El malestar entre los legisladores demócratas que controlan la Cámara de Representantes dejó contra las cuerdas a la presidenta del Congreso, Nancy Pelosi. El jueves por la tarde, Pelosi todavía planeaba seguir adelante con la votación sobre el proyecto de ley bipartidista de infraestructuras por valor de 1,2 billones de dólares que los progresistas tenían previsto hundir a menos que se aprobara conjuntamente con el plan de reconciliación de presupuesto de 3,5 billones de dólares.
"Hasta ahora, todo va bien", señaló Pelosi durante una conferencia de prensa tras una reunión con su equipo de liderazgo, donde aclaró que estaba "en camino de ganar la votación". No obstante, al escribir esta crónica, no estaba claro que la presidenta de la Cámara contase con el apoyo necesario.
Revolución partidista
Según la portavoz adjunta Katherine Clark, incluso si el proyecto de ley no se aprobase el jueves, el impacto será limitado. Sin embargo, en caso de no lograr el respaldo o retrasarse, la financiación de las autopistas (una parte del paquete global) expirará este viernes.
El presidente del Comité de Transporte de la Cámara de Representantes, Peter DeFazio, sugirió que podría aprobarse una prórroga a corto plazo, que probablemente contaría con apoyo bipartidista. La fecha de finalización de esta prórroga (quizás a finales de diciembre) podría convertirse entonces en un nuevo plazo suave para revalidar el paquete de infraestructuras.
Algunos demócratas quieren que el proyecto de reconciliación, que incluye el gasto adicional de 3,5 billones de dólares que se financiarían con subidas de impuestos, avance como condición para apoyar el proyecto de ley de infraestructuras en la Cámara de Representantes, estrechamente dividida. Aunque 19 republicanos del Senado apoyaron el proyecto de ley de infraestructuras y se espera que al menos siete en la Cámara de Representantes también lo hagan, no está claro si habrá suficiente apoyo dentro de la oposición para compensar la deserción de los demócratas más progresistas. En el Senado, donde los demócratas no pueden permitirse perder ningún escaño, miembros del partido, como Joe Manchin, han tachado el gasto social de 3,5 billones propuesto por la Administración Biden como una "definición de locura fiscal" cuando el gobierno federal "ni siquiera puede costear programas sociales esenciales, como la Seguridad Social".
Los demócratas progresistas insisten en que necesitan más claridad por parte de senadores demócratas moderados, como Manchin y Kyrsten Sinema, sobre lo que están dispuestos a negociar dentro del plan de reconciliación. Dicho esto ambos son reacios a mostrar sus cartas antes de que se apruebe el proyecto de ley de infraestructuras.
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