La vicepresidenta primera y ministra de Economía, Nadia Calviño, está especialmente preocupada por la merma de la flexibilidad de las empresas que implica la reforma laboral que ha presentado la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, según señalan fuentes de los negociadores. Una reducción de la flexibilidad que se personifica en los cambios en el artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores (Modificaciones sustanciales de condiciones de trabajo) y que se ha convertido en una línea roja para los representantes de los empresarios en la mesa de negociación. Fuentes de los empresarios consideran "intocable" este artículo.
Un segundo punto que preocupa en Economía es el efecto que la reforma laboral podría suponer en el alza de los salarios, poniendo en peligro la recuperación económica tras la pandemia. Los sindicatos esperan alzas en los salarios como efecto de la reforma. Desde los empresarios muestran su temor a que junto a la reforma del artículo 41, la prevalencia del convenio sectorial sobre el de empresa incentive la subida de los salarios, especialmente si se establece alguna cortapisa a la cláusula de descuelgue. Un efecto especialmente preocupante en el entorno de Calviño dado los niveles en los que se está situando la inflación.
La reticencia de Economía ha provocado un sonado conflicto con Trabajo que arrancó el 6 de octubre cuando visitó Madrid una delegación de la Comisión Europea para conocer sobre el terreno cómo avanzan las reformas comprometidas por el Gobierno español, en especial la laboral y la de pensiones. Fuentes de los negociadores apuntan que desde la CE mostraron su preocupación a Economía por una merma de la flexibilidad del mercado laboral y que la reforma deje fuera del acuerdo a los empresarios.
El cénit se habría producido, según explican a eE fuentes de los negociadores, con un supuesto envío de un correo de Economía a varios ministerios económicos, incluido Trabajo, advirtiendo de la necesidad de rectificar ciertos aspectos de la reforma de Díaz. El departamento de Calviño se habría quejado por la falta de información y descoordinación en lo relativo a esta reforma. Desde Trabajo niegan que se haya producido tal correo y señalan que remitieron a Economía y a Moncloa los documentos que se han presentado en la mesa.
El conflicto se escenificó el jueves pasado en la participación de Nadia Calviño durante la inauguración del XII Congreso de CCOO donde la ministra habló de "un paquete laboral equilibrado" y apuntó que la negociación estaba en una fase preliminar, cuando la negociación lleva en marcha desde marzo.
Lo que causó un malestar en Trabajo. Al día siguiente la secretaria general de Unidas Podemos, Ione Belarra, acusó a Calviño de injerencia en el departamento de Yolanda Díaz y solicitó la reunión urgente de la mesa de seguimiento del acuerdo de coalición que dirime las diferencias entre las posiciones del PSOE y Unidas Podemos. El propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tuvo que salir en defensa de Nadia Calviño afeando la postura de Belarra. Sánchez aclaró que en una reforma del calado de la laboral deben participar otros ministerios dentro del seno del Gobierno que, en opinión de Sánchez, es único y no bicéfalo.
Preocupación empresarial
La pelea entre las dos facciones del Gobierno, la socialista y la podemita, ha generado perplejidad entre todos los negociadores en la mesa del mercado laboral, aunque las posiciones se escoran a favor de Yolanda Díaz en el caso de los sindicatos y de Nadia Calviño en los empresarios. Es común, sin embargo, la idea de que el Gobierno ha de hablar con una sola voz y consideran un esperpento la pelea interna.
La entrega del último documento de Trabajo, presentado el 11 de octubre y completado el 14 incluyendo las reformas de anteriores borradores, ha supuesto la gota que ha desbordado el vaso de los empresarios. Aunque, uno de los principales escollos en la negociación, la reforma del artículo 41, está sobre la mesa desde el pasado 30 de junio. Entre los cambios, se plantea que las modificaciones sustanciales de condiciones de trabajo ya no serán negociadas por comisiones ad hoc creadas dentro de la empresa, sino que la "comisión representativa de los trabajadores quedará integrada por la representación legal existente en el centro de trabajo o, en su defecto, por una comisión sindical". Es decir, que en aquellas empresas que carezcan de comité de empresa, serán los sindicatos los que negocien la modificación de condiciones sustanciales.
Pero la propuesta novedosa del pasado 11 de octubre de limitar a un 15% el empleo temporal en cada empresa ha supuesto un varapalo, según apuntan fuentes empresariales. La prevalencia de los convenios multisectoriales sobre los de empresa ha generado mayor resquemor en los últimos meses teniendo en cuenta los niveles de inflación actuales. Una subida salarial sería considerada por los empresarios como un serio problema para la recuperación económica.
