Lorenzo Amor, calificó este lunes como un "fracaso" el plan de ayudas directas a empresas y autónomos puesto en marcha por el Gobierno y advirtió de que la mayor parte de las comunidades autónomas, 15 de las 17, van a tener que devolver entre el 50% y el 60% de los fondos recibidos.
Amor denuncia que sólo se han salvado las comunidades de Canarias y Baleares, donde las condiciones especiales que se establecieron para ellas han permitido que este plan de ayudas no sea un fracaso. En el resto de comunidades, las peninsulares, estas ayudas no han funcionado porque los requisitos establecidos en la ley han obstaculizado su acceso.
Así, según Amor, "en el mejor de los casos" sólo el 20% de los autónomos han podido solicitar estas ayudas. "Esto se debe a que había que presentar gastos y hay muchas actividades de autónomos que no han trabajado, como guías turísticos, fisioterapeutas, psicólogos... Son actividades que no tienen gastos propios de la actividad", ha indicado. Estas "trabas" para acceder a las ayudas se han dado prácticamente en todas las comunidades autónomas, ha denunciado el presidente de ATA, que "espera y desea" que el Gobierno pueda lanzar una nueva línea de ayudas para compensar gran parte de las pérdidas que ha soportado el tejido empresarial durante la crisis del Covid.
