El Presupuesto llevará el déficit estructural a los 55.000 millones

Los Presupuestos Generales del Estado más expansivos de la historia, presentados la semana pasada por el Gobierno, llevarán el déficit estructural a más de 55.000 millones anuales al final de la legislatura. El déficit de las cuentas públicas españolas es ya el mayor de la Unión Europea por el impacto de la crisis del coronavirus. Sin embargo, a la Unión Europea le preocupa más el avance del déficit estructural -aquel hace referencia a los gastos fundamentales y permanentes que tiene que abordar una economía-, que es ya la mitad del total y alcanzará, según la previsiones de Bruselas, el 5,2% para el año que viene.

El saldo estructural creció 0,5 puntos porcentuales sobre el PIB con respecto el año anterior, situándose en el 4,2% del PIB en 2020. España, junto con Italia, son los países de la Unión Europea con mayor porcentaje de déficit estructural en este periodo. Sin embargo, el alza del déficit estructural italiano se debe al ambicioso plan de estímulo del Gobierno de Mario Draghi, que ha aprobado una desviación presupuestaria de 40.000 millones de euros.

Sin embargo, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) estima que el coste estructural que la pandemia habría supuesto para nuestras finanzas públicas españolas ascendería a 1 punto de PIB. Esta posición de desequilibrio de las finanzas públicas dificultará, según los analistas, el cumplimiento de los objetivos del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, una vez se desactive la cláusula general de escape, imposibilitando la actuación de una política fiscal contracíclica en un potencial periodo adverso futuro para la economía española.

a situación, dadas estas debilidades de las finanzas públicas y las amenazas del entorno sobre la viabilidad del estado de bienestar, obligará a diseñar una estrategia a corto y medio plazo de consolidación fiscal orientada a asegurar un entorno económico estable y previsible y que contemple como principales objetivos la reducción tanto del déficit estructural como de los niveles de deuda pública.

Durante los últimos meses se ha estado señalando recurrentemente la menor presión fiscal existente en España con respecto a la media de la UE, como argumento para incrementar la carga impositiva en España. Sin embargo, el indicador tradicional de presión fiscal recaudatoria no es el único indicador. El gran problema es que la presión fiscal se ve muy influida en España por la existencia de diferenciales de economía sumergida -que forma parte del PIB pero que elude sus obligaciones tributarias-, diferenciales de renta y diferenciales de desempleo. De partida, en relación con la presión fiscal ajustada por renta, se observa que el esfuerzo fiscal en España en el 2018 era un 6,6% superior al promedio de la UE. Por otra parte, para compensar el efecto de la economía sumergida, se puede usar como referencia la presión fiscal efectiva, que se define como la ratio entre la recaudación tributaria y el PIB de un país sin tener en cuenta el peso de la economía sumergida. En este sentido, la presión fiscal efectiva de España es muy similar a la de la media de la Unión Europea, el 44,5% y el 45% respectivamente del PIB ajustado.

Menos para la deuda

La partida destinada al pago de los intereses de la deuda caerá a los 30.223 millones de euros el próximo año, lo que supone un descenso del 4,7% respecto a este año, debido a la esperada reducción de la deuda (hasta el 115% del PIB) y del déficit (5% del PIB) para 2022.

El Ejecutivo contará por tercer año consecutivo con la suspensión de las reglas fiscales que la Comisión Europea mantiene con el fin de permitir a los Gobiernos de loes Estados miembro un mayor gasto público con el que hacer frente a la crisis sanitaria y económica causadas por la pandemia de Covid-19 e impulsar la recuperación.

Pese a esta suspensión de las reglas fiscales, la titular de Hacienda resaltó el "compromiso" del Gobierno con la sostenibilidad de las cuentas públicas, señalando la reducción que se estima acometer tanto en el déficit como en la deuda pública, que prevé cerrar 2021 en el 119,5% del PIB y que baje al 115,1% en 2022.

De esta manera, la medida permite que, en el caso de España, se haya pasado de un déficit del 2,8% del PIB con el que se cerró 2019, antes del inicio de la pandemia, a uno cercano al 11% en 2020 y una previsión de cerrar 2021 en el 8,4%. De cara a 2022, la previsión es que el déficit público baje al 5%.