
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y los líderes demócratas en la Cámara de Representantes lograron asentar durante el fin de semana uno de los dos pilares sobre los que se asentará la agenda económica del mandatario. Con 228 votos a favor y 206 en contra, el Congreso dio su beneplácito al plan bipartidista de infraestructuras ya aprobado en el Senado a última hora del viernes. Un proyecto por un valor total aproximado de 1,2 billones de dólares y que incluye 550.000 millones de dólares en gasto a adicional para inversiones masivas en carreteras, puentes y vías navegables, entre otras disposiciones de las que también se beneficiarán múltiples compañías españolas.
Desde Iberdrola, Siemens Gamesa y Acciona Energía hasta constructoras como ACS y Ferrovial, estarían muy bien posicionadas para contar con nuevos proyectos derivados de la aprobación de Ley de Inversión en Infraestructuras y Empleo. El paquete incluye 110.000 millones de dólares para carreteras, puentes y otros grandes proyectos, además de 66.000 millones para mejoras en el transporte ferroviario, tanto de pasajeros como de mercancías y 39.000 millones para el transporte público, la mayor inversión en estos menesteres de la historia de EEUU.
Banda ancha y renovables
Además, se destinarán 65.000 millones de dólares a reforzar la infraestructura y servicios de banda ancha, una prioridad para muchos legisladores tras el azote de la pandemia, que ha puesto de manifiesto las desigualdades en el acceso a Internet de los hogares y los estudiantes de todo el país. La legislación también invertirá 55.000 millones de dólares en sistemas de agua, incluyendo esfuerzos para reemplazar las tuberías de plomo. También inyectará 7.500 millones de dólares para vehículos eléctricos y redes de carga o 25.000 millones de dólares para mejoras en los aeropuertos estadounidenses.
"Esto supondrá casi duplicar el gasto básico actual de EEUU en infraestructuras", explica Michael Zezas, estratega de Morgan Stanley, quien estima que las medidas catalizarán un "superciclo" de infraestructuras en el que se proyecta una una revalorización positiva de múltiples sectores, como el de la construcción. Desde IHS Markit, Sarah Johnson, estima que estas inversiones contribuirán a que el PIB estadounidense crezca un 4,3% el próximo año y se mantenga por encima del umbral del 2,5% hasta 2025.
Seis demócratas progresistas, entre ellos Alexandria Ocasio-Cortez y Cori Bush, votaron en contra de estas medidas que recordemos fueron aprobadas por el Senado en agosto y que ahora llegarán al Despacho Oval para recibir la rúbrica de Biden. El visto bueno por parte un número suficiente de demócratas en la Cámara de Representantes, apoyados eso sí por 13 congresistas republicanos, proporciona una necesitada victoria legislativa para el mandatario, asediado por el desplome de sus índices de aprobación y las derrotas electorales de la semana pasada, especialmente en Virginia. Glenn Youngkin se convertirá en el primer republicano en convertirse en gobernador del estado en una docena de años.
Sin embargo, la ardua tarea para la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, y el líder del senado, Chuck Schumer, todavía está por llegar. Pelosi celebró el aprobado al plan de infraestructuras pero todavía debe hilar extremadamente fino entre los miembros de su partido para lograr salvar el segundo pilar clave de la agenda de Biden: la inversión de 1,85 billones de dólares (si incluimos la partida migratoria) en programas sociales y medioambientales, el conocido como Build Back Better (Reconstruir Mejor). Inicialmente, la presidenta del Congreso quería haber votado ambos proyectos de ley al unísono. Dicho esto, al cierre de la semana pasada aún no contaba con los votos necesarios para aprobar el paquete de medidas sociales.
Los demócratas moderados no quieren enviar el proyecto de ley al Senado hasta que se publique la estimación de la Oficina Presupuestaria del Congreso sobre cuánto costará realmente el ambicioso paquete. Entre las medidas para financiarlo se incluye un impuesto mínimo sobre los beneficios de las multinacionales o incrementar los impuestos marginales a las rentas más altas. Aún así, algunos legisladores desconfían sobre estas estimaciones.
Incluso si llegase a pasar el visto bueno de la Cámara de Representantes, donde ningún republicano ofrecerá su apoyo a la oronda agenda social de gasto, los demócratas tendrán que continuar limando asperezas en el Senado. Sin respaldo alguno de la oposición, los demócratas no pueden permitirse perder el apoyo de ningún miembro de su bancada. Los senadores Joe Manchin (Virginia Occidental) y Kyrsten Sinema (Arizona) siguen postulándose como las principales dudas del proyecto de Biden.