Madrid
La representación legal del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont solicitó al Tribunal de Apelación de Sassari (Italia) que se aplazase su declaración hasta hoy sábado con el objetivo de poder preparar la misma, cosa a la que los magistrados accedieron, dejando en libertad al actual eurodiputado, citándole a declarar el próximmo 4 de octubre y sin prohbiición de que abandone la isla de Cerdeña.
En paralelo, el juez instructor de la causa del procés en el Tribunal Supremo, Pablo Llarena, remitía a ese tribunal italiano la orden de detención europea que pesa contra el expresidente de la Generalitat.
El Tribunal italiano considera que sigue gozando de la inmunidad como europarlamentario y por lo tanto debe prevalecer su derecho a viajar libremente para participar en reuniones del Parlamento Europeo.
En el oficio, se indica que esa orden de detención está "actualmente en vigor y pendiente de la captura de los procesados en situación de rebeldía. Además, se acompaña la Cuestión Prejudicial planteada en su día ante el TJUE, "cuya tramitación no modifica la situación en que se encuentra actualmente el procedimiento, sin perjuicio de que deba acomodarse en su día a la interpretación que del derecho europeo, y sobre las estrictas cuestiones suscitadas, realice el TJUE", añade el juez Llarena.
Segín la Decisión Marco del Consejo de la Unión Europea, que regula la aplicación de la euroorden entre sus Estados miembros, la Justicia italiana tiene 60 días desde la fecha de la detención para decidir si la aplica, pero si Puigdemont acepta ser entregado, ese margen se reduce a 10 días. El plazo máximo, una vez que se tome la decisión, para ejecutar la euroorden es de 10 días desde que se tome la decisión definitiva de ejecutarla por los jueces.
Puigdemont, además, puede solicitar de nuevo medidas cautelares al TJUE para tratar de recuperar su inmunidad como eurodiputado y detener el curso de su extradición a España. Cabe recordar que el expresidente catalán recurrió el pasado mayo a la Justicia europea la decisión del Parlamento Europeo de suspender su protección parlamentaria para que pudiera ser juzgado en España y el Tribunal europeo está aún examinando el recurso, aunque en julio le negó las medidas cautelares que solicitó para recuperar la inmunidad parlamentaria mientras se resolvía el caso.
En el auto con el que negó las cautelares, los magistrados del TJUE, determinaron que esta decisión se limitaba a las medidas temporales y que Puigdemont podría interponer una nueva demanda si su detención durante un viaje como eurodiputado fuese probable. El auto se refería, en concreto, al caso de que fuera detenido o se llevara a cabo alguna actuación dirigida a entregarlo a las autoridades españolas, como ahora sucede.
Esta situación se mantiene activa porque el TJUE aún debe decidir sobre el recurso de Puigdemont sobre la decisión del Parlamento Europeo de suspender su protección parlamentaria para que pudiera ser juzgado en España.
Esta es la segunda ocasión en la que Carles Puigdemont es detenido en un país europeo, la anterior fue en Alemania en 2018. El Tribunal Regional Superior de Schleswig-Holstein dictó su libertad bajo fianza de 75.000 euros e indicó que la extradición era posible en base al delito de malversación, pero no al de rebelión, por lo que la Justicia española decidió esperar a una nueva detención en otro país.
